El complejo de Auschwitz – Birkenau no fue construido inicialmente como un campo de concentración y exterminio. Fue establecido en 1940 por las SS como respuesta a la sobrepoblación carcelaria en Polonia luego de la ocupación nazi y con una proyección inicial de albergar diez mil prisioneros. Al finalizar la guerra, cerca de un millón trescientas mil personas habían muerto en este lugar.
No es el objeto de esta columna hablar acerca de la complicada historia de construcción del campo y su evolución hacia convertirse en el símbolo universal de la deshumanización en el contexto de la Segunda Guerra mundial. Sobre esto existen libros, documentales, películas y podcasts (recomiendo On Auschwitz, disponible en Spotify) que abordan este asunto de una manera mucho mejor y más interesante que lo que podría tratar aquí en estas breves líneas. Más bien quiero usar este trasfondo para hacer alguna referencia a las megacárceles como propuesta de respuesta a la situación de hacinamiento carcelario y también como herramienta de lucha contra la delincuencia en Colombia.
Auschwitz – Birkenau. Fotos de Luis A. Vélez-Rodríguez
Para esto, debo apelar a otro telón de fondo, ya contemporáneo: el CECOT. El Centro de confinamiento de terrorismo de El Salvador fundado en 2023 por el presidente de este país centroamericano, Nayib Bukele. Esta prisión tiene una proyección de capacidad para cerca de cuarenta mil internos, distribuidos en doscientas cincuenta y seis celdas con capacidad para ciento cincuenta internos, cada una. Cada celda está dotada con literas fijadas en concreto donde los internos duermen (¿?) sobre planchas metálicas, sin colchón ni sábanas. En cada uno de estos espacios están dispuestos dos sanitarios y un tanque en concreto para que los presos laven su ropa, sin poder contar con privacidad. Si bien no se conocen datos oficiales, por algunos informes no gubernamentales se estima que el espacio para cada preso es de 0.58 metros cuadrados.
Los estándares internacionales de la Cruz Roja internacional fijan como espacio mínimo por interno alrededor de 5.4 metros cuadrados por interno, en celdas individuales, o de 3.4 metros cuadrados por interno, en celdas compartidas. Asimismo, se considera que la capacidad máxima establecida para que los procesos orientados a la resocialización, a través de desarrollo de programas de trabajo y educación, ronda entre los 300 y los 500 cupos. Resocialización aparte, si el criterio es económico, de acuerdo con el arquitecto de prisiones Alejo García Basalo, en el contexto norteamericano se ha establecido que una prisión, para que sea eficiente, no debe superar entre 1300 y 1500 cupos.
En este sentido, una mirada al contexto estadounidense da cuenta de que las llamadas Super Max están muy lejos de los estándares pretendidos por la novísima proyección de la megacárcel salvadoreña. Algunos ejemplos tomados de internet: ADX Florence, en el estado de Colorado (lugar de reclusión de El Chapo Guzmán) posee una capacidad de 474 a 490 internos; Wallens Ridge State Prison, en Virginia tiene una capacidad máxima para 1200; Ohio State Penitentiary fue construida con una capacidad para 502 a 504: la Pelican Bay State Prison, en California fue diseñada con una capacidad para 2380 internos y cuenta con una unidad de alojamiento en seguridad para mantener a 1056 en celdas aisladas.
El modelo de Super Max ha sido blanco de múltiples críticas por su modelo represivo, los sesgos raciales por la desproporcionada intervención sobre población afro y latina en estos centros penitenciarios, así como porque su administración en muchos casos se encuentra en manos de corporaciones que han hallado una fuente lucrativa de negocio en la construcción y administración de estos complejos (recomiendo aquí el documental Enmienda XIII, disponible en Netflix).
Volviendo a la referencia de Auschwitz – Birkenau resalto que esta construcción partió de la búsqueda por parte de los nazis de una solución a la sobrepoblación carcelaria. Para el caso del CECOT estamos ante una decisión deliberada de hacinamiento orientada a la deshumanización, humillación y destrucción de la moral de las personas allí encerradas. ¿Significa que estoy equiparando el proyecto de megacárceles con el proyecto nazi? Por supuesto que no. La propuesta actual es mucho peor. El que un estado tome una decisión metódicamente calculada para construir un mecanismo de tortura, que en sí mismo toma el sufrimiento como un parámetro de actuación, sobre la base de conocimiento histórico de horrores adquirido, lo pone incluso en un nivel más bajo que al peor crimen cometido por cualquiera de los delincuentes que confine dentro de sus muros.
Pero como los argumentos de humanidad pesan poco en nuestros días, quiero llamar la atención de que la carga económica de este tipo de proyectos puede ser insoportable. El costo de construcción de una prisión no debe calcularse únicamente sobre la inversión en edificaciones. Trayendo de nuevo el diálogo con Alejo García Basalo en un encuentro reciente con miembros iberoamericanos de la International Penal Penitentiary Foundation – IPPF –, nos ponía de presente que la construcción sólo suele representar alrededor del 10% de los gastos reales de la puesta en marcha de un centro carcelario. Seguridad, alimentación, salud, diseño de programas y espacios para educación y trabajo, servicios de saneamiento básico, electricidad, comunicaciones, tecnologías, personal, entre otros representan los verdaderos gastos. Por demás, las prisiones suelen tener una vida útil de entre cuarenta a cincuenta años, con lo cual la previsión de inversión es descomunal.
En Colombia el debate sobre la cuestión carcelaria no se ha dado de manera franca y racional. A pesar de las continuas declaratorias de estado de cosas inconstitucional declarados por la Corte Constitucional desde 1998 no han recibido una atención seria en el debate público. Los gobiernos que han intentado promover alguna reforma orientada a ajustar las condiciones penitenciarias a los estándares mínimos internacionales, con reformas, a mi modo de ver, bien intencionadas pero modestas en su alcance, como las presentadas a finales del gobierno Santos y a comienzos del gobierno Petro, terminaron archivadas porque estos gobiernos decidieron no apostar su capital político en asunto tan impopular.
Cierro estas líneas con una cita, con perdón si al lector le parece larga, de Angela Davis: “la gente tiende a dar por hecha la existencia de las prisiones. Es difícil imaginar la vida sin ellas. Sin embargo, existe una resistencia a enfrentarse a las realidades que esconden, un miedo a pensar en lo que sucede adentro […]. Así que pensamos en el encarcelamiento como un destino reservado a los «malvados» [que] son, en la imaginación colectiva, representados como gente de color. La cárcel, de este modo, funciona ideológicamente como un emplazamiento abstracto en el que se deposita a los indeseables, descargándose de la responsabilidad de pensar sobre los problemas reales que afligen a aquellas comunidades de las que los reclusos son separados en un número tan desproporcionado. Este es el papel ideológico que juega la prisión; nos exime enfrentarnos seriamente a los problemas de nuestra sociedad, especialmente en aquellos producidos por el racismo y, de manera reciente, por el capitalismo global” (Davis (2016) ¿Reforma o abolición de las prisiones? En: Davis (2016) Democracia de la abolición. Trotta, pp. 34-35).
