Hace unos días empezaron a conocerse denuncias sobre unas supuestas aberraciones sexuales del expresidente Gustavo Petro. El primero en ventilar el escándalo fue el gran payaso del periodismo colombiano, Daniel Samper Ospina, con todo y sus abolengos. Entrevistó —en su casa, al parecer— a la cuestionada Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE. Ésta hizo acusaciones muy graves sobre una red de prostitución en la Casa de Nariño, que incluía tráfico de influencias y “niños travestis”; sin presentar ninguna prueba. Luego vinieron las acusaciones de Vicky Dávila en la revista Semana, con una entrevista a una mujer que supuestamente prestó sus servicios sexuales a Petro a cambio de contratos en el gobierno. Recientemente apareció en varios medios de comunicación un vídeo donde se ve al expresidente conversar con la mujer e intercambian lo que parecen ser algunos besos. Están en una habitación mal iluminada, en privado y al parecer él no sabe que está siendo grabado. La acusación es doblemente grave porque la mujer afirma haber transportado treinta papeletas de cocaína para su cliente en un vuelo comercial. Semanas atrás habían sido los señalamientos de traficar drogas y armas contra la ex primera dama.
A la par que ocurren estos shows mediáticos, evidentemente fabricados y que la moral sexual y la intimidad de las personas vuelven a adquirir una importancia inusitada en el debate político, el Concejo de Medellín propone prohibir el trabajo sexual en el espacio público en el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad. La putofobia regresa bajo el propósito loable de desarticular las redes criminales que controlan el negocio, justamente atacando al eslabón más débil de la cadena: las propias mujeres explotadas. Es lo mismo que pasa con los campesinos que siembran coca: el castigo recae sobre las propias víctimas, pero el negocio queda intacto. Hay una obsesión con suprimir ciertas expresiones del espacio público. Esta purga religiosa, como una nueva inquisición, es análoga a la criminalización de las drogas y a la expulsión de un conjunto de obras incómodas del Museo Nacional. Los problemas nunca se solucionaron ocultándolos.
Por esa razón, tampoco voy a defender a Petro, sobre el que ya tenía suficientes reservas. Sin caer en el linchamiento moral urdido por la ultraderecha para acabar con su adversario, tampoco caeré en la ingenuidad de idolatrar al líder supremo de la izquierda colombiana. Es un ciudadano igual al resto y si incurrió en conductas inapropiadas o, peor aún, si cometió delitos de corrupción, debe darle explicaciones al país y especialmente a sus electores. No me interesa la vida privada del expresidente, pero al parecer hay pruebas de que Deicy Rodríguez, siendo bachiller, tuvo contratos en el Congreso de la República. Lo anterior no prueba nada, como las fotos de una camisa a cuadros roja y otras prendas de vestir, que supuestamente pertenecía a Petro y que circularon en redes. Pero de todos modos pienso que este episodio debería servir como un llamado a la autocrítica para el progresismo.
Es verdad que todos hemos tenido conductas o prácticas sexuales cuestionables en alguna ocasión. El gusto del expresidente por personas trans o por trabajadoras sexuales no debería escandalizarnos; se trata de una orientación o una preferencia sexual que, si es consentida y entre personas mayores, no tiene nada de ilegal. No hemos aprendido a separar la moral de la política, lo público de lo privado, la ética de la religión. En plena cruzada espiritual nos vuelven a instalar el pecado católico y aflora nuestro subconsciente más retrógrado, acusando desde una pretendida superioridad que no se sostiene. Es evidente que las máquinas de desinformación quieren construir un relato. Pero también es necesario que Petro reconozca sus errores y que por afinidad ideológica no encubramos situaciones de las que el país debe conocer y aprender, en un intento por cuestionar los abusos de poder y exigir transparencia en los funcionarios públicos.
Volviendo a lo de Medellín: es un insulto que no se haya tenido en cuenta en el debate a las directas afectadas: las personas que ofrecen actividades sexuales pagas en el espacio público. Esto no se puede reducir a un intento de limpieza social y al exterminio territorial de las mujeres en el trabajo de la prostitución. Esa medida sólo generaría condiciones más inseguras para ellas. Ahí es cuando la perspectiva abolicionista y el feminismo transexcluyente pierden de vista a las personas más oprimidas de la cadena productiva. El sexo es un negocio que implica la mercantilización de los cuerpos y es difícil distinguir una relación sexual de una transacción en el poscapitalismo gore. Sexo y contratos son dos cosas indistinguibles, pero eso no quiere decir que no esté mal utilizar el poder para poner el Estado al servicio de una persona. Sí: las industrias de la prostitución y del porno implican la explotación del cuerpo a través de la violencia: pero todos los trabajos implican lo mismo. Lo que pasa es que sobre los demás no existe la misma carga moral. Entonces no seamos mojigatas, morrongas y achapadas. Aquí lo que debemos exigir es un tratamiento ético de los conflictos públicos: regulación, normas, protección frente a los abusos de toda clase. Un mercado ilegal será siempre más rentable para los criminales. Lo único que hace la prohibición es mejorarles el negocio. Y de ñapa: si es tanto el déficit fiscal por la inversión social del gobierno anterior, en vez de cobrarnos más impuestos a la clase media, legalicen el perico y pónganle unos aranceles bien altos, que con eso financiamos la holgazanería y saciamos el apetito de la clase política y nos sobra plata. Y de paso acabamos con esta guerra absurda.
