En nuestro país, el estado parece ser manejado por coroneles, tenientes y sargentos, que asumen responsabilidades, obedecen sin chistar, les hacen el favor a sus jefes de cometer irregularidades, arbitrariedades y delitos, o simplemente se inspiran en lo que les han escuchado decir a sus superiores, sin que ellos —los jefes— queden directamente involucrados. Así, los que inspiraron, entusiasmaron, facilitaron, encubrieron u ordenaron este tipo de acciones quedan a cubierto, y es muy difícil encausarlos, acusarlos, procesarlos y condenarlos. Y las pocas pruebas que se pueden recabar son en contra de los segundones y no de los determinadores de los hechos. Al menos eso es lo que parece en los cuatro recientes casos que resumiremos a continuación.
En primer lugar, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de llamar a responder a ocho exmilitares por múltiples crímenes cometidos contra integrantes del partido Unión Patriótica (UP) y por violaciones de derechos humanos, torturas y desapariciones de integrantes de los grupos guerrilleros M19, EPL y FARC, entre 1985 y 1993. Claro, todo esto cometido por fuera de combate.
Los acusados son dos sargentos mayores y dos sargentos viceprimeros, al lado de tres coroneles y un general en retiro, que fueron integrantes de cuerpos de inteligencia militar. Los comportamientos delictivos de que los acusan incluyen estigmatización, vigilancia, amenazas, detenciones sin órdenes judiciales, torturas, desapariciones y asesinatos. Todo un curso completo de lo que no deberían hacer las organizaciones del Estado, pero que lo hacían y no sabemos si aún lo hacen —y si lo vayan a hacer aún más durante este gobierno muy amante del militarismo. Claro que tampoco son conductas o actuaciones que esperamos de los opositores al gobierno o quienes propongan cambios en el Estado —incluidos secuestros y terrorismo—, para que quede claro.
Lo lógico es suponer que los sargentos fueron quienes estuvieron más cerca o quienes directamente ejecutaron las acciones criminales, pues los soldados son poco entrenados y poco confiables para que se les deleguen esas responsabilidades; los coroneles “no se untan” (cruel pero literalmente) y los generales menos. Pero alguien le indica a alguien lo que hay qué hacer, o cómo hacerlo; o alguien presiona a alguien para que se logren resultados “como sea”.
Las consideraciones que hace la acusación mencionan la existencia de un “aparato criminal clandestino” dentro de esas instancias militares, lo cual puede ser o no: clandestino en cuanto no reconocido e ilegal, sí; pero clandestino en cuanto que nadie —de los superiores finales responsables— sabía que eso se hacía y cómo se hacía… no lo creo. En este “subcaso” solo se han podido configurar 33 víctimas, pero lo que han denunciado los familiares de víctimas y desaparecidos de la UP, y las sospechas fundadas, es que las víctimas son varios miles: 8.929, de las cuales 5.729 fueron asesinados o desaparecidos y 3.200 fueron víctimas de violencia no letal (fuentes: JEP y Defensoría del Pueblo). Los acusados en este proceso pueden reconocer y aportar información a la JEP y someterse a penas menores, del estilo de las que tanto se ha criticado que les impusieron a dirigentes de las exFARC, o de lo contrario se exponen a ser condenados a penas de prisión de hasta 20 años.
El otro caso que muestra otro tipo de “sargentos” y “coroneles” actuando en ámbitos no-violentos en contra de personas, pero sí contra la institucionalidad y contra la respetabilidad de las ciencias sociales y las humanidades es el del director del INCAH (Instituto Colombiano de Antopología e Historia) Camilo Pardo Noguera (de quien hablamos hace dos semanas en esta columna), y que duró en el cargo menos de tres semanas. Este director era un desconocedor casi total en antropología e historia, pero tan buen abogado que sabía cómo hacer el truco —legal— de cambiar el manual de funciones de la entidad, para poder acomodar allí a sus colegas, amigos, copartidarios o correligionarios en cargos de responsabilidad. El asunto fue tan obvio, inconveniente e improvisado, que se informó (“socializó”) del cambio al sindicato de ese instituto cuando ya los seleccionados para varios cargos directivos tenían el visto bueno y sus hojas de vida se habían publicado en el portal de futuros nombramientos de la Presidencia. La difusión de la decisión condujo a la lógica protesta del sindicato y de las organizaciones del sector como la de la asociación de antropólogos del país, quienes recogieron al menos 3.000 firmas en contra de esa decisión, además de lograr que el asunto fuera difundido por varios medios de comunicación.
Ante esto, el presidente de la Espriella tuvo que revocar la designación del director abogado (léase: “lo echó”) y ordenó la salida inmediata del director encargado —administrador de empresas que venía siendo jefe de Talento Humano en esa entidad— y quien había firmado lo que el nuevo director designado quería. Dice el mandatario, que esa modificación del manual se hizo sin conocimiento de la ministra de Cultura, a cuyo despacho está adscrito el instituto mencionado (permítanme dudarlo). Es decir, que este “recomendado de Viviane Morales” iba a acomodar a abogados, administradores y economistas, amigos o cercanos, en ocho puestos de nivel directivo, como la Subdirección de Investigación y Producción Científica, dependencia encargada de dirigir proyectos en antropología, arqueología e historia, de lo que el señor no tenía ni idea. Vale decir que los cambios en los requisitos para los cargos los hicieron con el visto bueno de la oficina de talento humano de la institución: imagínense al director de esa dependencia diciéndole que no al dirctor—abogado abelardista, recién nombrado —antitécnicamente. Los “sargentos” se equivocron, suponemos, al actuar sin avisar, sin concertar o convencer a ministra o presidente. Culpa de “coroneles”, solamente. Y ahora debemos esperar qué otro director llega al instituto de antropología e historia; tal vez un experto en estudios bíblicos o en arqueología cristiana, confiable abelardista, eso sí.
Otro “coronel” que se había equivocado y tuvo que recular es el canciller Omar Bula, quien se vió obligado a enviar una carta de arrepentimiento, pedido de perdón y promesa de no repetición al Partido Demócrata de Estados Unidos, por los comentarios ofensivos, acusadores y burlones que había expresado contra ellos, antes de que hiciera parte del gobierno de De la Esperiella (que lo nombró por esas opiniones) y antes de que los demócratas ganaran la mayoría que ejercerán desde enero en el congreos gringo. «El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso y me arrepiento de las palabras y las ofensas que hayan causado», reconoce el hábil señor Bula, ahora que su mandatario le instruyó que si no lo hacía el apoyo del gobierno estadounidene al colombiano iba a ser difícil. Eso pasa cuando uno es o pretende ser ciudadano de allá (de la Espriella lo es) más que de aquí, o a quien por haber estudiado y haber sido reesidente en Estados Unidos (el caso de Bula) se identifica con un partido de ellos (más que con uno de aquí), al punto de comprometer sus opiniones descalificando e insultando a los integrantes del partido contrario de allá.
Y para el cierre, una glosa sobre un cuarto caso de un “teniente” equivocado: el gerente del nada milagroso fondo para la reconstrucción posterremoto fue descalificado por el mimso De la Espriella por las evidentes altas remuneraciones que proyectaba pagar a los afortunados directivos (desde el mismo gerente hacia abajo), por administrar el mencionado fondo, que muy poco ha realizado, fuera de tramitar los contratos y planear su gestión, que nos iba a costar $750 millones mensuales. Supongo que ahora quedará por ahí em unos $500, después de la rebaja a regañadientes. Pobrecito, es que valora mucho su labor y la de sus allegados.
Así, los “sargentos”, “tenientes” o “coroneles” asumen las responsabilidades, pretendiendo que ni los asesinatos de integrantes de la UP, ni las torturas y despariciones de subversivos, ni las jugaditas tramposas para nombrar a amigos no-calificados en cargos directivos, ni las ofensas contra un partido gringo, ni la autoasignación de unos buenos salarios son responsabilidad de quienes las inspiraron, entusiasmaron, facilitaron, encubrieron u ordenaron: presidentes, congresistas ministros, altos mandos, dirigentes políticos…
