En el año 2000, unos días después de haber sacado su cédula, a Rafaela la capturó el ejército en un operativo que hicieron en su casa. Entraron por el patio en helicóptero. Ella se acababa de levantar y su mamá estaba llorando. Al otro día salió su foto en los periódicos que anunciaban la captura de Elda Neyis Mosquera García, alias Karina.
Rafaela vivía con su mamá y le gustaba hacer desfiles y bailes con otras amigas trans, como ella. Jugaba baloncesto, era una mujer blanca y por si no queda claro con esta descripción, no era la comandante del Bloque 34 de las FARC (La verdad es arcoíris, López et al., 2019, p. 229). Karina estaba condenada a sesenta años de cárcel, por eso a Rafaela le hicieron todo tipo de exámenes e interrogatorios. Luego de 15 meses la liberaron y reconocieron su inocencia. Esta experiencia dejó marcas en ella, una consecuencia de esto fue nunca volver a su pueblo, donde ya se había esparcido el rumor de que era una guerrillera. La única explicación que Rafaela encuentra para que la inteligencia militar colombiana confundiera a una mujer trans, blanca, de 18 años con una afrocolombiana, cisgénero, de casi 40, es que tenían que dar resultados, y eligieron capturarla a ella porque suponían que nadie iba a extrañarla y que su cuerpo, de todos modos, estaba bajo sospecha. Hoy en día ella trabaja en una organización en la que ayuda a otras víctimas de “falsos positivos judiciales”.
La historia de Rafaela es una de tantas que están en el tomo “La verdad es Arcoíris”, de la Comisión de la verdad. Este texto explica que la violencia contra las personas LGBTIQ+ en el conflicto colombiano fue justificada de formas distintas por cada grupo armado; en muchos casos, incluso, fue una forma de reivindicarse frente a la sociedad. Para los paramilitares, la homosexualidad era una falta moral, para las FARC, un vicio burgués y para el Estado, un chivo expiatorio que reafirmaba cierto poder. Las recientes declaraciones del gobierno actual en contra de las luchas LGBTIQ+ pueden también leerse bajo este lente: son acciones populistas que pueden dar sensación de orden a algún sector de la sociedad sin necesidad de encargarse de mejorar, a largo plazo, las condiciones de vida y seguridad del país.
En varios pueblos, los familiares y vecinos informaban a los grupos acerca de gente “indeseable”, lo cual contribuyó a la persecución y tortura de personas con orientaciones sexuales o identidades de género que no se consideraban correctas. Los estereotipos que justifican la violencia homofóbica no son un invento del conflicto armado, sino un reflejo de la forma de pensar de muchos colombianos. Los tomos de la Comisión de la Verdad que hablan de género nos interpelan a todes, incluso si nunca tocamos un fusil, pues no hay un pasado mejor al que las víctimas deseen volver. Para llegar a algo parecido a la paz, las personas LGBTIQ+ necesitan poder ser libres, cumplir sus sueños y expresar lo que son sin temor.
Tal vez esto sea lo que le molestó tanto al exprocurador y ahora embajador de Colombia en la OEA Alejandro Ordoñez, que criticó el Acuerdo Final firmado por las FARC y el gobierno colombiano por tener una supuesta “ideología de género” que atacaba a la familia tradicional (quién sabe cuál es esa) y homosexualizaba a los niños. Recuerdo reírme del rayo homosexualizador en el 2016, y pensar que el reconocido quema libros no sabía leer. Ahora creo que el exprocurador entendió muy bien lo que dicen los acuerdos y que son otras las razones por las que quería estigmatizar el enfoque de género, que lo que hace es reconocer violencias que tocan de maneras diferentes a las mujeres, las personas trans y otros miembros de la comunidad LGBTIQ+, que a razón de su género u orientación sexual son más vulnerables a la discriminación.
