Colombia lleva décadas negociando con grupos armados. La paz sigue siendo la prioridad más urgente del país. De ella dependen nuestra estabilidad y buena parte de la viabilidad de la nación. Pero ningún gobierno puede reducir la presión militar sobre una organización criminal sin garantizar, al mismo tiempo, verdad, justicia, reparación, no repetición, control territorial legítimo y protección efectiva de las comunidades.
Un gobierno no puede sentarse hoy con un grupo armado ilegal como si estuviera en los años setenta u ochenta, cuando varios Estados latinoamericanos creían que podían cerrar conflictos mediante leyes de amnistía, pactos de silencio o acuerdos políticos blindados bajo la palabra soberanía.
Ese mundo terminó.
La Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el bloque de constitucionalidad, los derechos de las víctimas y la justicia transicional le pusieron límites jurídicos a la política. Antes se pensaba que el Estado podía conceder casi todo en nombre de la paz. Hoy no. La paz moderna no se firma solo con voluntad política. Se construye con filigrana jurídica.
No basta con que un acuerdo reduzca la violencia. También debe respetar los derechos de las víctimas, evitar la impunidad y no convertir la desescalada militar en licencia para que un grupo armado consolide control territorial.
Las investigaciones periodísticas reveladas en los últimos días sobre los audios atribuidos al entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, volvieron a poner el tema sobre la mesa. Según esas grabaciones, en septiembre de 2022 se habría hablado con voceros del Clan del Golfo sobre frenar bombardeos, desescalar operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia. Rueda ha negado que hubiera una negociación formal o acuerdos para limitar el uso de la fuerza.
Las investigaciones dirán lo que corresponda. Pero el solo lenguaje que aparece en esas conversaciones ya deja una advertencia institucional. La paz no puede manejarse como conversación informal entre funcionarios y jefes criminales. Menos aún cuando está en juego la obligación del Estado de proteger a la población civil, perseguir delitos graves y mantener presencia legítima en los territorios.
La Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, nació con una promesa ambiciosa. Se presentó como política de Estado y afirmó que sus instrumentos debían buscar una paz estable y duradera, con garantías de no repetición, seguridad para todos, estándares contra la impunidad y protección de los derehos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Eso no era carreta. La propia ley cerraba la puerta a una discrecionalidad ilimitada del Ejecutivo.
No todo acuerdo para desescalar la guerra es ilegal. Un cese al fuego, una suspensión de operaciones ofensivas o una zona de ubicación pueden ser instrumentos legítimos dentro de una negociación. Nadie que conozca el conflicto colombiano puede sostener seriamente que la paz se consigue sin concesiones, sin tiempos difíciles y sin decisiones incómodas.
El riesgo aparece cuando esas medidas son secretas, no tienen verificación, no son recíprocas, no protegen a la población civil, debilitan la acción judicial, permiten la expansión territorial del grupo armado o se convierten en una forma indirecta de impunidad.
La Paz Total se presentó como un marco flexible para dialogar o someter a distintos tipos de organizaciones armadas. Esa amplitud podía ser una virtud. También era su mayor riesgo. Desde el comienzo existieron reparos constitucionales y advertencias sobre la mezcla entre grupos con naturaleza política, estructuras criminales de alto impacto y organizaciones dedicadas a economías ilegales.
Hoy esos reparos regresan con más fuerza.
El punto crítico está en la informalidad. Si los funcionarios del Gobierno hablan con actores criminales sin una ruta clara, sin lenguaje institucional, sin reglas visibles y sin controles suficientes, la frontera entre la política de paz y la omisión ilegal empieza a borrarse. El costo no lo paga solo el gobierno de turno. Lo pagan las comunidades, lo paga la Fuerza Pública, lo pagan las víctimas y lo termina pagando la justicia. Colombia ya conoce ese camino.
El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez sigue siendo un antecedente judicial y político inevitable. La Ley de Justicia y Paz fue el marco público de negociación. Pero alrededor de ese proceso también hubo zonas grises, colaboraciones soterradas, alianzas políticas y acuerdos que terminaron en investigaciones, condenas y escándalos institucionales. La paz no confiere inmunidad.
Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz de ese gobierno, cargó durante más de una década con la investigación por la desmovilización del frente Cacica La Gaitana, supuestamente de las FARC. Terminó absuelto. Ese dato importa. Pero también importa lo que enseña el caso. Un funcionario puede actuar en nombre de la paz y pasar años defendiendo sus decisiones ante los tribunales. Ese es el tamaño del riesgo.
Por eso el Acuerdo del Teatro Colón, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, tuvo otra arquitectura. Fue un proceso de paz exhaustivo con un actor específico, las FARC-EP, y derivó en un sistema de justicia transicional diseñado para un conflicto armado concreto, con competencia temporal definida y con reglas destinadas a otorgar seguridad jurídica sin borrar a las víctimas.
Como asesor, ayudé en la construcción de un marco jurídico para quienes participaron en ese conflicto armado. La finalidad era dar seguridad jurídica, pero sin desconocer los condicionamientos constitucionales, los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales del Estado colombiano.
La improvisación no tuvo cabida en esos diálogos. Hubo tensiones, críticas y decisiones difíciles. También hubo vigilancia internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, organismos multilaterales y distintos actores de la comunidad internacional siguieron de cerca las discusiones sobre justicia, responsabilidad penal y tratamiento de los futuros comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Nadie que conozca ese proceso puede decir que fue perfecto. Tampoco puede negarse que tuvo método, trazabilidad y discusión jurídica permanente.
Los ajustes eran constantes porque la tensión entre política y justicia era inevitable. De un lado estaba el derecho a la paz. Del otro, los derechos fundamentales de las víctimas y las obligaciones internacionales del Estado. La tarea consistía en ponderar esos intereses con el menor sacrificio posible para la justicia y con la mayor posibilidad real de terminar la guerra. Esa es la diferencia entre negociar la paz y administrar una zona gris.
Quienes hoy ofrezcan acuerdos sin marcos jurídicos transparentes y robustos no se están mirando en el espejo de la historia. La línea entre un error de buena fe en la búsqueda de la paz y una conducta que favorezca acuerdos criminales puede ser muy delgada. Tan delgada que un funcionario puede pasar los siguientes quince años explicando sus actos ante jueces, fiscales y organismos de control, aun si al final resulta absuelto.
La oscuridad que rodea algunos episodios de la Paz Total también debería servir para otra discusión. Colombia no puede debilitar su pertenencia al sistema interamericano de derechos humanos ni tratar los estándares internacionales como una camisa de fuerza. Esos controles no son adornos diplomáticos. Son garantías para las víctimas, límites para el poder y barreras contra la repetición de violencias.
Si el gobierno entrante decide convertir la crítica al sistema interamericano en una ruptura institucional, la búsqueda de la paz quedará más frágil, más reversible y más expuesta a la venganza política. Salirse de los estándares internacionales no fortalece la soberanía. La deja sola frente al abuso interno y frente a la arbitrariedad del gobernante de turno.
La historia de Colombia ya demostró que la paz negociada a espaldas de la Constitución, de las víctimas y de los tratados internacionales termina en los estrados judiciales.
Los populismos no pueden subordinar la paz a la demagogia del momento. Este país tiene derecho a buscar caminos dialogados para cerrar sus violencias. Pero también tiene derecho a exigir que esos caminos no sean secretos, no sean improvisados y no conviertan la esperanza de paz en otra forma de impunidad.
La paz no se negocia en la sombra. Y cuando se negocia así, tarde o temprano, deja de parecer paz.
