Como pequeños parroquianos atados a nuestra fe y a nuestra propia historia, seguimos mirando el país como si el mundo terminara en nuestras fronteras. Afuera, sin embargo, algunos de los hombres más poderosos comienzan a sentir el peso de los tribunales. Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu enfrentan órdenes de captura de la Corte Penal Internacional. Por primera vez en mucho tiempo, quienes gobiernan las grandes potencias o cuentan con su protección empiezan a mirar hacia La Haya.
Las órdenes no son simbólicas. Putin y María Lvova-Belova son señalados por la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos. Otros altos funcionarios y mandos militares rusos tienen órdenes de captura por ataques contra bienes civiles, daños excesivos a la población y otros actos inhumanos. A Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant la Corte les atribuye presunta responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, entre ellos el uso del hambre como método de guerra, el asesinato, la persecución y otros actos inhumanos.
Trump no enfrenta hoy una orden semejante, pero tampoco puede afirmarse que las decisiones tomadas desde la presidencia estén condenadas al olvido. Podría responder algún día por crímenes internacionales. Lo difícil no sería aceptar que un presidente puede cometerlos. Lo audaz, y casi imposible, sería conseguir que la Corte Penal Internacional o cualquier tribunal dispuesto a juzgarlo sobreviviera al intento.
Hoy existe una reacción política contra la Corte Penal Internacional que se intensifica cuando sus decisiones afectan intereses geopolíticos relevantes. La ofensiva se endurece cuando una investigación alcanza aliados estratégicos, compromete a dirigentes en ejercicio o deja de recaer únicamente sobre actores sin protección geopolítica. En ese punto se agota la retórica sobre el derecho internacional. Los Estados aceptan la justicia mientras no altere sus alianzas ni alcance a quienes consideran propios.
La Corte Penal Internacional nació de una promesa formulada en Núremberg, mientras se juzgaban las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Quienes ordenan o ejecutan los crímenes más graves deben responder personalmente, incluso si gobiernan un Estado y actúan amparados por sus leyes. Aquellos juicios, sin embargo, dejaron una sombra que todavía acompaña a la justicia internacional, pues fueron los vencedores quienes juzgaron a los vencidos. Después de décadas de parálisis, Yugoslavia y Ruanda demostraron que no era posible improvisar un tribunal después de cada matanza. El Estatuto de Roma, aprobado en 1998, quiso dejar atrás esa justicia ocasional y levantó una aspiración que sigue pendiente, alcanzar no solo a quienes pierden la guerra o el poder, sino también a quienes logran conservarlos.
Durante buena parte de su historia, la Corte fue tolerada mientras sus procesos recaían sobre jefes de milicias, dirigentes de Estados débiles y responsables sin capacidad real de devolver el golpe. Sus condenas se concentraron en África y el sistema internacional pudo exhibirlas como prueba de que los grandes crímenes no quedarían impunes. La tensión cambió cuando las órdenes alcanzaron a presidentes en ejercicio, aliados militares y hombres todavía rodeados de poder.
La justicia penal internacional vive una crisis sin precedentes. A la lentitud de sus actuaciones se suma un dato que pesa sobre la propia Corte. Después de más de veinte años de funcionamiento, las 14 personas condenadas hasta ahora son africanas. La institución ha abierto investigaciones fuera de ese continente, expedido órdenes contra dirigentes rusos e israelíes y extendido su mirada hacia otros escenarios, pero al momento de condenar el mapa sigue siendo el mismo. Podrán invocarse dificultades probatorias, falta de cooperación o la debilidad de los Estados investigados. Aun así, el resultado es políticamente difícil de defender.
La fragilidad estructural de la Corte también ha limitado su capacidad de actuar. No tiene policía, no controla territorios y no puede ejecutar por sí misma una orden de captura. Para obtener pruebas, proteger testigos, detener acusados y sostener su funcionamiento depende de la cooperación de los Estados, incluso de aquellos cuyos gobernantes puede terminar investigando. Tiene autoridad para señalar a los poderosos, pero no los dientes para hacer cumplir sus decisiones ni la fuerza necesaria para defender a quienes las adoptan.
A esa debilidad se sumó la destitución de Karim Khan, decidida el 24 de julio de 2026 por 82 de los 125 Estados parte, después de que se considerara acreditada una falta grave y el incumplimiento de sus deberes. La decisión dejó a la Fiscalía sin titular y abrió una sucesión compleja en medio del momento más hostil que ha enfrentado la Corte. El episodio demuestra que la institución puede juzgar la conducta de sus propios funcionarios, pero también golpea su autoridad y la obliga a reconstruir su liderazgo mientras desde afuera intentan reducir todavía más su margen de acción.
También comenzó a abrirse una grieta entre los Estados parte. Burkina Faso, Malí y Níger iniciaron formalmente su retiro del Estatuto de Roma, y después se sumaron Venezuela y Chad, todos bajo el argumento de una Corte parcializada y concentrada en el Sur Global. No existe todavía una desbandada, ni mucho menos un consenso contra la institución. Pero cada salida erosiona la cooperación, alimenta el discurso de quienes la presentan como un tribunal ajeno y deja abierta la posibilidad de que otros gobiernos conviertan la soberanía en una puerta de escape frente a la justicia internacional.
A esa fractura se suman las palabras recientes de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien dejó claro que Washington no se limitará a desconocer las decisiones de la Corte. La ofensiva ya venía tomando forma con la inclusión de jueces y fiscales de la CPI en la lista de personas bloqueadas de la OFAC, el mismo instrumento financiero utilizado para aislar a terroristas, narcotraficantes, funcionarios corruptos y responsables de graves amenazas a la seguridad estadounidense. No fueron sancionados bajo las mismas causas, pero sí expuestos al mismo poder de exclusión. Llevar a jueces y fiscales internacionales a esas listas por investigar a gobernantes y aliados de una potencia tiene una carga política difícil de disimular.
La CPI recibió el respaldo de buena parte de Occidente cuando expidió órdenes contra Vladimir Putin. La reacción cambió cuando alcanzó a Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, o cuando se atrevió a examinar posibles crímenes relacionados con ciudadanos estadounidenses. Frente a Netanyahu, Washington dejó de hablar de justicia y comenzó a hablar de extralimitación, soberanía y persecución política. Las órdenes expedidas en noviembre de 2024 contra los dirigentes israelíes terminaron convertidas en el centro de la confrontación. La justicia internacional parece aceptable cuando recae sobre los adversarios, pero se vuelve intolerable cuando toca a los aliados.
La legitimidad de la justicia internacional no depende únicamente de la independencia de sus jueces, sino de que los Estados acepten sus decisiones cuando recaen sobre sus propios aliados. Una Corte sometida a sanciones cada vez que toca intereses estratégicos termina convertida en un tribunal condicionado por la fuerza. Necesita reformas, mayor eficacia y menos selectividad. Lo que no necesita es que los investigados, sus socios o sus protectores terminen escribiendo las reglas de su propia impunidad.
Colombia no está por fuera de esta disputa. La Corte Penal Internacional cerró el examen preliminar sobre el país confiando en que el Estado cumpliría los compromisos asumidos con la justicia transicional y permitiría que la JEP investigara, juzgara y sancionara los crímenes más graves del conflicto. Esa confianza no fue un cheque en blanco. Supuso que las decisiones de la jurisdicción contarían con recursos, respaldo institucional y condiciones reales de ejecución.
En la actualidad se viene construyendo un rechazo político que puede dejar de ser discurso y comenzar a traducirse en obstáculos. El riesgo está en que la JEP se desfinancie o que el Gobierno utilice su poder para impedir que sus decisiones produzcan efectos. En ese momento dejará de ser una controversia interna. La pregunta entonces será inevitable. ¿Qué ocurrirá si el mismo Estado que prometió juzgar los grandes crímenes comienza a impedir que sus propias sentencias se cumplan?.
La Corte puede ser lenta, selectiva e insuficiente. Puede reformarse y debe hacerlo. Lo que no puede permitirse es que los Estados castiguen a los jueces, desconozcan las órdenes y abandonen el sistema cada vez que uno de los suyos queda bajo sospecha. Desde Núremberg se prometió que el poder no volvería a servir como refugio para los grandes criminales. Si la justicia penal internacional termina aceptando que las superpotencias y sus aliados están por fuera de su alcance, habrá renunciado a la razón misma por la que fue creada.
