Este jueves se montó un gran show en Pereira para que el presidente Abelardo de la Espriella, en su quinta visita a la capital de Risaralda luego del terremoto del 10 de agosto, hiciera unos anuncios que se presentaron bajo el rótulo de «El Milagro de la Reconstrucción inicia». El balance real de lo prometido se parece más a los premios de un bazar de colegio que a una política pública nacional de atención de desastres.
Pereira tiene 110.882 damnificados inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD), que equivalen al 22,7% de su población. Hay 4.341 viviendas destruidas, 35.263 afectadas y 10.884 negocios con daños. La evacuación masiva de hogares ha generado problemas de hacinamiento en las casas de quienes reciben a parientes y amigos damnificados, así como desplazamiento forzado a municipios vecinos. Esta es de lejos la peor tragedia de la ciudad en sus 163 años de historia. Y ante estas cifras que amenazan la estabilidad económica y social de todo el Eje Cafetero, el presidente anuncia en tarima, micrófono en mano, unos auxilios que solo alcanzan para alimentar la indignación:
- Entrega simbólica de dos viviendas. (¿Se puede habitar una vivienda simbólica? ¿Qué es una vivienda simbólica?
- 10 beneficios para rehabilitación de viviendas (10, en una ciudad de 35.263 viviendas afectadas).
- 6 beneficios para recuperación de negocios (un informe de la Cámara de Comercio de Pereira indica que solo el 7,9% de los más de 10 mil negocios averiados tenía seguro y hay 51.716 empleos en riesgo).
- $1.500 millones para empresarios pereiranos (¿cuáles empresarios? ¿con qué criterio se eligen? ¿cuánto dinero para cada uno?)
En la tarima lo acompañan Jaime Andrés Uribe Tamayo, gerente del Fondo Milagro; que la sabiduría popular ya rebautizó como Fondo Miseria; Jaime Andrés Beltrán, el ministro de Vivienda playero; Mauricio Salazar, el alcalde de Pereira (con esposa senadora y ahijada representante) y un poco más atrás se ve también al gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa. Todos aplauden.
El público que permanece sentado también aplaude, no sea que al presidente le dé por reclamar, como hace unos días ante mandatarios locales, «Aplaudan, ¿por qué no aplauden?». Los asistentes aplauden firmes porque en su inmensa mayoría son funcionarios, representantes gremiales y empresarios interesados en «obras por impuestos», que lograron entrar al show con invitación previa. No se trata de una alocución en plaza pública ante un grupo grande de damnificados, porque el riesgo de rechiflas, cacerolazo y vuvuzelas sería enorme.
El presidente y sus ministros solo asisten a espacios controlados. No dan entrevistas ni ruedas de prensa, no se someten a preguntas incómodas ni a contrapreguntas, y muchos medios «copian y pegan» los videos que el equipo de comunicaciones del gobierno envía a los periodistas. Ante tanta uniformidad que replica en miles de pantallas un único ángulo informativo resulta útil ver lo que otros graban por fuera de la propaganda oficial.
En TikTok una ciudadana publicó un video en el que se burla de cuatro cuadras acordonadas con vallas para restringir la locomoción de los ciudadanos y proteger al presidente de la multitud pereirana, con una salvedad: no hay multitud. «Mire el show, y no hay gente», se ríe la mujer que graba. Lo que sí se ve es una caravana de carros y guardaespaldas que avanza veloz y cuando se detiene algunos espontáneos chiflan y gritan al presidente: «¿por qué no aplauden?». La ciudadana del video comenta: «Netflix, esto es Netflix, una película de Netflix».
El malestar de la calle contrasta con los aplausos de quienes permanecen en el recinto, pero no todo son risas. El presidente Abelardo de la Espriella dice: «aquí en Pereira y Dosquebradas estamos poniendo en marcha 300 subsidios para rehabilitación de vivienda. ¡Quite esa cara de seriedad, alcalde de Dosquebradas!, ¡Una risita hermano, está muy serio!», dirigiéndose a Roberto Jiménez Naranjo, el hermano de Macaco, paramilitar que hace años fue defendido por ADLE, cuando ninguno de los colombianos imaginaba que un día podría ser presidente.
En realidad hay pocos motivos para reír. Dosquebradas tiene 8.116 familias y 17.742 personas inscritas como damnificadas, 609 viviendas destruidas, 4.179 viviendas no habitables y 2.425 estudiantes en instituciones educativas afectadas. Estas son las cifras oficiales, pero el alcalde de Dosquebradas, el concejo municipal y el gobernador de Risaralda han insistido en la urgencia de volver a abrir las inscripciones en el Registro Único de Damnificados, que inicialmente se cerraron el 24 de agosto y luego se prorrogaron hasta el 4 de septiembre. De acuerdo con las autoridades locales, ante la magnitud de la catástrofe hubo personas que salieron de la región y no pudieron inscribirse de manera oportuna, así que quedaron por fuera de los registros y de las ayudas.
Pero si nos atenemos a las cifras consolidadas, las viviendas destruidas y afectadas en Pereira y Dosquebradas suman 39.604 y el presidente anunció que llegarán (llegarán en el futuro, no se sabe cuándo) 300 subsidios. Nada dijo sobre los restantes 39.304 necesitados en estas dos ciudades. Tiene razón el alcalde de Dosquebradas en no reír.
Como el estilo del presidente mezcla bullying con humor dicharachero, en otro aparte de su alocución volvió a referirse al alcalde de Dosquebradas y le dijo que se veía «más serio que un tacaño recién atracado». La palabra «tacaño» es oportuna para analizar el desempeño del Gobierno Nacional en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.
Un informe publicado el domingo pasado por El Tiempo, que es un medio «amigo» —dentro de la clasificación que hace Abelardo de la Espriella de medios amigos y enemigos— muestra que la reconstrucción se está haciendo con recursos de alcaldías y gobernaciones, y no del gobierno nacional. Según el medio bogotano, de acuerdo con la información que reposa en el Secop, con corte a 12 de octubre se habían celebrado 768 contratos para atender la emergencia, casi todos por contratación directa, por un monto global de $200.000 millones, de los cuales las alcaldías y gobernaciones han puesto $118.000, los privados $43.000 (en plata y en especie), y otros $19.500 vienen de crédito. ¿Y el gobierno nacional? Módicos $9.000 millones, más una cifra similar del Sistema General de Participaciones.
Una cosa es que las alcaldías y gobernaciones atiendan la emergencia inmediata que genera un terremoto, como por ejemplo la habilitación de albergues temporales y la recolección de escombros, y otra diferente es que tengan el músculo financiero para endeudarse a largo plazo, comprometiendo el futuro de los municipios, por asumir las labores de reconstrucción. La Constitución Política consagra en su primer artículo que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas, y esa solidaridad es la que exige que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad en la financiación de la reconstrucción, de la misma manera en la que todo el Estado colombiano usufructuó durante buena parte del siglo XX los beneficios derivados de la economía cafetera originados en esta región.
Lo que se ha visto hasta ahora es entregas simbólicas de vivienda, donadas por empresas privadas, o ejecutadas mediante «obras por impuestos», o anuncios de obras bajo esta modalidad. Este jueves en Pereira se anunció la reconstrucción de la Institución Educativa San Nicolás, en donde estudian 700 niños y jóvenes de Pereira. Se trata de una obra «financiada por Terpel en coordinación con el Fondo Milagro», según se lee en una comunicación de Terpel, empresa que también adelanta proyectos en Cali y Quibdó.
En el presupuesto general de la nación aprobado para 2027 no quedó un rubro específico para la reconstrucción. Así las cosas, a 77 días del terremoto no se sabe cuánto dinero va a poner el gobierno nacional para atender esta catástrofe, ni de dónde va a salir la plata. El PNUD estimó los daños en $42,5 billones de pesos y el último reporte de Fasecolda indica que van 101.133 reclamaciones y se estima que desembolsarán $6,8 billones. El ministro de Hacienda dice que no habrá más impuestos, el vicepresidente José Manuel Restrepo insiste en que los del gobierno anterior «dejaron al país jodido», y el ministro de Vivienda, en el congreso de Camacol, descartó la posibilidad de otorgar subsidios de vivienda. Me recuerdan a Francia Márquez, cuando decía «de malas». ¿Les cayó un terremoto?, de malas, miren a ver qué hacen porque plata del gobierno nacional no hay.
No hay plata, y ni siquiera promesas: no hay planes de vivienda ni cronogramas de trabajo. Se va anunciando lo que los empresarios privados dicen que se comprometen a hacer.
Lo que sí hay es show. Entregar llaves de cartón para viviendas simbólicas y programar las demoliciones de edificios como si fueran un espectáculo. El presidente avisa que el 15 de noviembre volverá a Pereira para la implosión del edificio Invico, todo un referente urbano de la ciudad. «Vamos a hacerla al estilo del Tigre», anuncia, y toma su walkie talkie para hacer una pantomima de lo que vendrá en tres semanas: «Procedan con la implosión de Invico», actúa el presidente en su rol de animador, y los que acompañan en la tarima ríen y aplauden, como si la demolición de un edificio fuera un atractivo turístico, un videojuego, un reality o una película de aventuras para público familiar.
Aplaudan ¿por qué no aplauden?
Ríanse. Una risita que están muy serios.
Esto es Netflix. Una miniserie de 208 semanas. Apenas van 11 y faltan todavía 197.
