Los giros de la campaña
En los últimos días de noviembre de 2025, Iván Cepeda me llamó por teléfono. Me habló de la encuesta que acababa de publicar Invamer Gallup, donde él aparecía con el 31,9 % de intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella marcaba 18,2 %, 13 puntos porcentuales por debajo. Quería oír mi opinión sobre la certeza de esos números, pues dudaba un poco. Se veía muy arriba para el escaso tiempo que llevaba en campaña y lo cerca que aún estaba su postulación a la Presidencia por parte del Pacto Histórico.
Así es Iván Cepeda. No se deja impresionar fácilmente. No se las cree. No tiene ese soplo de caudillo que se deja marear por datos a su favor. Siempre tiene un atisbo de escepticismo. Quizás es porque nunca la ha tenido fácil y su vida ha sido dura. Muchas veces se ha visto obligado a enfrentar la adversidad. Muchas veces se le ha ido el éxito de las manos. En una ocasión distinta me habría invitado a almorzar, como tantas veces, para hablar largo de nuestras vidas, pero ahora tiene las horas medidas y está en el auspicioso arranque de su campaña, empezando un intenso trajín electoral, haciéndose a la idea de que tiene en sus manos una posibilidad cierta de llegar a la Presidencia y honrar la memoria de su madre, Yira Castro, y la de su padre, Manuel Cepeda Vargas, dos líderes emblemáticos de una izquierda que hasta hace poco era angustiosamente marginal en la política colombiana.
Entramos en materia. La suerte lo acompaña en este 2025, le dije. La consulta del Pacto Histórico, que lo escogió como candidato a la Presidencia, logró movilizar a 2.700.000 votantes en una fecha en la que no hubo más consultas y no había mayores alicientes para salir a votar. Tanto así, que en la ronda de preguntas que hice para la elaboración de mis columnas de opinión sobre ese evento, ninguno de los líderes del Pacto daba una cifra por arriba del millón y medio de votos. Luego de ese 26 de octubre, la opinión a su favor se disparó.
A principios de noviembre, la encuesta de Cifras y Conceptos le dio un 13 % de la intención de voto; la del Centro Nacional de Consultoría (CNC), de mediados del mes, lo subió al 22 %, y la de Invamer Gallup, publicada al final de noviembre, lo puso a rozar el 32 %.
El contrincante del momento, el abogado Abelardo de la Espriella, que había aparecido con mucha antelación en la campaña y estaba gastando dinero a manos llenas en la activación de las redes sociales y en eventos para demostrar fuerza, subía, pero de manera más lenta en ese noviembre tan virtuoso para las aspiraciones de Iván Cepeda. También, candidatos del centro, como Claudia López y Sergio Fajardo, que habían marcado muy bien en las encuestas hasta mediados del año, se estaban rezagando en ese momento.
El giro que dio la campaña electoral en octubre y noviembre de 2025 fue una sorpresa para la izquierda y para el propio presidente Gustavo Petro. A finales de 2024 y a lo largo de 2025, las cosas no pintaban bien. El propio presidente de la República, tan seguro de sí mismo, tan optimista en otras oportunidades, había prendido las alarmas en un consejo de ministros a principios de febrero. Había dicho, no sin dramatismo, que un candidato de la izquierda tendría muy poco chance de ganar en 2026 y que los progresistas debían aprestarse a escoger un candidato de centro para competirle a la derecha. En ese momento las encuestas perfilaban una segunda vuelta entre Claudia López y Vicky Dávila.
La situación se tornó aún más desfavorable para la izquierda el 7 de junio, cuando se produjo el grave atentado contra Miguel Uribe Turbay —el candidato con más opción del Centro Democrático—, en el barrio Modelia de Bogotá, donde realizaba un mitin de su muy activa campaña electoral.
Los fantasmas del pasado empezaron a deambular por la ciudad y por el país. Los medios recordaban los días en que Pablo Escobar y los carteles del narcotráfico, asociados con élites políticas, desataron el terror en las calles de las grandes ciudades. Aparecían las imágenes de horror de las incursiones guerrilleras. Se traía a cuento el dominio que los paramilitares ejercieron en las barriadas urbanas. El debate sobre seguridad volvió con todo su furor. La culpa, por supuesto, se le atribuía al Gobierno de Gustavo Petro y a su política de paz total.
La Fundación Santa Fe, en el norte de la capital, donde Miguel Uribe Turbay se debatía entre la vida y la muerte, se convirtió en el principal escenario político del país. Allí, la esposa del senador, María Claudia Tarazona, sus hijos y su padre hacían llamados a la solidaridad y le adelantaban también un juicio de responsabilidades al Gobierno, con gran eco en la opinión nacional y en amplios sectores políticos.
Iván Cepeda, en su condición de senador, era uno de los blancos de ataque, dado su compromiso con la política de la paz total y su participación en la mesa de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Gobierno y el propio Cepeda condenaban el criminal ataque y le pedían a diario a la Fiscalía General de la Nación que acelerara las investigaciones con el fin de despejar dudas sobre las responsabilidades de la izquierda en tamaña atrocidad.
La captura en flagrancia de un menor de edad que ejecutó el atentado y la posterior detención de algunos implicados, todos vinculados a la delincuencia común, dejaron en el ambiente una serie de interrogantes: ¿quién en realidad estuvo detrás de esta acción?, ¿a quién le interesaba? La Fiscalía dedicó ingentes esfuerzos para llegar a los autores intelectuales del atentado. Con celo protegió a los autores materiales para que no fueran asesinados y, mediante pesquisas e interrogatorios, llegó hasta la línea de atrás, hasta quienes habían proporcionado la logística y organizado la acción, algunos de ellos vinculados con disidencias de las extintas FARC; pero al momento de escribir estas líneas la Fiscalía afirma que aún falta mucho para llegar al fondo de la investigación y para descubrir a los autores intelectuales de este crimen. El hecho más relevante en la investigación es la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, quien dijo que la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc ordenó y pagó el asesinato del senador y precandidato presidencial. Las órdenes de captura contra los líderes de ese grupo fueron inmediatas, entre ellos Iván Márquez.
Lo cierto es que, recién ocurridos los hechos, la familia y la oposición siguieron insistiendo en que era un crimen de odio instigado desde la izquierda y el Gobierno. Estas acusaciones y esta utilización política del crimen tuvieron su punto culmen en el momento del desenlace fatal, el 11 de agosto, cuando Miguel Uribe Turbay falleció.
La familia, el expresidente Uribe y el Centro Democrático impidieron que el presidente Gustavo Petro asistiera a las exequias y al entierro del líder político asesinado. En medio de la velación, el padre de Miguel Uribe Turbay, el exsenador Miguel Uribe Londoño, le entregó las banderas de su hijo al expresidente Uribe y se metió de lleno en la campaña electoral, logrando que le permitieran competir por la candidatura presidencial del Centro Democrático. El ambiente de esos dos meses favoreció claramente a las derechas del país. La polarización se exacerbó.
Pero el Gobierno de Petro y la izquierda no permitieron que la seguridad y el enfrentamiento al terrorismo fueran de nuevo la única o la principal preocupación del país. Lograron mantener la atención sobre las reformas sociales. Convirtieron el Congreso en el escenario paralelo a la Clínica Santa Fe. Allí se debatían ardorosamente las reformas laboral y pensional. Era una batalla en la que la oposición apuntaba a hundir estas iniciativas para que la izquierda llegara con las manos vacías a la disputa electoral de 2026.
El caso de la reforma laboral fue dramático. Hubo un momento en el que, por una estrecha mayoría, el Senado hundió la iniciativa. El Gobierno, entonces, amenazó con la convocatoria de una consulta popular y llamó a la movilización de los trabajadores. En medio del forcejeo, se encontró la manera legal de retomar la discusión y buscar acuerdos que permitieran aprobar por mayorías un texto de reforma que restituía garantías y beneficios laborales que les habían sido arrebatados a los trabajadores. También salieron adelante algunas transformaciones pensionales, que pasaron a revisión de la Corte.
El debate salarial
Hacia finales del 2025 se confirmó que faltaba aún otra tensa disputa del Gobierno con la derecha y el empresariado. Se trataba de la concertación sobre el salario mínimo. En una decisión que no tenía antecedentes en el país, en diciembre Petro elevó la mesada en 23,7 %. De inmediato sonaron todas las alarmas. Los empresarios gritaron a voz en cuello que la decisión traería un gran incremento del desempleo, los analistas económicos anunciaron que se dispararía la inflación y los líderes políticos de la derecha plantearon que se trataba de una irresponsable medida populista de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales.
La historia con el salario fue así. Una vez sentados a la mesa de concertación empresarios y trabajadores, el Gobierno, por medio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, propuso que oyeran primero a un experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que daría a conocer las consideraciones de este organismo sobre el salario mínimo vital, un concepto que rige en muchas partes del mundo. En la sesión, las partes se dieron cuenta de la gran distancia que había entre el salario mínimo colombiano y la recomendación internacional del salario mínimo vital.
Esto implicó que los trabajadores, que habían llevado como propuesta un alza del 13 %, empezaran a hablar del 16 % como punto de partida para la negociación. En cambio, los empresarios, que habían llevado la idea del 7,2 %, se mantuvieron en esa cifra.
Después de una ronda de discusiones, el ministro decidió convocar por separado a las partes y preguntarles por la disposición a moverse. Ambos lados dijeron que lo iban a intentar. Incluso, los líderes sindicales señalaron que podían volver al 13 %, que era su propuesta inicial. Pero ocurrió que, al llegar nuevamente a la sesión conjunta, una parte de los representantes de los empresarios declaró que no podía moverse del 7,2 %. Así se rompió la concertación.
La decisión quedó en manos del presidente Petro, quien hizo algo que nunca se esperaron los empresarios: le pegó una escalada al salario mínimo colombiano para acercarlo al concepto de salario mínimo vital. Para tomar esta medida, se apoyó, además, en las alzas que se le han hecho al salario en Brasil y México en los últimos años, sin que esto haya afectado el crecimiento económico de esos países. Pero, sin duda, también quiso cobrarles a los empresarios la incapacidad que mostraron para intentar llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales.
La historia no terminó allí. El Consejo de Estado, ante demanda interpuesta por particulares, metió la mano y el 13 de febrero suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo vital para 2026. La Sección Segunda determinó que la medida cautelar era necesaria mientras estudiaba de fondo la demanda contra el acto que estableció el aumento del 23,7 %. Además, le ordenó al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto transitorio.
El presidente Petro le respondió al Consejo de Estado en una alocución presidencial el domingo 15 de febrero en la noche, y en ella convocó a los empresarios y a los sindicatos a una nueva jornada de concertación para sacar de ese proceso el decreto transitorio; entre tanto, anunció que se mantenía vigente el decreto inicial y, en consecuencia, los trabajadores podían seguir cobrando los 2.000.0000 de pesos como monto de su salario vital. En ese espacio aprovechó también para convocar una movilización social en defensa de las transformaciones laborales, que, en efecto, se cumplió el 19 de febrero.
El Consejo de Estado pensó que su decisión tendría un gran respaldo entre los partidos y los empresarios, pero eso no ocurrió. La mayoría de los candidatos presidenciales, incluidos los de derecha, se pronunciaron a favor de que continuara el salario mínimo vital decretado. Los empresarios ya habían empezado a tomar medidas para cumplir con el alza, y en la reunión de concertación la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), esta se pronunció a favor de mantener el ajuste decretado.
Por otro lado, el Gobierno mostró que los impactos económicos no eran mayores en el primer mes de vigencia: la inflación subió en un 0,25 % y, al decir del presidente, fue un alza por factores distintos al ajuste salarial. Tampoco se registraban cambios en el empleo y, al momento de escribir estas líneas, los indicadores no muestran afectaciones por el alza. De manera que la suspensión temporal del decreto tuvo el efecto de avivar la discusión, volver a caldear el ambiente y causar un impacto en la campaña electoral.
El jueves 19 de febrero, cuando empezaba la noche, Petro se presentó en la Plaza de Bolívar, ante una multitud que había agitado durante toda la tarde la consigna “ni un peso atrás”. Allí el presidente levantó en su mano una copia del nuevo decreto que le había exigido el Consejo de Estado, en el que se fijó la misma cifra de la primera decisión: ni un peso menos, ni peso más, 23,7 % de incremento de salario mínimo vital. Esta vez, la disposición traía nuevos respaldos del texto constitucional y con ese decreto quedó cerrado, de momento, el debate salarial que se había metido en la campaña, con evidentes resultados a favor del Gobierno.
Estados Unidos entra en la conversación
De regreso a septiembre de 2025, los dolores y las tensiones generadas por el asesinato de Miguel Uribe Turbay se habían reducido y en el horizonte asomaba una nueva confrontación no menor. En ese momento ya era un hecho que las disputas con Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos, después de un intenso año, estaban pasando de castaño a oscuro.
Para entender el origen de la crisis, hay que regresar varios meses en el tiempo. En la madrugada del domingo 26 de enero de 2025, Gustavo Petro rechazó, a través de varios mensajes en su cuenta de la red X, que dos aviones militares de Estados Unidos, repletos de colombianos deportados, aterrizaran en Colombia. Estas personas habían sido encadenadas y humilladas. Se trataba de migrantes que habían llegado al suelo del país del norte tras el llamado “sueño americano” y ahora Donald Trump los estaba devolviendo como vulgares delincuentes, en cumplimiento de su agresiva política antimigratoria, en la que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) han sido objeto de no pocas acusaciones por exceso de fuerza y atropellos a los derechos humanos. Tras el mensaje de Petro reclamando dignidad para los compatriotas, Trump amenazó con imponer aranceles del 25 % a las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Dijo, también, que estos aranceles podían escalar hasta el 50 %. La derecha colombiana puso el grito en el cielo y acusó a Petro de jugar con la economía y de llevar al país al despeñadero. Petro no se arredró y señaló que estos tratos injustos y colonialistas no se podían tolerar, so pena de mancillar la dignidad del país. No agachó la cabeza, como se lo pedía la oposición. Las críticas por manejar las relaciones internacionales del país por medio de su cuenta de X tampoco lo afectaron.
Esta primera tensión se solucionó cuando el Gobierno colombiano aceptó los vuelos en condiciones de respeto a los migrantes, y marcó el camino de lo que serían las relaciones con Estados Unidos: una sucesión de confrontaciones y negociaciones. Quizás, en ese primer pulso, Petro supo que, con Trump, no se podía negociar con la cabeza gacha.
Semanas después, Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, intensificaron su campaña contra el régimen de Nicolás Maduro, acusando al cuestionado mandatario de comandar una oscura organización de narcotraficantes llamada Cartel de los Soles. Con ese expediente desplegaron una gran fuerza militar en el Caribe, compuesta por buques de guerra, aviones de combate y unos 4.000 marines. Las tropas gringas se dieron a la tarea de atacar embarcaciones en alta mar de las que presumían que transportaban cargamentos de cocaína. La temeraria campaña dejó 115 civiles ejecutados sin fórmula de juicio. De contera, Trump y Rubio empezaron también a vincular al presidente Gustavo Petro con el tráfico de drogas.
Petro rechazó airadamente las acusaciones calificándolas como graves calumnias; dijo que se defendería ante la justicia estadounidense y calificó las acciones en el Caribe como abiertamente contrarias el derecho internacional. Señaló también que las bajas eran, en realidad, una cadena de “genocidios y asesinatos del poder”.
La disputa verbal entre Donald Trump y Gustavo Petro fue escalando hasta que, el 23 de octubre, Estados Unidos vinculó a Petro, a su ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la primera dama, Verónica Alcocer, a la llamada Lista Clinton, o registro OFAC, del Departamento del Tesoro.
Ocurrió en la antesala de la consulta del Pacto Histórico, y Petro convocó inmediatamente a sus seguidores a la Plaza de Bolívar y a otras plazas del país para manifestarse en contra de las decisiones de Washington, pero también para animar la participación de votantes en la consulta.
La presencia en las calles de los manifestantes y la masiva votación en la consulta fueron señales inequívocas de que una parte importante de la población apreciaba el compromiso reformista de la izquierda y su postura nacionalista frente a las presiones de Donald Trump y Marco Rubio.
La escalada de agresiones y amenazas tuvo su gran broche el 3 de enero, cuando Donald Trump —en medio de la rueda de prensa en la que daba cuenta de la captura ilegal del cuestionado y deplorable mandatario de los venezolanos, Nicolás Maduro— dijo, con la mayor desfachatez, que “Petro debía cuidarse el culo”, porque estaría próximo al destino de Maduro. En ese momento, Petro recurrió nuevamente a las manifestaciones públicas, pero, al mismo tiempo —y en secreto—, intensificó las gestiones diplomáticas en busca de una reunión con Donald Trump. El 7 de enero ocurrió una escena de antología: la Plaza de Bolívar hervía de asistentes para la marcha convocada por Petro. Pero, en ese preciso momento en que Petro iba a salir a arengar ante gente de todos los barrios de la capital del país, la gestión diplomática tuvo efecto y se produjo una llamada entre los dos mandatarios.
Eso ya era un hecho superlativo, pero la conclusión tras la llamada dejó sin aliento a los sectores de oposición: se concretó una invitación a un encuentro en la Casa Blanca, citado para el 3 de febrero siguiente. Y para rematar, poco después de la conversación, el presidente de Estados Unidos publicó en su red Truth Social que había sido un gran honor conversar con el presidente de Colombia.
Hubo, claro está, diplomacia de por medio; también movilizaciones sociales. Hubo —seguramente— un proceso de reflexiones en la cúpula del Gobierno de Donald Trump y comprendieron que la realidad colombiana era muy distinta de la de Venezuela, y que en Colombia estaba al mando un gobierno legítimo, elegido en comicios transparentes, como finalmente lo reconoció Marco Rubio el 28 de enero en una intervención en el Congreso de Estados Unidos. Pero también hubo un azar, una suerte enorme de Gustavo Petro, y eso es algo que es imposible de calcular.
Lo más inesperado es que la llamada entre presidentes ocurrió exactamente en el momento en el que Petro decidió ir a la Plaza de Bolívar a plantearle un nuevo reto a Donald Trump, en respuesta a lo que le había dicho: “Que se cuide el culo, que le va a ocurrir lo mismo que a Maduro”.
Todos los astros se alinearon para que —minutos antes de que Petro saliera y pronunciara lo que sería un discurso ardoroso— Donald Trump y Gustavo Petro conversaran durante más de una hora, y decidieran bajar las espuelas y empezar un acercamiento. Entonces, Petro apareció en la Plaza de Bolívar no para responder la amenaza que había recibido, sino para anunciar el giro en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Eso tiene un solo nombre: ¡suerte!
Así cerró enero de 2026 para el Gobierno de Gustavo Petro y para la izquierda colombiana, con una negociación en curso con el Gobierno de Donald Trump y con unas medidas sociales que despiertan un gran resquemor en el empresariado y en la derecha, pero suscitan también esperanzas en los sectores directamente favorecidos por el alza de salarios, la reforma laboral y los ajustes pensionales.
Nada mal para un gobierno que, un año atrás, precisamente a inicios de febrero, había realizado un aparatoso consejo de ministros a latigazo limpio, y para una izquierda que para ese mismo momento tenía pocas opciones en el debate electoral.
Encuentro en la Casa Blanca
Llegó el 3 de febrero de 2026 y el presidente colombiano arribó a Washington, dispuesto a recomponer una relación bilateral que durante décadas ha sido intensa, pero también profundamente asimétrica.
No se improvisó nada en esa visita. Detrás del encuentro había un trabajo de hormiga, silencioso e incansable, encabezado por el embajador colombiano en ese país, Daniel García-Peña, diplomático experto y conocedor fino de la sociedad norteamericana, que logró poner sobre la mesa puntos clave en una agenda Bogotá-Washington que muchos daban por clausurada. Se cuidaron los tiempos, los gestos y también aquello que podía tensar el ambiente. La diplomacia, cuando funciona, se nota en los detalles.
Le salió mejor a Gustavo Petro plantarle cara a Donald Trump que a la derecha colombiana su estrategia de frecuentes viajes a Estados Unidos a promover amenazas y acciones contra el Gobierno de Petro y contra Colombia. Así fue como pudimos ver que Uribe y la derecha no habían entendido nada de las personalidades de Trump y Petro, y a eso se deben sus equivocaciones. Los símbolos hablaron con claridad: el regalo para Melania Trump, un atuendo diseñado por Flor Imbacuá, alta costura del departamento de Nariño que no le envidia nada a las pasarelas de Milán o Nueva York. Las canastas de productos colombianos que incluyeron mensajes escritos por familias que dejaron la coca para producir café o cacao, equilibrando el talante de mano dura que ya había puesto sobre la mesa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante su viaje previo.
En pocos gestos se condensaron 200 años de relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que, durante buena parte de su historia, ha sido administrada y manipulada por élites políticas y económicas del país.
La reunión transcurrió de manera cordial y ambos presidentes se mostraron firmes. Fue una comprobación de que, entre las muchas complejidades de Trump, está su particular criterio para decidir a quién le concede atención. No le gustan los hombres débiles. Petro y Trump se habían insultado y amenazado, pero ambos tenían algo que el otro necesitaba. Trump enfrentaba una caída acelerada de popularidad:
la dura persecución a los migrantes y los desmanes del ICE desataron una ola de protestas en varios Estados. En esos días, enfrentaba también un cierre presupuestal en el Congreso y registraba niveles de aprobación atípicamente bajos.
Petro, por su parte, entraba a los últimos siete meses de su mandato, tiempo en el que ya no hay ningún espacio o posibilidad de concertación con otros sectores políticos o del empresariado, con encuestas que sugerían que era posible la continuidad de su proyecto político y con un escenario regional y electoral que exige estabilidad externa.
En Estados Unidos, el voto latino ya para ese momento se estaba desplazando y el Partido Republicano ya había notado que podía resentir algunas de las decisiones de Trump en el Congreso.
Petro era consciente, además, de la enorme capacidad de incidencia de Estados Unidos en la política latinoamericana.
Trump no ocultaba esa realidad; por el contrario, la enunciaba con crudeza.
Una interferencia abierta de Estados Unidos en las elecciones colombianas sería incómoda y profundamente inconveniente para unos comicios que ya se desarrollaban en un clima caldeado, marcado por hechos graves, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y por una violencia política persistente que, como hemos mostrado desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sigue presentando cifras preocupantes. Petro también necesitaba recomponer la cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos. La requería para sostener la arremetida del Estado en territorios como el Catatumbo y el Cauca y para mostrarse fuerte en las mesas con el Clan del Golfo y otros grupos armados. Colombia sigue siendo, quizá, el país más dependiente militarmente de Washington en la región.
También es cierto que una colaboración podía ayudar a intensificar la persecución a los narcotraficantes y a las organizaciones ilegales, incluido el ELN. En esta línea, merecía una atención especial la frontera entre Venezuela y Colombia, y también la posibilidad de contribuir a estabilizar la situación en Venezuela en su tránsito hacia una verdadera apertura democrática.
Del lado del Gobierno colombiano tampoco convenían sacudidas mayores a la economía —con esa sombra de los aranceles que Trump sí que ha cumplido con algunos países—, un frente en el que la administración Petro ha sacado, hasta el momento, una nota aceptable.
Todo ese panorama influyó para que los dos mandatarios obviaran las diferencias, que no son pocas, y buscaran acuerdos concretos.
Durante todo el proceso de la relación Colombia-Estados Unidos a inicios de 2026, Iván Cepeda hizo público su apoyo al presidente Petro y a su Gobierno, insistiendo, una y otra vez, en defender la soberanía nacional. Igualmente señaló que a Venezuela le asistía el derecho de resolver, sin intervención extranjera, sus graves problemas sociales y políticos y sus agudas disputas internas. Regresaremos en las páginas finales al tema de las relaciones con Estados Unidos, porque será uno de los retos para el próximo presidente.
Cepeda se pregunta: ¿y por qué no?
El caso es que, contrario a lo que pensaban muchos analistas —y la propia oposición—, el esfuerzo que hizo Gustavo Petro por mantener contra viento y marea la bandera de las reformas sociales y la respuesta que dio con firmeza a las amenazas de Estados Unidos —y a las sanciones y las acciones militares de Donald Trump y Marco Rubio contra Colombia y América Latina— lo favorecieron, y pusieron de su lado los números en las encuestas. Las mediciones posteriores a la crisis con Estados Unidos mostraron una favorabilidad sostenida de Petro que ronda el 40 % y también tuvo como consecuencia el ascenso en esas mediciones de Iván Cepeda y del Pacto Histórico.
Eso no quita que otra parte muy importante de los colombianos, de la mano de la oposición, se apartara del Gobierno con una pasión no menos ardorosa y tachara a Petro de socavar las instituciones, golpear la economía, denostar al empresariado, generar polarización, hundir en el caos al país y poner en grave riesgo las relaciones de Colombia con Estados Unidos, el principal destino comercial del país.
En ese bastión se empezaron a apoyar todos los candidatos de la derecha para tratar de contener la marcha de la izquierda hacia la Presidencia de la República, en unas elecciones que para ese momento ya estaba claro que resultarían bastante reñidas.
Iván Cepeda, a la postre, fue el gran beneficiado de los acontecimientos que se desataron con la persistencia del Gobierno en las reformas sociales y con el sentimiento nacionalista que despertaron las agresiones de Donald Trump y Marco Rubio.
Esos fueron, quizá, los factores que lo pusieron a la cabeza de las encuestas en la contienda presidencial. Pero el apoyo que le ha prodigado la izquierda y la gran votación que obtuvo en la consulta de octubre del Pacto Histórico es producto, también, de una larga trayectoria social y política en la cual sobresalen su empeño en la defensa de las víctimas, sus denuncias contra el paramilitarismo y la parapolítica y su lucha por la paz. Pero, a pesar de que todas esas fueron causas loables, lo más determinante para Cepeda, de cara a la campaña de 2026, fue su larga batalla por llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio y obtener la condena en primera instancia; fue ganarle un round definitivo nada menos que al hombre más poderoso de Colombia en el primer cuarto del siglo XXI.
El juicio a Álvaro Uribe Vélez convirtió a Iván Cepeda en un héroe para la izquierda. De eso hablaremos en profundidad páginas más adelante; por ahora vale resaltar que en medio del juicio y, sobre todo, después de su triunfo en primera instancia, empezó a crecer el coro de voces que le pedían a Iván Cepeda que aceptara la candidatura presidencial de la izquierda. Ese no era su plan. Yo se lo había preguntado en diversas oportunidades y, en particular, hablamos de esa posibilidad en una larga conversación que tuvimos en Cuernavaca, México, en los días en que asistíamos a un retiro sobre mediación de conflictos convocado por los gobiernos de Noruega y México y por el Centro para el Diálogo Humanitario de Suiza, en febrero de 2023.
En esa oportunidad, Iván Cepeda me dijo que no tenía interés alguno en meterse en el duro trajín de una campaña presidencial, que su propósito en los años por venir era contribuir a la paz con el ELN y buscar un acuerdo nacional que nos sacara de la violencia y nos llevara a la consolidación de la democracia. Pero, después de la condena a Uribe en primera instancia, los insistentes llamados de organizaciones sociales y de sectores de la izquierda terminaron por convencerlo de que debía poner su nombre a consideración del Pacto Histórico.
Supe de su cambio de opinión, que se convirtió en clara determinación, en un almuerzo en su casa, a mediados de septiembre de 2025. En un ambiente austero y silencioso, y mientras me servía un vino y apuraba un vaso de agua, me dijo que no podía seguir rechazando la posibilidad de representar a la izquierda en esta contienda electoral, que el juicio a Uribe había terminado, que las negociaciones de paz con el ELN estaban suspendidas y que la concertación para un acuerdo de país tendría que esperar hasta un próximo gobierno.
Por eso, dijo, había llegado la hora de buscar la nominación a la Presidencia para, en caso de ganar la contienda, continuar desde la Casa de Nariño la lucha por las reformas sociales, manteniendo en alto las banderas de la paz, del acuerdo nacional y de la reconciliación del país. En todo caso, agregó, no la tendría fácil.
Para ese momento había una diversidad de candidatos en la izquierda —Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Susana Muhamad—, y el presidente Petro, jefe indiscutible de la izquierda, no había definido su preferencia. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le estaba poniendo una serie de obstáculos a la oficialización de la unidad de la izquierda en un solo partido y a la consulta interna de esa reunión de fuerzas que ya tomaba el nombre de Pacto Histórico.
La incertidumbre empezó a ceder a medida que se acercaba el 26 de octubre, fecha en que se debían realizar las consultas internas de los partidos. A la consulta del Pacto Histórico había entrado Daniel Quintero, el polémico exalcalde de Medellín, que ya suscitaba bastantes temores y rechazos entre sectores de la izquierda que sabían de sus enormes habilidades en las redes sociales, de su capacidad para mover sumas de dinero en la campaña y de los líos judiciales en que se encontraba, después de su paso por la alcaldía de la capital antioqueña.
Bolívar, Pizarro y Muhamad, que habían hecho una larga travesía para buscar la nominación del Pacto Histórico, decidieron entonces declinar sus aspiraciones y apoyar a Iván Cepeda, no fuera que Quintero se quedara a última hora con ese galardón.
Este giro llevó a que Daniel Quintero se bajara de la consulta y a que el día de la definición llegaran solamente Iván Cepeda y Carolina Corcho. La victoria de Cepeda —en medio de la grave disputa entre Gustavo Petro y Donald Trump ya referida— sacudió la campaña electoral.
Todas las fuerzas políticas y todos los candidatos se empezaron a mover para buscar alianzas y organizar sus filas para una competencia que ya tenía como protagonista a Cepeda, un candidato de la izquierda que se perfilaba desde temprano para estar en segunda vuelta.
El expresidente Álvaro Uribe acusó el golpe de inmediato. El 21 de octubre había logrado que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, lo exonerara de todos los cargos por los cuales lo había condenado la jueza Sandra Liliana Heredia. Estaba libre. Solo le restaba esperar meses o años a que la Corte Suprema de Justicia resolviera el recurso de casación que de inmediato interpuso Iván Cepeda con su equipo de abogados.
La nominación a la Presidencia de su gran rival en los tribunales de justicia y el ascenso de este en las encuestas era una verdadera pesadilla para Uribe. Ya había perdido a Miguel Uribe Turbay y en el Centro Democrático crecían las tensiones con Miguel Uribe Londoño, padre del inmolado candidato. Era el complejo panorama en una campaña que había arrancado muy temprano y que se había tornado muy difícil para el líder del Centro Democrático, otrora vencedor de grandes contiendas políticas.
El golpe más duro, sin duda, fue por cuenta del inesperado asesinato, porque la promoción de Uribe Turbay no había sido fácil para Uribe Vélez. Tuvo que apelar al empresario antioqueño Manuel Santiago Mejía para que invirtiera de manera más que generosa en esa candidatura que, a punta de redes sociales y de intenso trabajo en las regiones, había despegado. Su asesinato tuvo todos los ingredientes de una verdadera tragedia y su reemplazo no resultó afortunado.
En la opinión pública había la sensación de que la esposa de Uribe Turbay, Claudia Tarazona, sería quien saltaría a la política y se metería a disputar la candidatura a la Presidencia dentro del Centro Democrático, con las banderas de su esposo en las manos. Era ella la que había convertido la Clínica Santa Fe en una gran tribuna política; todos los días, a lo largo de dos meses, se presentó ante la prensa con un impecable vestido blanco, acompañada de su niño de cuatro años y de sus hijas, hablándole al país de la lucha por la vida que libraba su esposo, implorando al cielo por la salud de Miguel, pidiendo una oración para salvar al candidato de las manos de la muerte e intercalando en sus rezos mensajes políticos. El país respondía a sus súplicas con veladas en las frías noches de Bogotá, en las cálidas noches de Cali y Barranquilla y en la tibia oscuridad de Medellín.
Pero ocurrió que el padre de Uribe Turbay se impuso a última hora como candidato. En la velación del cuerpo del joven líder asesinado, en la catedral primada, fue él quien llevó la voz de la familia y en un discurso teñido de resentimiento y de llamados a la confrontación con el Gobierno nacional, apropiándose de las duras consignas de la oposición, invocó la conducción de Álvaro Uribe Vélez para rescatar a Colombia de las onerosas manos de la izquierda. Con esa jugada se metió al Centro Democrático como un repentino actor incómodo que le disputaba la nominación presidencial a una nutrida lista de precandidatas y precandidatos que durante cerca de un año habían recorrido el país promocionando sus nombres y construyendo unas reglas de juego para escoger el candidato del uribismo en las muy competidas elecciones de 2026.
Y fue cuando, después de la absolución, Álvaro Uribe volvió al ruedo con la energía de sus mejores tiempos. Atrás quedaron los días en que, sentado en el banquillo de los acusados, afrontaba la lluvia de acusaciones de testigos que se atrevían a contar sus supuestas y azarosas andanzas en los predios del paramilitarismo y soportaba, igualmente, los regaños de la jueza Heredia, que no se amilanaba ante la severidad que mostraba el acusado.
Saltó por encima de viejas rencillas y se puso en la tarea de agrupar a los expresidentes César Gaviria Trujillo y Andrés Pastrana Arango; habló también con Germán Vargas Lleras y con varios candidatos a la Presidencia, entre ellos Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón y Sergio Fajardo, para decir, en medio de todos estos contactos, que buscaba una gran alianza de fuerzas para enfrentar y vencer a Petro y a su candidato, Iván Cepeda. Que se trataba, dijo, de una cruzada para salvar a Colombia de los aliados de las FARC, pregoneros del socialismo del siglo XXI y fieles seguidores del castrochavismo. En esas lides vimos imágenes francamente deleznables.
Gaviria, bastón en mano, rengueando, entrando al Ubérrimo, la famosa hacienda del expresidente, para ofrecer una alianza del histórico Partido Liberal que, en cabeza de Horacio Serpa, se había rebelado contra Uribe a lo largo de sus dos mandatos acusándolo de alianzas con los paramilitares. Pastrana, que afrontó en el pasado la más ácida diatriba de Uribe contra su proceso de paz de San Vicente del Caguán, de paseo por los terrenos del expresidente, ofreciendo unas huestes conservadoras que ya no le hacen el menor caso.
A la par que buscaba estas alianzas, aceleraba la definición dentro de su partido, el Centro Democrático. Una campaña que había arrancado con gran entusiasmo, comoquiera que este partido se había ganado el puesto de principal fuerza de oposición a Petro, se enredó en el proceso de escoger su prospecto para la Presidencia. En los meses en los que hacía campaña Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Cabal no ocultó su disgusto por la enorme cantidad de dinero que los empresarios antioqueños invertían en promover a ese candidato, y la desventaja en la que se encontraban ella y los demás aspirantes: Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.
Cabal tampoco se mostró favorable al ingreso del padre de Uribe Turbay a la contienda —una vez ocurrió el asesinato—, pero el mismo Uribe Londoño se fue desdibujando con el paso de los días hasta que, en unas confusas declaraciones, manifestó su adhesión a Abelardo de la Espriella, lo que motivó su expulsión de las filas del uribismo.
También renunció Andrés Guerra a su postulación. Al final, Uribe, se decantó por Paloma Valencia y logró sacar adelante su nominación a nombre del Centro Democrático. Pero no fue una decisión tranquila. Inmediatamente, empezó la rebelión de María Fernanda Cabal y de su esposo, José Félix Lafaurie, quienes acusaron a Uribe y a las directivas del Centro Democrático de haber cohonestado un fraude en favor de Paloma. La disputa terminó en la conformación de una disidencia por parte de Cabal y su esposo —que migraron a las toldas de Abelardo de la Espriella— y en un gran escándalo político que se presentó en un momento decisivo de la campaña electoral.
No fue menor la preocupación por el ascenso de Cepeda entre el ramillete de candidatos de la centro-derecha que estaban en las calles y en los medios de comunicación tratando de arañar seguidores que les permitieran una presencia decorosa en la campaña presidencial. En esos días, se multiplicaron las reuniones en los reservados de los restaurantes bogotanos y los encuentros a puerta cerrada, para tejer acuerdos que les permitieran seleccionar un candidato que presentara una alternativa seria a Iván Cepeda, pero que también le enviara un mensaje de fortaleza a Abelardo de la Espriella, quien había tomado la delantera en el amplio espectro de las fuerzas antipetristas. En esas estaban Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.
Vicky Dávila era un caso aparte en este grupo. Tanto en el cubrimiento periodístico de la campaña de 2022, como en los primeros dos años y medio del Gobierno de Petro, se había convertido en la más aguda opositora. Con la venia de Gabriel Gilinski, empresario y propietario de Semana, transformó la revista en una agresiva tribuna de críticas y denuncias contra Petro, su Gobierno y la izquierda. Hizo un periodismo que no se había hecho en Colombia, no solo por un decidido sesgo opositor, sino por mezclar sin escrúpulos noticias veraces con informaciones tendenciosas o abiertamente falsas. En esa tribuna se cocinaron los primeros escándalos del Gobierno Petro.
Mención especial merece la trama que involucraba a Laura Sarabia, mano derecha del presidente, en el secuestro y abuso contra su niñera, Marelbys Mesa, para llevarla al polígrafo, acusada de robar una gran bolsa de dinero; hechos en los cuales estaba también comprometido Armando Benedetti, a quien se le atribuía la propiedad de esa oscura moneda, producto, al parecer, de transacciones dentro del alto gobierno, y quien le recomendó la niñera a Sarabia, entre otros detalles aún por determinar.
El caso es que Semana construyó ese caso con filtraciones de conversaciones y de correos que la Fiscalía o los propios protagonistas le entregaron a Vicky Dávila. El escándalo, del que, al momento de escribir este capítulo aún hay procesos judiciales en curso, incluyó el suicidio de un oficial de Policía, estuvo varios meses en los medios de comunicación y, poco a poco, se fue diluyendo sin que el fiscal Francisco Barbosa, empeñado como estaba en llevar a la cárcel a los mencionados funcionarios del Gobierno, pudiera armar un caso con un irrebatible piso judicial.
Vicky Dávila se retiró de la revista en noviembre de 2024 y se lanzó a la Presidencia, marcando de primera en las encuestas durante varios meses. Se presentaba como seguidora de las tesis de Javier Milei, el presidente de los argentinos —un caracterizado representante de la nueva derecha latinoamericana muy ligada a los designios de Donald Trump—, y su arrebato le alcanzó para traer a su campaña a uno de los asesores económicos de Milei.
Amparada en esas ideas y apoyada en la reputación de opositora que había conseguido en Semana, Dávila creía, a pie juntillas, que llegaría hasta segunda vuelta y que podía ganar la Presidencia. También tuvieron esa ilusión importantes líderes políticos de la derecha y algunos empresarios, empezando por el Grupo Gilinski, que se gastó un billete largo en esta candidatura.
Pero la opinión es misteriosa y voluble, y una vez Abelardo de la Espriella entró a la campaña con su emblema de macho feroz, sus arrebatos militaristas, su costosa y sofisticada campaña en redes sociales y su constante invocación a Uribe Vélez, Vicky empezó a perder seguidores, que se mudaban con premura a las toldas del abogado. A Vicky no le quedó más remedio que asociarse con el grupo de candidatos que se decían portavoces de la centro-derecha para tomar un nuevo aire y no desistir en esta primera incursión en la política electoral.
Coalición de centro-derecha
Los otros siete integrantes de la coalición han tenido una variada y muy interesante presencia en la vida pública colombiana. Mauricio Cárdenas fue ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos; Juan Manuel Galán estuvo en el Senado y es hijo de Luis Carlos Galán, un hombre que marcó la vida colombiana; Aníbal Gaviria tuvo un gran desempeño en la Gobernación de Antioquia; David Luna fue un juicioso senador; Juan Daniel Oviedo tuvo en sus manos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá y realizó importantes transformaciones urbanísticas, y Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa y embajador en Washington.
Pero la verdad pura y dura es que la confluencia de estos candidatos que se midieron en una consulta es producto de la ocasión, no de su identidad política. Lo único que los unió de verdad fue su dura crítica a Petro y su Gobierno. Por otro lado, su marcación en las encuestas estuvo siempre por debajo del 3 % y ninguno de ellos tuvo un sólido aparato político que lo respaldara.
Por eso aceptaron la alianza con el uribismo; esa corriente política tiene un proyecto político quizá viejo, quizá pasado de moda, quizá en decadencia, pero, al fin y al cabo, un proyecto político basado en la seguridad, en la ortodoxia económica neoliberal y en la afiliación a la nueva derecha internacional que está rompiendo dramáticamente con el consenso liberal y con el multilateralismo que regía al mundo.
Álvaro Uribe y Paloma Valencia encontraron en esa alianza un paraguas fabuloso para transitar en medio de la tormenta hacia la consulta del mes de marzo y hacia las elecciones de Congreso. La suerte le cambió a Uribe. El triunfo de Paloma Valencia en la Gran Consulta por Colombia y el crecimiento de su bancada parlamentaria en las elecciones para congreso vinieron a ratificar los aciertos de la estrategia del expresidente.
Ahora bien, para el momento de las elecciones de marzo a este cocido le faltaban uno o dos hervores. Al empezar febrero se produjeron varios hechos que terminaron en una gran selección de candidatos y que, sin duda, marcaron la primera vuelta, y posiblemente, la segunda. Antes de las legislativas, la jugada corrió por cuenta de algunos sectores de la derecha que se desesperaron y recurrieron a maniobras turbias e ilegales para impedir que Iván Cepeda acudiera a una consulta con candidatos de la centro-izquierda para armar así una gran alianza antes de primera vuelta.
La derecha no esperaba que la izquierda, utilizando los enrevesados mecanismos del sistema electoral colombiano, hicieran primero una consulta del partido de gobierno, el Pacto Histórico, y perfilaran luego una consulta del conjunto de la coalición; es decir, del Pacto y las otras vertientes progresistas que han acompañado a Petro en estos cuatro años. Esto les iba a permitir llevar nuevamente a Cepeda a la urnas y someterlo a una medición electoral que, en el papel, habría sido un golpe durísimo en la mesa ante la posible votación masiva que todos esperaban.
Los antipetristas se pusieron en la tarea de agitar por los medios la tesis de que todo participante en una consulta debería ir directamente a primera vuelta, con la clara pretensión de sacar a Iván Cepeda de las consultas de marzo. Se dedicaron, también, a ponerle trabas a la transformación del Pacto Histórico en un solo movimiento político legalmente establecido.
El CNE golpea a Cepeda
Lograron su cometido. El CNE reconoció al Pacto Histórico como movimiento con personería jurídica tras la fusión de la Unión Patriótica (UP), el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, pero fue un reconocimiento condicionado a que se resolvieran procesos sancionatorios: Colombia Humana no entró en esa primera fusión. Esto, desde luego, mantuvo por un tiempo al Pacto en la incertidumbre, creando dificultades en su campaña electoral. No obstante, la arbitrariedad mayor fue la exclusión de Iván Cepeda de las consultas interpartidistas.
El 4 de febrero, el organismo electoral emitió esa decisión que terminaría perjudicando a Iván Cepeda. El argumento central fue que él ya había estado en una consulta, la del 26 de octubre. Pero esta consulta finalmente fue avalada por un solo partido, el Polo Democrático; es decir, no fue una convocatoria interpartidista. Está claro: era una consulta interna. Pero el debate sobre esta idea fue cerrado dentro del organismo electoral, porque se sabía que lo que allí se definiera podía cambiar el rumbo de la campaña de Cepeda.
El 2 de febrero se produjo un hecho relevante: el magistrado Altus Baquero modificó su voto y las cargas quedaron 5 a 4 a favor de Cepeda. Igual, no le alcanzó: tenía que haber una diferencia de dos votos para definir la diferencia. La suerte del candidato quedó en las manos de dos conjueces.
El periodista Daniel Coronell contó en ese momento que uno de los conjueces, Alejandro Sánchez, había sido abogado de Álvaro Uribe Vélez en el juicio por manipulación de testigos en el que Iván Cepeda era una de las víctimas y del que ya hablaremos en extenso. Se inició una intensa polémica en la que quedó claro que Sánchez tenía que dar un paso al costado, pues estaba impedido. En la desesperación que a veces lo ahoga, Uribe llamó a Cepeda “jefe de las FARC”.
Llamaron a otro conjuez para que decidiera y, otra vez, los cuestionamientos saltaron a la vista. Era Hollman Ibáñez, quien había trabajado para la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. De nuevo, fue Coronell quien, en su Reporte, mostró un video en el que quedaba completamente exorcizado el demonio de la duda: se veía a Ibáñez decir lo siguiente: “Soy Hollman Ibáñez, abogado con una experiencia de más de veinte años. He ejercido como funcionario público, como litigante, con muy buen éxito en los casos que hemos tenido a cargo. Actualmente, me desempeño como director del Departamento de Derecho Electoral de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise”.
Pero de nada sirvió quejarse, Hollman Ibáñez terminó ahí, en el grupo que definía la suerte de Cepeda. La votación final quedó 6 votos contra 4, lo que permitió tumbar la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, que habilitaba a Cepeda a participar en la consulta de marzo. Con este resultado se configuraron las mayorías necesarias para concluir que el aspirante se encontraba inhabilitado para estar en el tarjetón del denominado Frente por la Vida.
Inmediatamente, Cepeda se aferró a la justicia. Demandó a Hollman Ibáñez y a Álvaro Hernán Prada, este último, además, protagonista y vinculado al caso judicial contra Uribe. Cepeda anunció que con esta realidad el Pacto Histórico y sus seguidores no participarían en ninguna consulta. Así ocurrió, en efecto, a la vista de los resultados en las urnas.
Más allá del debate normativo, quedó claro que la derecha se asustó con los resultados de la consulta del Pacto Histórico, que llevó cerca de tres millones de votantes a las urnas, y echaron mano del CNE para impedir un proceso rápido de entrega de la personería jurídica al Pacto y así golpear el protagonismo de Iván Cepeda.
Habían dicho una y mil veces que Gustavo Petro buscaría mediante maniobras contra la democracia atornillarse en la Presidencia, pero ha ocurrido todo lo contrario: la derecha y sus fichas en el CNE, según parece, buscaron mediante maniobras y decisiones arbitrarias menoscabar la campaña de las izquierdas y golpear sus candidaturas a la Presidencia.
El problema fue que las fuerzas del progresismo ya habían escogido el camino de realizar una gran consulta a la que concurrieran el Pacto Histórico en cabeza de Iván Cepeda, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo y Daniel Quintero, entre otros. Con la salida de Cepeda, ese plan se desbarató, pero Barreras se mantuvo y, a última hora, organizó una consulta al lado de Daniel Quintero, Martha Viviana Bernal, Héctor Elías Pineda y Édison Lucio Torres, con los resultados que analizaremos a continuación.
Ese sismo en esa consulta, por cuenta de la decisión del CNE, sacó de la baraja al exgobernador Camilo Romero, que se sumó a la campaña de Cepeda, y llevó a que Juan Fernando Cristo y Gilberto Murillo anunciaran su paso directo a la primera vuelta. Fue un golpe bajo a la unidad de las izquierdas y una aparente maniobra para intentar abrirle campo al triunfo de una derecha que no encontraba cómo presentarle al país un proyecto político posuribista atractivo.
Pero lo mejor que pudo hacer el progresismo fue acomodarse a las circunstancias y evadir los golpes y las decisiones del CNE. Utilizaron la estrategia de actuar con cabeza fría, y les funcionó. Iván Cepeda quedó, a pesar de todo, en una muy buena posición para dar la batalla, según las encuestas que se publicaron después y que siguieron favoreciéndolo.
El presidente Petro, por su parte, actuó con entera rapidez para evitar dudas sobre su compromiso con la unidad de la izquierda: dejó muy claro que no votaría en la consulta de Roy Barreras, calificó de fraudulenta la decisión que impidió que su partido y su candidato fueran a una gran consulta y anunció que en marzo solo votaría por las listas al Congreso. Los resultados en esa consulta mostraron que las bases del progresismo acataron el llamado del presidente.
Cepeda, por su parte, mantuvo una posición tranquila frente a la consulta de Roy Barreras. No así muchos de los integrantes del Pacto, que comenzaron a descalificar la posición de Roy. Iván Cepeda supo que tenía el reto de crecer, mantener la cabeza en las encuestas y sacar veinte o más senadores con el Pacto Histórico en las legislativas.
Cepeda llena plazas
Después de ganar la consulta del Pacto Histórico en octubre y de treparse en las encuestas en noviembre, Cepeda empezó a llenar plazas en todo el país, y eso puso aún más en alerta a la derecha, que tal vez por eso recurrió a las más diversas maniobras y ataques para atajar al candidato de la izquierda, estrategia en la que la principal acción fue por medio del CNE.
El 27 de enero de 2026, Iván Cepeda aterrizó en Cúcuta. En el aeropuerto Camilo Daza lo esperaba una avanzada de congresistas cercanos a sus ideas. Ahí estaba, por ejemplo, Heráclito Landínez, quien llegó a la Cámara en 2022 bajo las toldas del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y Gabriel Becerra, uno de los hombres fuertes de la UP, un partido que está en el corazón del candidato presidencial, como veremos páginas más adelante. Tanto Becerra como Landínez pudieron juntar varias docenas de personas para esperar al líder político en el aeropuerto.
Cúcuta es una plaza complicada para un candidato como Cepeda. Allí, en 1997, en un prostíbulo llamado Rumichaca, que quedaba a pocos minutos del puente Simón Bolívar —que separa a Colombia de Venezuela—, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, montaron el Bloque Fronteras con el que esperaban quitarles a las FARC el botín que significaban las rentas de la coca en el Catatumbo. En ese lugar, durante el mismo 1997, ese grupo guerrillero, que controlaba la población de La Gabarra, ubicada al lado del río Catatumbo, movió 27 millones de dólares.
El poeta y columnista Federico Diaz Granados escribió en el prólogo de Iván Cepeda, una vida contra el olvido que en esta obra «El lector encontrará el país de los últimos treinta años contado desde una vida concreta».
León Cepeda es uno de los analistas más respetados de Colombia, colaborador frecuente en distintos medios de comunicación y autor no sólo de ensayos sino, recientemente, de una novela. En Iván Cepeda, una vida contra el olvido el autor construye un perfil del hoy candidato presidencial, desde su infancia en las Juventudes Comunistas y su vida universitaria en Europa, hasta el asesinato de su papá, su militancia política a favor de las víctimas del conflicto armado y su reciente campaña presidencial. Cepeda es un hombre atravesado por la historia de Colombia, que ahora quiere protagonizar, y en consecuencia un libro sobre su vida es también un libro sobre la historia del país y sobre el conflicto armado colombiano.
Iván Cepeda, una vida contra el olvido
León Valencia
Bogotá, Colombia
Abril de 2026
256 páginas
ISBN 9786287794931
