Los congresistas de Caldas, en particular los nuevos representantes a la Cámara, están haciendo ruido por estos días. Y lo hacen frente a sus actuales y potenciales electores, buscando que los medios de la región les hagan despliegue a sus boletines y comunicados que destacan sus acciones y propuestas. Así nos enteramos de que, además de sus esperables participaciones en reuniones, comisiones y plenarias, los representantes se han esforzado por presentar proyectos de ley entre originales y simbólicos.
Por ejemplo, el representante Juan Manuel Londoño propuso una ley que busca definir de manera más clara las condiciones y requisitos para quienes aspiren a portar armas, incluyendo un registro y seguimiento de las mismas. Asunto que parece ser del interés del gobierno nacional como parte de sus estrategias contra el delito, por lo cual puede tener buen camino en el legislativo, sin que sea un tema urgente en el país ni de gran relevancia para la región.
Por su parte, Manuel Orlando Correa se lanzó de una vez con tres proyectos de ley: uno que busca ampliar la protección de la palma de cera, que ya es árbol nacional. Esta propuesta parece más vinculada con las vecinas regiones de Salamina y del Quindío, pero no es claro que vaya a tener mucho impacto, pues ya la ley 61 de 1985 les otorgó a los gobiernos la posibilidad de adquirir predios para la conservación de la palma. Así que, por su inocuidad, podría pasar; o al contrario, se queda por no ser prioritario. Su segundo proyecto también se ubica en el ámbito del turismo, pretendiendo que la gastronomía tradicional sea reconocida como parte de la identidad cultural, y que se convierta en fuente de desarrollo económico. Todo suena muy bien, pero aún no sabemos los mecanismos e implicaciones reales del proyecto: parece más simbólico y sonoro que con efectos reales. Y el tercero sí tiene más especificidad en cuanto propone que se pueda descontar directamente del valor a pagar en impuestos la inversión que hagan quienes financien producciones de los gestores culturales o productores audiovisuales. Actualmente existe un incentivo tributario para tal fin, que tiene un uso relativamente bajo. Para el sector cultural esta iniciativa significaría nuevas opciones de financiación privada, pero como puede afectar los ingresos directos para el fisco, creemos que no pasará. Adicionalmente, quedaría por verse a qué productos culturales se les aplicaría, ante la clara tendencia del gobierno a priorizar los contenidos tradicionales, religiosos y conservadores.
Y finalmente, el representante Mateo Hidalgo ha sonado esta semana por el regaño de su jefe natural (Álvaro Uribe) ante un posible cambio de voto por puestos, algo ya desmentido por él y por el ministro de Hacienda. Muy acucioso entonces se ha sumado al proyecto —presentado por Correa— de hacer que Manizales sea declarado Distrito Especial del Conocimiento, la Sostenibilidad y la Innovación. Propuesta aún más sonora y con fácil calado dentro de sus electores locales.
De paso, el representante de oposición Santiago Osorio, muy ocupado en hacer contra propuestas a las iniciativas del gobierno, ya expresó su oposición al proyecto del distrito, por considerar que esa propuesta no sirve de nada. Solo falta que se haga sentir el representante Octavio Cardona, pero sabemos que este liberal abelardista tiene más “cancha”, más “espuelas” y más sentido de lo estratégico en el Congreso (como presidir la Cámara el próximo año), por lo que suponemos que no va a presentar este tipo de proyectos simbólicos, aunque seguramente apoya la iniciativa distrital, que como a casi todo el mundo le suena bien, mejor no oponerse. Vale decir que el senador caldense Wilder Escobar ya habló en favor del proyecto.
Ahora bien, sobre el tema de los distritos especiales, hay que decir que en el país existen 11 —aunque se habían declarado algunos más que luego resultaron inexequibles—, a saber: Bogotá-Distrito Capital, Barranquilla-Industrial y Portuario, Cartagena de Indias, Santa Marta y Santa Cruz de Mompox, distritos Turístico, Cultural e Histórico, Buenaventura-Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Medellín-de Ciencia, Tecnología e Innovación, Cali-Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, Riohacha -Turístico y Cultural-, Turbo-Industrial, Portuario, Logístico y Comercial-, y Barrancabermeja-Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso (¡Qué nombrezotes!).
Las condiciones y trámites para que se pueda declarar a la capital de Caldas como distrito especial se han venido cumpliendo y el proyecto de acto legislativo ya recibió aprobación en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara; pero por ser una reforma constitucional requiere de ocho debates. Ya en 2022 el senador Guido Echeverry —con apoyo del representante Juan Sebastián Gómez— intentó que se declarara a Manizales Distrito Eje del Conocimiento, propuesta que llegó hasta el tercer debate en Cámara en 2024. Para buscarle apoyo al proyecto actual, se ha utilizando como argumento las necesidades creadas por el reciente terremoto, aunque no parece clara la vinculación de esa posible declaratoria con la reconstrucción y recuperación económica de la ciudad. De hecho, ser incluido dentro de los Distritos Especiales no implica que se reciban nuevos recursos fiscales ni que el Gobierno nacional tenga que apoyar al nuevo distrito, pero sí puede generarle a la ciudad unas obligaciones burocráticas adicionales, como la posibilidad de tener alcaldes locales y crear instancias relacionados con las temáticas centrales del distrito. A pesar de ello, en la fila para buscar una declaratoria de distrito especial también están otras ciudades intermedias con sus argumentos y características, como: Cúcuta, Leticia, Ibagué, Popayán, Tunja y Pereira -que en 2022 se propuso ser distrito logístico y de servicios.
Veremos qué suerte corre el posible Distrito del Conocimiento, pero es posible que en el Congreso no nieguen ese “saludo a la bandera” para los manizaleños. Eso no se le niega a nadie, con mayor razón si a cambio de apoyar este tipo de proyectos se consiguen votos para aprobar otras leyes más importantes —o graves—, como las reformas tributarias.
