El retiro de decenas de obras, documentos y objetos de las salas permanentes del Museo Nacional de Colombia, por orden del Ministerio de Cultura, ha abierto una discusión que trasciende las piezas desaparecidas de sus vitrinas y paredes. Entre los materiales retirados se encuentran testimonios de las luchas feministas, de los movimientos por los derechos de las personas sexualmente diversas, de la violencia política y de los procesos de paz en Colombia. La decisión, defendida por el Gobierno como una medida contra el supuesto adoctrinamiento ideológico, obliga a plantear preguntas fundamentales: ¿quién decide qué historias deben contarse en un museo nacional? ¿Con qué criterios se construyen sus relatos? ¿Y hasta dónde puede intervenir un gobierno en las decisiones curatoriales de una institución pública? Lo que está en juego no es solamente la permanencia de unas piezas en las salas del museo, sino las condiciones intelectuales, institucionales y democráticas que hacen posible que una institución pública investigue, interprete y represente la historia de una sociedad.
Sala Hacer sociedad antes y después del retiro de varias obras y objetos de la exposición permanente. Fotografías: arriba, Angie Valentina Matiz Pineda y abajo, Mario Omar Fernández Reguera.
Para comprender la gravedad de lo sucedido es necesario detenerse en algo que rara vez ocupa un lugar central en estas discusiones: qué es una curaduría y cuál es el trabajo de quienes investigan, interpretan y construyen las exposiciones que visitamos en los museos.
Una exposición no es una simple reunión de objetos dispuestos en una sala. Detrás de ella hay preguntas de investigación, búsquedas documentales, análisis de fuentes, discusiones historiográficas y decisiones sobre qué mostrar, cómo hacerlo y qué relaciones establecer entre las piezas. La curaduría es una práctica especializada de investigación, interpretación y producción de conocimiento, mediante la cual se construyen relatos y se proponen nuevas relaciones entre los objetos, las imágenes y sus contextos históricos. Los objetos no hablan por sí solos. Adquieren nuevos sentidos cuando se ponen en relación con otros, cuando se contextualizan históricamente y cuando se integran en un relato que permite comprenderlos.
Esto significa, también, que ninguna curaduría es neutral. Toda exposición selecciona, organiza, jerarquiza y propone una interpretación. Pero reconocerlo no equivale a afirmar que todas las interpretaciones sean arbitrarias o igualmente válidas. Como ocurre con la historia, la antropología o cualquier otro campo de conocimiento, la curaduría se fundamenta en métodos, fuentes, argumentos y procedimientos que pueden ser examinados, discutidos y cuestionados. Su legitimidad no depende de la ausencia de una perspectiva, sino del rigor con que esta se construye y de su disposición a confrontarse con otras interpretaciones.
Por supuesto, las exposiciones pueden y deben revisarse. Los museos no son instituciones inmóviles ni sus relatos constituyen verdades definitivas. Nuevas investigaciones, preguntas y sensibilidades sociales transforman constantemente nuestra comprensión del pasado. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre revisar críticamente una exposición mediante procesos de investigación y discusión especializada, y retirar sus contenidos por una decisión política que no ha hecho públicos los fundamentos técnicos de su intervención.
Esta distinción es especialmente importante cuando se trata de un museo nacional.
Desde su creación en 1823, el Museo Nacional de Colombia ha estado vinculado a la construcción de los relatos sobre la nación. Como sucedió con numerosas instituciones semejantes en el mundo, sus colecciones y exposiciones participaron históricamente en la definición de aquello que debía ser recordado, celebrado y reconocido como parte de una identidad colectiva. Durante mucho tiempo, estos relatos privilegiaron a los grandes personajes políticos y militares, los acontecimientos fundacionales y ciertas manifestaciones culturales, mientras amplios sectores de la sociedad permanecían ausentes o escasamente representados. Esa mirada, sin embargo, lleva décadas siendo revisada. Tanto la historiografía como la museología colombianas han transformado sus preguntas, sus fuentes y sus actores como fruto de un proceso gradual, discutido y sustentado en investigación, y no de un giro reciente ni de la voluntad de una administración. La historia de una nación también está hecha de conflictos, desigualdades, resistencias, experiencias cotidianas y luchas por el reconocimiento de derechos. Incorporar esas dimensiones no significa abandonar la historia nacional, sino ampliar y complejizar nuestra comprensión de ella.
Esa ampliación de los relatos tampoco ha supuesto la desaparición de las perspectivas más tradicionales sobre la nación. En las salas del Museo Nacional también están representados los protagonistas de la historia política, las élites intelectuales, las tradiciones conservadoras y otras visiones del pasado que hoy reivindica el propio Gobierno. Y es justamente esa convivencia la que resulta fundamental defender. No se trata de reemplazar unas memorias por otras, ni de excluir aquellas con las que no se está de acuerdo, sino de reconocer que todas forman parte de una historia nacional compleja, atravesada por diferencias y disputas. La pluralidad no consiste en imponer un nuevo relato único, sino en permitir que distintas interpretaciones del pasado compartan un mismo espacio público, se confronten y puedan ser examinadas críticamente.
Por eso, la presencia de documentos sobre el feminismo, los movimientos LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política o los acuerdos de paz no constituye, por sí misma, una forma de adoctrinamiento. Estos procesos forman parte de la historia colombiana, independientemente de las posiciones que cada ciudadano tenga frente a ellos. Una bandera, un afiche electoral o un objeto asociado a un acontecimiento político pueden ser fuentes históricas tan relevantes como un retrato presidencial, una espada o una pintura de batalla. Su valor dentro de una exposición depende de las preguntas que permiten formular y de las relaciones históricas que ayudan a comprender.
Pensemos, por ejemplo, en el facsímil de la Séptima Papeleta de 1990, una de las piezas retiradas. Este documento remite a un momento decisivo de la historia colombiana: el proceso que condujo a la Constitución de 1991, cuando, en medio de profundas violencias y divisiones, se abrió la posibilidad de construir un nuevo pacto político fundado en el reconocimiento de la diversidad y el pluralismo. Su presencia en el museo permite recordar que la nación también se construye a partir de la participación ciudadana y de la búsqueda de acuerdos en medio de las diferencias.
Mostrar no es necesariamente celebrar. Representar un acontecimiento no significa justificarlo. Estudiar una ideología no implica adherir a ella. Confundir estas operaciones supone desconocer una distinción elemental del trabajo histórico y curatorial. Si los museos solo pudieran exhibir aquello que cuenta con la aprobación moral o política de quienes gobiernan, buena parte de la historia de la humanidad quedaría fuera de sus salas.
Hay, además, una cuestión institucional que no puede pasarse por alto: un museo del Estado no es un museo del Gobierno. Su carácter público implica responsabilidades que trascienden los periodos presidenciales y las orientaciones ideológicas de las administraciones de turno. Los gobiernos tienen competencias legítimas para formular políticas culturales, establecer prioridades y administrar recursos públicos. Pero esas facultades no deberían confundirse con una autorización para violentar los criterios de investigación y curaduría y desmembrar, por razones políticas e ideológicas, un trabajo intelectual y técnico construido a lo largo de años. Retirar una pieza de una exposición no significa simplemente dejar un espacio vacío: también puede significar romper las relaciones históricas, visuales y conceptuales que le daban sentido dentro de un relato cuidadosamente construido.
La autonomía intelectual de los museos no supone que sus profesionales estén por encima de la crítica ni que sus decisiones deban permanecer fuera del escrutinio ciudadano. Por el contrario, una institución pública debe explicar sus criterios, reconocer sus limitaciones y abrir espacios para la participación y el debate. El Museo Nacional, por ejemplo, cuenta con una política de colecciones, disponible para consulta y descarga en su página web, que hace públicos los criterios institucionales que orientan la gestión de su patrimonio. El escrutinio público, sin embargo, requiere condiciones que permitan argumentar, contrastar fuentes y revisar interpretaciones, no simplemente retirar y censurar aquello que resulta incómodo.
Precisamente por eso necesitamos museos capaces de mostrar que la nación no es una identidad única ni una memoria compartida sin fisuras, y de hacer visibles sus tensiones en lugar de resolverlas mediante la borradura y la exclusión. El pluralismo no exige que todas las interpretaciones reciban idéntico tratamiento ni que el museo renuncie a formular argumentos. Exige que sus relatos puedan reconocer la diversidad histórica de la sociedad y que las controversias se tramiten mediante el conocimiento, la crítica y la deliberación pública.
El retiro de estas piezas plantea, finalmente, una pregunta que debería preocuparnos más allá de nuestras posiciones políticas: ¿qué ocurre con una sociedad cuando las instituciones encargadas de investigar y representar su pasado quedan sometidas a las disputas ideológicas de cada gobierno?
Los museos no están llamados a ofrecernos una imagen tranquilizadora de lo que somos. Su tarea es mucho más exigente: ayudarnos a comprender cómo hemos llegado a serlo, incluso cuando esa historia resulta incómoda, contradictoria o dolorosa. Un museo nacional no debería mostrarnos únicamente la nación que algunos quisieran reconocer, sino permitirnos confrontarnos con la complejidad de nuestra propia historia.
