Latinoamérica naufraga otra vez en el autoritarismo. No es un secreto para nadie, ni siquiera para quienes simpatizan con el nuevo presidente colombiano. Abelardo de la Espriella podría verse como la fotocopia de otras fotocopias de líderes hechizos, con el mismo discurso populista y punitivo que fluye desde los algoritmos y desemboca en lo más profundo de nuestras frustraciones. Por eso no sólo se repiten los libretos y el despliegue visual, sino también los enemigos inventados, como el wokismo.
Esta nueva oleada de autoritarismo avanza de forma aparentemente limpia (es decir, sin tanques de guerra irrumpiendo en el Congreso), aunque muy lejos de ser transparente. Las instituciones democráticas pueden erosionarse desde adentro, mediante la manipulación de la opinión pública y la explotación de las frustraciones de una ciudadanía que acaba votando en contra de sus propios intereses.
Durante la Guerra Fría, los golpes de Estado decapitaron democracia tras democracia en Latinoamérica y las transformaron en dictaduras militares. Muchos opositores, periodistas, estudiantes, funcionarios públicos y ciudadanos del común que lograron cruzar la frontera se dispersaron por el mundo.
En Europa Occidental, por aquellos tiempos, Estados Unidos se presentaba como defensor de la democracia, el multilateralismo y los derechos humanos frente a los abusos de la Unión Soviética, mientras respaldaba a quienes cometían esos mismos abusos en el patio trasero. Países como Suecia o Noruega recibieron a miles de exiliados latinoamericanos, particularmente chilenos y argentinos, quienes con el tiempo contribuyeron también a moldear la perspectiva escandinava sobre Latinoamérica.
Después vinieron las crisis sucesivas y las grandes oleadas de desplazamiento forzado, a medida que más regiones del mundo unían su canto a la cacofonía de la barbarie: las guerras de los Balcanes en los noventa, las intervenciones gringas en Oriente Medio después del 11 de septiembre y, más adelante, las guerras civiles en que desembocaron algunas revoluciones, como la de Siria en el 2011. Con cada nueva crisis, Europa ricibió a muchos de quienes huían de conflictos cada vez más numerosos y cada vez más frecuentes.
A esto hay que sumarle la catástrofe económica de 2008, la pandemia de 2020, el estancamiento productivo europeo, la crisis demográfica y, más recientemente, las incertidumbres que introduce la inteligencia artificial en el mercado laboral. No es de extrañar que tantas frustraciones confluyeran en un hervidero que los movimientos extremistas supieron convertir en su caldo de cultivo. Ahora, entonces, la cosa cambió.
A finales del 2021, poco después del Paro Nacional Colombiano, la pandemia todavía entumecía todos los aspectos de la sociedad Noruega, incluyendo un sistema de asilo que había experimentado una caída extraordinaria en el número de solicitudes. Poco después, la invasión rusa a Ucrania puso a prueba las estrategias existentes para atender, procesar, acoger o despachar a quienes buscaban protección. Millones de desplazados llegaron a otros países europeos y, desde febrero de 2022, más de 100.000 ucranianos han solicitado protección en Noruega, un país cuya población apenas supera a la del Valle del Cauca.
La llegada de los ucranianos también resaltó grandes diferencias entre los sistemas de acogida y sus mecanismos de protección. Su situación permitió activar un régimen de «protección colectiva» que contrastaba con los procedimientos individuales a los que estaban sometidos muchos otros solicitantes de asilo, como los latinoamericanos. Las discrepancias en el trato, en algunos casos de manera más discreta (o inconsciente) que en otros, hizo fácil pensar que existían refugiados de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Los latinoamericanos, por ejemplo, bien podrían pertenecer a la segunda.
Lejos de cuestionar la solidaridad hacia los ucranianos, hay que preguntarse por qué esa misma disposición no siempre alcanza a quienes huyeron otras tragedias. Estas diferencias en el tratamiento, las fallas del sistema, el estancamiento de ciertos grupos y su marginación y estigmatización pueden converger en un círculo vicioso que termina por profundizar las desigualdades entre unos refugiados y otros, y en consecuencia la percepción general hacia ellos.
Mientras tanto, el deterioro mundial de la democracia y de los derechos humanos se traduce en más conflictos, más atrocidades, más bocas hambrientas, más familias desesperadas, más personas que buscan protección y que se encuentran con una Europa desgastada, cansada y asustada por el vecino de al lado (algo parecido a vivir a las faldas del volcán Nevado del Ruiz) y por la incertidumbre de su relación con un aliado cada vez más errático.
Europa, entonces, piensa ahora en su defensa y sus ciudadanos piensan en cosas opuestas: unos aterrorizados por el auge de la extrema derecha y otros por la crisis migratoria. En tiempos de caos, ¿cuánto espacio queda para pensar en quienes pronto necesitarán protección?
No me refiero enteramente a los refugiados de hoy, o a quienes esperan en centros de acogida o sobreviven a los naufragios del Mediterráneo o del canal de la Mancha, sino de los que todavía están en sus casas, haciendo su trabajo, investigando abusos de poder, haciendo periodismo, litigando en los tribunales, participando en política o defendiendo los derechos humanos, y que todavía no saben que pronto podrían verse obligadas a abandonar sus raíces.
A medida que se consolidan estas agendas autoritarias en Latinoamérica, la fricción con la sociedad civil puede empezar muy pronto a echar chispas. Esa resistencia, que en otros tiempos encontró apoyo en democracias extranjeras y organismos multilaterales, se enfrenta ahora a un mundo que ya no reconocemos del todo, aunque sigamos dando por sentadas muchas de sus garantías. Hasta podríamos compararlo con bajar corriendo por las escaleras sin saber que ya no está la barandilla: un paso en falso y una caída sin fondo.
Si avanzan las agendas de los reyes fotocopiados, ¿adónde irán los que hoy son ciudadanos y mañana serán desplazados? ¿Adónde irán los periodistas, los jueces, los sindicalistas, los estudiantes, los activistas, los artistas y sus familias? ¿Qué país estará dispuesto a acoger a los refugiados de un mundo cada vez más hostil, cada vez menos democrático?, ¿acabarán México y Brasil recibiendo refugiados?, ¿qué tuvieron que padecer los venezolanos durante los últimos diez años de diáspora? Esta pregunta debería preocupar también a quienes hoy trabajan para defender la democracia sólo en su rincón del mundo. Sin democracia no hay derechos humanos, y el asilo político es uno de ellos.
