Reunimos nuestro pesimismo ambientalista con las nuevas de la semana que termina. Oficialmente llegó el Fenómeno del Niño, después de venir hablando de él durante varias semanas. Su llegada es declarada por una especie de “juez de largada”, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Concretamente se dice que El Niño comienza cuando las agencias meteorológicas encargadas “detectan un aumento anómalo y sostenido de la temperatura superficial del mar por encima de los valores históricos, acompañado de alteraciones en los vientos alisios y la presión atmosférica” en el Pacífico tropical o ecuatorial. Si hay calentamiento continuo del agua durante varios meses, y el calor del océano debilita los vientos alisios que empujan el agua caliente hacia el oeste, entonces se confirma que inició.
Según el IDEAM se esperaba la llegada de este fenómeno para dentro de tres meses, y se habla de una alta probabilidad de que se fortalezca durante el segundo semestre del año y que dure hasta inicios del 2027. Es de recordar el anterior fenómeno de El Niño que tuvimos fue entre mediados del 2023 y mediados del 2024, y que luego de unos meses llegó La Niña (como para equidad de género).
Entonces, ahora se prevé que disminuyan las lluvias sobre todo en nuestras zonas Caribe, Andina y Pacífica: o sea el medio país más habitado. Según el Ministerio de Ambiente, aumentará la temperatura (ya lo venimos notando), con las implicaciones que ello trae en reducción de caudales de arroyos y ríos, baja en niveles de los embalses, y afectaciones al abastecimiento de agua. Además se incrementa la posibilidad de incendios forestales y se podría deterior la calidad del aire.
Al leer las recomendaciones y el listado de acciones que se deberían desplegar en los ámbitos gubernamentales y de la sociedad en general ante este fenómeno, uno sabe que no va a ser posible implantarlas, o que no funcionarán ni la mitad de ellas. Para que funcionaran se requiere un Estado organizado, bien financiado, con estrategias e implementos disponibles, además de una sociedad disciplinada y con una cultura más consciente de sus formas de afectación del ambiente. Veámoslas en resumen.
Se plantea que se deberían difundir boletines hidrometeorológicos, publicar cartografía de amenazas por incendios, inundaciones y avenidas torrenciales, y promover estrategias de comunicación del riesgo con la comunidad. (Hasta aquí, no fácil pero probable). Más concretamente, se deberá hacer una gestión integral del recurso hídrico: monitorear las concesiones de agua y actualizar el Registro de Usuarios, priorizar el abastecimiento humano y los usos agrícolas sobre la explotación industrial. Aparecen así asuntos más complicados y la tan temida posibilidad “de implementar medidas de uso eficiente y ahorro de agua”: o sea racionamientos.
Con relación a los incendios forestales, se deberá prevenirlos y atenderlos; para lo cual se requiere de sistemas de alerta temprana y planes de respuesta rápida, prohibir quemas abiertas, “fortalecer el monitoreo satelital y apoyar a los cuerpos de bomberos y brigadas forestales comunitarias”. Es decir, otro país —o este país después de muchos años de entrenamientos y dotación de los cuerpos de bomberos y similares.
Además se deberían promover las tecnologías limpias, energías renovables y aprovechamiento de aguas lluvia. Y claro, se retoma la preocupación por el ordenamiento territorial, reconociendo que estos fenómenos no nos afectarían tanto si no ocupáramos ciertos territorios de obvio riesgo. Igualmente, se recomienda “conservar y restaurar los ecosistemas naturales que regulan el clima y proveen servicios ecosistémicos”. O sea, un nuevo país.
En cuanto a las zonas marino-costeras, se planea toda una estrategia frente a las comunidades más expuestas y atender “el posible florecimiento de algas, mortandad de peces, erosión costera, blanqueamiento coralino y ascenso del nivel del mar”. Es decir, lo que hoy tenemos descuidado, poco estudiado y menos intervenido.
Otro casi-lujo que se recomienda es: “coordinar el rescate, atención y translocación de fauna afectada por incendios y estrés climático, e implementar campañas para prevenir la caza y el tráfico ilegal de especies vulneradas por el fenómeno”. Nunca lo hemos podido hacer eficientemente, menos lo haremos este año. Adicionalmente, se propone “garantizar la operación continua de los Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire para comunicar oportunamente a la población”, y “evaluar la restricción de actividades industriales contaminantes, permisos de carbón vegetal e incineradores”: estrategias y mecanismos poco probables de implantar en el corto plazo.
Y en el siguiente párrafo se puede leer el summum de todo un plan de formación ambientalista: “a través de estrategias pedagógicas que incorporen saberes locales de las comunidades y pueblos étnicos, se busca promover jornadas, foros y acciones permanentes que fortalezcan el cuidado colectivo de los ecosistemas y la preparación ciudadana frente a los efectos de la variabilidad climática”. A esto le agregan una ideal “coordinación institucional” que casi nunca logramos tener cuando hay crisis o emergencias. Eso sí, hacia el final de las recomendaciones se encuentra algo más específico: se le pide a la comunidad ahorrar agua y energía y evitar la exposición solar prolongada.
Se acabó esto: El Congreso de la República termina su período en una semana (el 20 de junio); es decir que solo le restan unas cuatro sesiones plenarias a cada cámara y ya no se aprobarán legislaciones de trascendencia. Sí han salido adelante en estos últimos días leyes interesantes, como la de la energía nuclear y la del Régimen Sancionatorio Aduanero, que tenía una semana más como plazo límite fijado por la Corte Constitucional para su expedición. También se legisló prohibiendo la ablación de los genitales femeninos (léase clítoris) que practican algunos grupos indígenas: asunto socialmente sensible. Por lo demás, probablemente se avance en la aprobación de medidas para la conservación del bocachico, la declaración de la Seguridad energética como derecho colectivo, o la regulación sobre la tenencia de terrenos dentro de la frontera agrícola por parte de extranjeros. Es decir, ya no se aprobará nada de gran relevancia para el sistema político y social; menos las reformas grandes que impulsó el gobierno Petro, en particular la del sistema de salud. Se debería votar la propuesta de Jurisdicción agraria -que tiene mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno-, pero no ha logrado quorum en la votación de impedimentos, y parece que no se aprobará en esta legislatura. Igual de enredado está el otro proyecto que tenía plazo fijo: el de la posibilidad de volver a crear el Ministerio de la igualdad.
Así que… empezó el Mundial de futbol de selecciones “absolutas” (esta semana me enseñaron que se les dice así a las selecciones de los países, que incluyen jugadores de cualquier edad), y lo fundamental seguirá más o menos lo mismo. De la mano de El Niño y un balón de fútbol entramos en la semana decisiva para la elección de presidente, sabiendo que quien gane tendrá una oposición fuerte, recibirá un estado desfinanciado y deberá resolver el grave problema del sistema de salud, mientras los grupos armados seguirán siendo un asunto sin resolver.
