A propósito del Acuerdo de Paz, que está por cumplir 10 años, recuerdo que de niña, en la plaza central del caserío en que vivía, pintaron una enorme paloma con una rama de olivo. Otras más pequeñas aparecieron en las paredes de la escuela, la iglesia, casas y negocios, como si buscaran arrullar la idea de paz en el corazón del pueblo. En ese momento no lo entendí, pero muchos años después supe que era parte de la propuesta de Belisario Betancur (1982-1986), quien sentó un precedente de negociación para el primer cese al fuego bilateral con los entonces llamados grupos alzados en armas: EPL, M-19, y FARC-EP, —el ELN no hizo parte—, e impulsó la participación de las regiones en la elección popular de alcaldes.
Más adelante, en pleno auge del narcotráfico y la violencia, siendo adolescente, vi en las noticias por tv —sin dimensionar su relevancia— la desmovilización del EPL y del M-19, y vi también cómo millones de estudiantes impulsaron la Séptima Papeleta que dio paso a la Constitución del 91. Años después, estudiando mi carrera, fui parte de los colectivos y movimientos ciudadanos que creímos que podríamos —del antiguo verbo “podrir” (RAE)— cambiar el mundo, y que participamos en las Semanas por la Paz mediante plantones y marchas en las que portamos velas encendidas para en algo contribuir a cambiar la historia —quizás lo hicimos, pero también parece que nos “pudrimos” un poco—.
Aquellas movilizaciones tuvieron hitos comunitarios potentes impulsados por Redepaz y Unicef, como el Mandato de los Niños en 1996, donde tres millones votaron simbólicamente por su derecho a la vida; y el Mandato Ciudadano por la Paz en 1997, en el que diez millones de colombianos —para contexto de la relevancia de esta cifra, Samper fue elegido con 3.7 millones en 1994, y Pastrana con 6.1 en 1998— exigimos en las urnas la negociación del conflicto y la protección a la población civil; una gesta sin precedentes invisibilizada luego por la violencia y los cálculos politiqueros.
Cuando ocurrió el pacto con las AUC en 2005 (Ley 975), llevaba un año de graduada trabajando en zonas de confrontación. Además de las experiencias y dolor de las víctimas, resultó difícil escuchar de las alianzas turbias entre políticos y élites que se beneficiaron por el paramilitarismo, con el concurso de un Estado que por acción u omisión le dio la espalda a su población. Aun así, fui optimista ante la desmovilización de 31.600 integrantes, de quienes conocí unos pocos, en programas sociales de gobierno para la reinserción.
Tras uno de los periodos más cruentos de violencia en Colombia (1996-2006), que ocasionó el desplazamiento masivo de más de ocho millones de personas, en su mayoría por enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas, seguía pendiente desmovilizar a las segundas para que los territorios pudieran aspirar a la tranquilidad. Esta posibilidad se vislumbró en 2014 con el inicio de los diálogos de paz, lo que trajo consigo, y para conmemorar la firma del Acuerdo de 2016 y la desmovilización de 13.000 excombatientes de las FARC-EP, la donación de una nueva paloma, que representaba una paz imperfecta, pero infinitamente mejor que décadas de horror.
Actualmente, tras dos décadas de cercanía con procesos de víctimas del conflicto, en que he recorrido el país de cabo a rabo —en diagnósticos participativos y modelos de fortalecimiento comunitario con diferentes sectores poblacionales, para ONG internacionales y entidades públicas—, y aunque el conflicto nunca ha cesado, siendo este un complejo engranaje de intereses, economías ilícitas, concentración de la tierra y ejercicio del poder; he aprendido pese a lo esquivo del proceso, a seguir sosteniendo la esperanza —incluso si las agendas políticas son cambiantes—porque son las comunidades quienes han sido capaces de construir sus propios mecanismos para reconocer y hacer visibles las heridas, dolores y cicatrices, y sobre todo, para practicar el perdón y la recuperación de los lazos que nos unen.
Pedazos de paz y de memoria
A principios de octubre se «cayó» la Paloma de la Paz, la escultura donada por Fernando Botero en 2016. Esta amiguita robusta que ha tenido una residencia itinerante y que por los vaivenes políticos, ha trasegado de la Casa de Nariño en 2016 al Museo Nacional en 2018, de vuelta al palacio presidencial en 2022 y de nuevo al Museo en 2026, y que, apenas a dos meses de su retorno, fue «empujada accidentalmente» por un visitante que iba a tomarse una foto (imagino que se siente muy mal). Dijeron a la prensa que está en diagnóstico y restauración indefinida, que resistió por su fundición en bronce macizo, pero sufrió abolladuras, rayones y la pérdida de la cubierta blanca en cabeza, base, cola, pico y ala izquierda; y no se sabe nada más.
Como esta paloma, nuestra paz está quebrada; ha sufrido reveses, fracturas y pérdidas. Pero pese al dolor, la falta de voluntad, consensos políticos, y a que en este peregrinaje la hemos visto ser tratada como un activo de gobierno y no como un bien innegociable —donde incluso anhelarla o trabajar para lograrla ha expuesto a muchos a señalamientos estigmatizantes—, el símbolo y anhelo de bien común perdura en nuestros corazones.
Me decía hace unos días una colega, que ojalá pudiéramos honrar las grietas de la paloma y de la paz mediante el kintsugi —el arte japonés de embellecer las fisuras y destrozos de la cerámica con resina y polvo de oro— para reconocer, sanar nuestras heridas y restaurar el tejido social. Ese tejido que para muchos es abstracto, pero que en las regiones más golpeadas se sostiene cada día mediante procesos silenciosos de resiliencia que, independientemente de los gobiernos de turno, permiten continuar la vida en los territorios y preservan la burbuja de “aparente calma” que vemos en las ciudades.
Semanas atrás, el Museo Nacional retiró 63 piezas de memoria: el balígrafo de 2016, el tarjetón de la Séptima Papeleta y objetos de la UP, el M-19, y otros que representaban la diversidad sexual y política en la historia del país. Posteriormente, y luego de movilizaciones ciudadanas, un juzgado ordenó su restitución, evidenciando cómo la democracia se construye desde narrativas en permanente tensión y disputa. Excluir elementos que dan cuenta de nuestra memoria, es desconocer el camino que hemos transitado y el valor de piezas importantes que nos recuerdan que en la construcción democrática de un país, existe la obligación de tomar en cuenta todos sus pedazos.
Con la partida el pasado 1 de noviembre de Antonio Navarro Wolff, figura política relevante, quien se convirtió en emblema de paz por dejar las armas en 1990, abrazar la Constitución Política que hoy tenemos y mantenerse firme en la democracia, se va un pedazo importante de nuestra historia que no debe quedar en el olvido. Por último, el escalamiento de las acciones violentas por parte de diversos grupos armados y ataques contra líderes sociales en los últimos años y en mayor alza en lo que va de este, refleja el desistimiento del diálogo como vía de solución al conflicto armado, lo que podría intensificar la confrontación y el deterioro de la seguridad en las regiones. Esperemos que la ley de sometimiento aprobada recientemente tenga un efecto positivo, que traiga tranquilidad a la nación y que nos libre de la condena de una guerra perpetua, porque, aunque el camino de la paz no ha sido fácil, sigue siendo una necesidad imperiosa y es nuestro deber exigir y contribuir a curarla —no con cáscaras de huevo, sino con resina de oro como en el kintsugi— para que nosotros y las generaciones venideras, podamos transformar una vida sin sosiego en una mejor realidad.
