Un fantasma recorre al Eje Cafetero: el fantasma de la bomba social que se está incubando luego del terremoto del pasado 10 de agosto. El sismo dejó a miles de personas traumatizadas, en duelo, sin vivienda, sin trabajo o con las finanzas agrietadas, y a medida que pasan los días la desazón crece porque no se ven soluciones concretas, distintas a las que los ciudadanos pagan de su propio bolsillo. Y tampoco se ven voceros regionales reclamando la intervención pronta y decidida del gobierno nacional.
En una región en la que su clase empresarial y sus congresistas apoyaron de manera casi unánime a Abelardo de la Espriella en la reciente campaña política, la estrategia parece ser la de «hagámonos pasito» o «hay que dar un compás de espera». El problema es que para muchas familias no hay compás de espera posible.
La bancada muda
Hasta hace apenas unas semanas, cuando el presidente era Gustavo Petro, varios políticos regionales y líderes gremiales se mostraban activos en sus redes sociales y en sus espacios de opinión en los medios regionales, criticando los desaciertos del gobierno nacional (que fueron muchos) y cuestionando sus posiciones frente a temas de interés para Caldas, Quindío y Risaralda. Por ejemplo, el supuesto desmonte de algunos peajes de la Autopista del Café, anunciado por Gustavo Petro poco antes de las elecciones, motivó dardos de distintos sectores.
El presidente Abelardo de la Espriella se posesionó el viernes 7 de agosto, el terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto y el primer milagro regional de la llamada «patria milagro» consistió en que de manera súbita buena parte de quienes tenían voz para criticar la desidia del gobierno nacional hacia el Eje Cafetero, ahora, ante la mayor crisis que ha vivido esta región en lo corrido del siglo, al parecer se quedaron sin voz.
Podría decirse que no hablan porque no tienen nada que cuestionar ya que están satisfechos con el nuevo gobierno, o que comparten las mismas justificaciones que repiten otros: «es que el gobierno apenas está empezando y hay que darle tiempo» o «es que Petro dejó la olla raspada y no hay dinero para la reconstrucción».
No obstante, las críticas sociales hacia el gobierno nacional y su Fondo Milagro son numerosas, crecientes y provienen de distintos sectores. Lo llamativo es que las emiten ciudadanos comunes y voces con reconocimiento en su propio sector, pero no las plantean los políticos que hace poco invitaban a votar por ADLE, y de quienes se espera capacidad de interlocución y gestión frente a este gobierno.
Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira, escribe: «El drama social apenas comienza. Lo veo todos los días, lo siento en la boca de mi estómago».
Duberney Pareja, alcalde de Filandia, dice: «los municipios del departamento del Quindío se sienten solos y aislados del proceso de reconstrucción».
El analista Aurelio Suárez Montoya escribe: «Un estudio de la Cámara de Comercio [de Pereira] es dramático. De 14.260 registros consolidados, 10.884 unidades productivas (76,3% del total y el 96% micronegocios) sufrieron daños: 3.081 en infraestructura; 1.809 desplomadas; 4.123 en pérdida de inventarios y 4.930 en interrupción operativa. Ese cuadro puso en riesgo 51.716 puestos de trabajo por reducción o por suspensión. La situación más grave está en el centro de Pereira, con capacidad instalada reducida».
Omar Darío Cardona, exdirector nacional de Gestión de Desastres, dice desde Manizales: «Los desastres no son problemas de caridad pública ni de primeras damas de la nación. Los desastres son un problema del Estado: del impacto social y económico; de los pasivos contingentes».
Humberto Tobón, exgerente de la RAP Eje Cafetero, escribe desde Pereira: «Aunque el presidente De la Espriella ha visitado las zonas afectadas, su respuesta ha sido lenta y opaca: en lugar de asumir, liderar y financiar la recuperación de los municipios golpeados, ha trasladado buena parte de la responsabilidad a departamentos, alcaldías, damnificados, sector privado y cooperación internacional».
El alcalde de Armenia, James Padilla García, dice: «Pese a la visita del presidente y del vicepresidente al departamento, no se ha concretado ningún compromiso claro con el Quindío. Ha pasado un mes y una semana y no hemos tenido comunicación».
Ángela Molina, gestora cultural de Pereira, explica: «el sector cultural está en el limbo. Se cayó la infraestructura y a eso se suma el recorte del Ministerio de Cultura».
El diario La Patria escribió en su editorial del 10 de septiembre: «no se conocen los avances del plan de reconstrucción y en qué fase están; además cuáles son los lineamientos y parámetros que se van a aplicar».
El caricaturista Mario Hernando Orozco, conocido como Mheo, dibuja desde Pereira: «veo el fondo, pero no el milagro».
La lista de reclamos y cuestionamientos es larga. El Fondo Milagro anunciado por la Presidencia de la República para la reconstrucción aún no arranca. En su junta directiva no hay representantes de esta región. No hay información pública, clara y transparente sobre el monto de las donaciones que se recaudaron a través de la fundación de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella, y tampoco se sabe con qué criterio se decidirá cómo se van a invertir esos recursos. No se conoce un cronograma de trabajo ni una hoja de ruta que permita identificar cuál es el plan general de la reconstrucción, desde el gobierno nacional, y no se sabe cuánta plata va a poner el gobierno nacional para este proceso, ni de dónde va a salir el dinero.
El 21 de agosto el gobierno nacional anunció que el empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo sería el gerente del Fondo Milagro, y desde ese entonces solo ha venido una vez a Manizales: el 25 de septiembre estuvo un rato en la ciudad y se reunió con el gobernador de Caldas, el alcalde de Manizales, algunos congresistas y representantes gremiales.
Y mientras esta incertidumbre crece y la sociedad civil se pronuncia, la inmensa mayoría de congresistas de la región guardan silencio. Si el país no dimensiona aún el tamaño de la catástrofe que sufren Pereira, Manizales y distintos municipios del Eje Cafetero, se debe en parte a que los voceros elegidos democráticamente por los ciudadanos de esta zona del país para representar sus intereses ante instancias nacionales como el Congreso y el Ejecutivo han optado por manejar bajo perfil.
¿Por qué? «Nadie le quiere declarar la guerra al gobierno en el primer año”, le dijo un congresista del Centro Democrático a La Silla Vacía, para justificar la fácil aprobación del presupuesto presentado por el gobierno en el Congreso. Al parecer esa máxima también aplica en el ámbito regional, con algunas particularidades.
La primera es que a diferencia de regiones como el Caribe, que tiene una potente bancada costeña, en Caldas, Quindío y Risaralda no existe ni asomo de algo que pueda denominarse bancada cafetera. Al contrario, ha sido tradicional que los intereses departamentales se contrapongan en aspectos como la ubicación de peajes en la Autopista del Café y los proyectos aeroportuarios, entre otros asuntos. La presentación de proyectos de interés regional, construidos y consensuados entre los congresistas de los tres departamentos ha sido excepcional, por no decir que inexistente, y eso se evidencia en este momento: por su cercanía, existe una gran interdependencia entre Armenia, Pereira y Manizales, y una crisis prolongada en Pereira puede sacudir a toda la región, pero el discurso de los congresistas suele centrarse en su frontera departamental, y no en una mirada regional.
Pero además existen matices locales. Quindío no tiene senadores, y sus tres representantes son John Edgar Pérez, de Cambio Radical, quien estuvo jugado con ADLE desde la primera vuelta, y el cafetero Jesús Bedoya, del Centro Democrático. La tercera curul quedó en manos de Miguel Grisales, del Pacto Histórico, quien apenas debuta en el Congreso.
En Risaralda el comentario de las últimas semanas ha sido que el alcalde de Pereira no habla con el gobernador de Risaralda. El alcalde Mauricio Salazar es esposo de la senadora María Irma Noreña y padrino de la representante Franyela Bermúdez, ambas del Partido de la U, mientras que el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, es hijo del exsenador Diego Patiño Amariles, muy cercano al expresidente César Gaviria Trujillo. Aunque el gobernador y el alcalde desmintieron hace poco que existieran roces graves entre ellos, es evidente que no hay articulación entre Alcaldía y Gobernación para atenderla la calamitosa situación que padecen Pereira y Risaralda.
María Irma Noreña, la esposa del alcalde de Pereira, apoyó a ADLE en la campaña. Los otros dos senadores risaraldenses son María Eugenia Londoño, del Pacto Histórico, quien acaba de llegar al Congreso, y Luis Carlos Rúa conocido como «Elefante Blanco», de ASI. Elefante Blanco, también debutante, dijo en campaña que no apoyaba a Iván Cepeda ni a ADLE, pero recientemente le han criticado algunas posiciones favorables al gobierno nacional, como su voto favorable para realizar la posesión presidencial en el Cauca.
De los cuatro representantes a la Cámara por Risaralda, tres son afines a ADLE: Franyela Bermúdez, la ahijada del alcalde de Pereira; Freddy Arias, de la cuerda del gobernador, y José Durguez Espinosa, del Centro Democrático. La cuarta curul quedó en cabeza de Fernando Arias Cardona, del Pacto Histórico, quien ostenta por primera vez una curul.
Caldas solo tiene un senador, Wilder Escobar, de ASI, que apoyó a ADLE en campaña. De sus seis representantes a la Cámara, cuatro están firmes con ADLE, el liberal Octavio Cardona;, Manuel Correa, de ASI; el conservador Juan Manuel Londoño, quien heredó la curul de su hermana Juana Carolina Londoño, y Mateo Hidalgo, del Centro Democrático. Las únicas voces críticas al gobierno nacional son las de Santiago Osorio, del Partido Verde (en tensión permanente con los líderes del Pacto HIstórico en Caldas), y Carlos Mario Calvo, quien ganó su curul por la circunscripción indígena.
Así las cosas, aunque ADLE ganó por escasos 250.000 votos en todo el país, en el Eje Cafetero la representación política en el Congreso le da una ventaja mucho más holgada: de los 17 congresistas del Eje Cafetero, entre senadores y representantes, solo cinco se muestran en abierta y clara oposición a su gobierno y de ellos cuatro apenas están estrenando curul. Entre los otros 12 congresistas está Elefante Blanco, que se define como «independiente», y el resto es abiertamente afín al proyecto de la Patria Milagro, aunque con distintos niveles de interlocución. Buena parte de los congresistas regionales continúa en su empeño de intentar acercarse al nuevo gobierno, o no desea romper relaciones que van desde incipientes hasta inexistentes.
Además, los congresistas están ocupados en otra tarea: la de empezar a pensar en cómo armar las listas municipales y departamentales para las elecciones del próximo año, y en vigilar que quienes van a estar ahí renuncien rápido a sus cargos para no inhabilitarse. Para ese interés electoral es prioritario cuidar las cuotas burocráticas que aún conservan, o aspirar a nuevas, y por eso casi nadie quiere arañar al tigre.
La bomba social
Así como los daños causados por el terremoto fueron distintos en Caldas, Quindío y Risaralda, la respuesta institucional de las autoridades locales también ha sido diferente. No obstante, en términos generales en toda la región hay réplicas asociadas al terremoto, que van desde los cuidados de la salud mental hasta la el desplome en el flujo de turistas, y hay preocupación por la situación económica y social de Pereira, cuya devastación es gigantesca.
En los tres departamentos hoy son numerosos los colegios y universidades con daños en la infraestructura, hay instituciones educativas evacuadas y cientos de estudiantes de colegios y de universidades públicas y privadas están recibiendo clases de manera virtual. En Pereira y otros municipios hay clínicas y hospitales cerrados, lo cuál agrava el déficit de camas, que ya era limitado antes del terremoto. Son numerosos los restaurantes y almacenes que sobreviven a media marcha en carpas. La actividad cultural y deportiva se ha visto seriamente golpeada, tanto por daños en las sedes como por recortes en los recursos: el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira está cerrado, al igual que los teatros Santiago Londoño y el Fundadores, en Manizales. Durante varias semanas Pereira estuvo sin salas de cine, y apenas una ha podido volver a funcionar. La situación económica de muchas familias es angustiosa, sin contar con las tensiones que genera la convivencia forzada con parientes que tenían espacio independiente antes del terremoto, y que ahora ven limitados o anulados sus espacios de privacidad. Hay un fenómeno evidente de migración de personas que han salido de Pereira hacia Manizales y otros municipios del Eje Cafetero, aunque aún no hay cifras que permitan dimensionar el tamaño de ese desplazamiento, y tampoco se conocen hasta ahora cifras de deserción escolar luego del terremoto, ni cifras actualizadas de desempleo.
Este jueves se desplomó una edificación en el centro de Pereira, que había sido evacuada luego del terremoto y dos personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Esta noticia no se recibió como un hecho fortuito sino como una advertencia, porque en distintos municipios hay construcciones en similar condición, que en cualquier momento se pueden derrumbar. Aún son muchas las edificaciones agrietadas que están a la espera de ser demolidas, o de nuevas evaluaciones técnicas que permitan reforzarlas para volver a ocuparlas, o de una respuesta por parte de las aseguradoras, que le brinde a los propietarios la información necesaria para tomar decisiones.
Mientras esto ocurre el Servicio Geológico Colombiano reportó que este viernes ya iban 336 réplicas del terremoto del 10 de agosto, que se suman a 1580 eventos de un nuevo enjambre sísmico en el Chocó. Ante este panorama, las demoliciones o los reforzamientos estructurales, según corresponda, son prioritarios.
La Alcaldía de Manizales les está pagando a los damnificados registrados un subsidio mensual de $357.000, un monto que puede representar poco, porque no alcanza ni para alquilar una pieza, pero es muy superior a lo que están recibiendo damnificados de otras poblaciones. Hay municipios que aún no han desembolsado la primera ayuda en efectivo.
El temor generalizado es que el principal esfuerzo económico para la reconstrucción recaiga en los departamentos y municipios, que no tienen el músculo financiero para atender una catástrofe de esta magnitud. En desastres anteriores (el terremoto de 1999, Gramalote, la ola invernal de 2010 y 2011) fue el Gobierno Nacional el que financió directamente los procesos de reconstrucción. En esas ocasiones también se dijo que no había de dónde sacar recursos, pero aún así se sacaron.
Por ejemplo, el terremoto del Quindío ocurrió el 25 de enero de 1999 y el 11 de febrero, es decir dos semanas y media después, el gobierno nacional, ya con el Forec conformado y operando desde Armenia, anunció que pasaría de cobrar un tributo de un 1 por mil (creado en 1998) a un 2 por mil para todas las transacciones financieras. Ese punto adicional se destinó para la reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto.
El Forec manejó un presupuesto de $1,7 billones que ejecutó con un sistema de contratación de empresa privada: 1 billón provino directamente del presupuesto ordinario nacional y el resto correspondió a créditos externos con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y KFW. La cooperación internacional representó apenas el 1% del presupuesto.
Han pasado siete semanas del terremoto del 10 de agosto y el ministro de Hacienda insiste que no habrá nuevos impuestos. En consecuencia, no es claro de dónde saldrá la plata de una reconstrucción que es significativamente mayor porque la zona devastada es mucho más grande. La ONU a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calcula que los daños materiales causados por este terremoto ascienden a US$14.000 millones de dólares, que equivalen a $44 billones de pesos colombianos, cifra es muy superior a los $30 billones que estimó la Presidencia de la República el 17 de agosto.
Así como las cifras sobre cuánto vale la reconstrucción se han ido incrementando, también han aumentado los datos sobre el número de afectados. El último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), del pasado viernes 2 de octubre, indica que el terremoto dejó 778.285 personas damnificadas y hay 364.666 familias en el Registro Único de Damnificados. Las viviendas averiadas, destruidas y no habitables suman 242.945. En cuanto a las víctimas, las cifras del 9 de septiembre, las últimas entregadas por la UNGRD, hablan de 331 personas fallecidas, 4.505 heridas, 111 desaparecidas y 364 rescatadas.
Aunque las cifras de la UNGRD son los números oficiales, hay algunas dudas. En cuanto a las víctimas, a las 331 reportadas también por Medicina Legal hay que sumar el nombre de Ana Ernestina Buitrago Chica, quien quedó herida en la basílica de Cartago y murió un mes después. Sobre los desaparecidos hay aún más inquietudes, como lo contó Cuestión Pública, pues la UNGRD reporta 111 en todo el país mientras que un listado de la Alcaldía de Pereira habla de 120 personas solo en ese municipio.
A eso se suman las peticiones del gobernador de Risaralda y varios alcaldes y concejos municipales, como el de Dosquebradas, que vienen insistiendo en la urgencia de reabrir el Registro Único de Damnificados, porque precisamente por la situación de calamidad hubo personas que no alcanzaron a tramitar su ingreso al censo de afectados, antes del 24 de agosto, fecha en la que se cerró.
En cuanto a la infraestructura de vivienda, el déficit en el Eje Cafetero es enorme. En Caldas resultaron averiadas 22.500 viviendas y tan solo en Pereira la cifra asciende a más de 35.000. Se calcula que una de cada seis viviendas de Pereira quedó averiada, pero hay otros municipios pequeños, con una proporción de destrucción mayor: en Belalcázar el 30% de las viviendas están afectadas, en San José, el 28% y en Viterbo el 20%. Claramente los municipios de sexta categoría no tienen recursos para afrontar una catástrofe de esta magnitud, pero tampoco Pereira: a pesar del tamaño de su industria y su comercio, la capital de Risaralda no tiene forma de poder asumir el costo de su propia reconstrucción.
En Manizales el albergue que se habilitó en el Coliseo Menor para recibir a los destechados se cerró a las pocas semanas, porque todos fueron reubicados en distintas viviendas, incluyendo las casas de parientes, amigos o conocidos. Hoy son centenares los manizaleños que siguen viviendo en el cuarto que les brindó la suegra, el papá o el hermano. Se trata, por supuesto, de una solución temporal y de emergencia, que no puede sostenerse en el mediano plazo. El problema consiste en la dificultad de volver a independizarse porque el costo de la finca raíz, tanto para arriendo como para venta, se disparó.
El caldo de cultivo regional suma estrés postraumático, déficit de vivienda, desempleo, falta de espacios para la cultura, el deporte y el entretenimiento, desplazamiento a otros municipios, jornadas de estudio o trabajo virtuales, y sensación de que en el resto del país no se está dimensionando el tamaño de la emergencia. No hay claridades sobre hasta cuándo irá esta situación, ni cuándo los miles de afectados dejarán de llamarse «damnificados» y empezarán a reconstruir sus vidas.
Y a todo esto se suma la tensión política nacional. Las centrales obreras están convocando a una jornada de protesta nacional para el miércoles 14 de octubre y el gobierno presentó una propuesta de decreto para modificar las normas relacionadas con las garantías al derecho a la protesta social.
El terremoto de 7,4 ocurrió a las 7:34 a. m. del 10 de agosto y sus réplicas van para largo.
