En dos meses y medio, el gobierno de De la Espriella ha mostrado que se puede poner a los medios de comunicación a “comer en la mano”. O mejor a solo comer lo poco que provenga de su mano. Esto lo hace, en primer lugar, por medio de una veda en el acceso a las fuentes del gobierno. La inexistencia de entrevistas con ellas hace que deban quedarse solo con las declaraciones preparadas y los discursos y producciones audiovisuales debidamente editadas y revisadas por las oficinas de imagen corporativa o propaganda. Son formas de poner a los medios a depender de las gotas que le lleguen y poderlos controlar y presionar cuando sea el caso.
De esta manera logran que prime la única versión que el gobierno distribuye y que a falta de declaraciones ante la prensa, ruedas de prensa o entrevistas con los ministros, directores de la entidades del gobierno central, o con el mismo presidente, no hay oportunidad para aclaraciones, contrastaciones o ampliaciones. A los ministros y directores solo los ven en sus apariciones ante el Congreso o en breves mensajes muy preparados, y al Presidente en sus alocuciones y regaños a mandatarios locales y regionales; siempre sólo por medio del video que difunde su oficina de comunicaciones.
En el mundo de la información, los denominados medios tradicionales (radio, televisión y prensa) aún tienen presencia significativa aunque en decadencia, y los ciudadanos (adultos “promedio”) le otorgan mayor credibilidad a la televisión: cuando desean información el 41% prefiere la TV —al menos en un estudio realizado este año en México (ver: QuestionMark.com.mx)-, así sea entrando a verla a través del dispositivo móvil, y así utilicen también otras —varias— fuentes de las redes sociales.
En esta situación, la peor parte la están llevando las cadenas de radio que basaban gran parte de sus espacios informativos en vivo en las entrevistas telefónicas hechas con miembros de los gabinetes de los presidentes. Y como las audiencias esperan testimonios, declaraciones, voces e imágenes de las fuentes de autoridad, pues hay que pasar la grabación o transcribir lo que llega de la oficina gubernamental —generalmente la Presidencia. Al ser esa la fuente única, se tiende a percibir como la verdad… sin errores, sin titubeos, sin ambigüedades (no hay oportunidad para ellas) sin dudas generadas por preguntas de periodistas, y sin tener qué explicar los cómo: se pueden quedar solamente con el anuncio y el efectismo que este conlleve. En compensación a ello, están llamando a los congresistas del gobierno (y de la oposición) para que tengan oportunidad de explicar, adivinar o hipotetizar lo que quiere decir y lo que quiere hacer el gobierno central. Por ello, algunas veces obtienen declaraciones ingenuas y muestras de desconocimiento supino acerca del tema en cuestión.
El otro factor que se utiliza a favor del sesgo de la versión oficial es la posibilidad de presionar a los medios para que tengan una credibilidad ciega en el gobierno, una actitud pasiva ante él, y un bajo perfil en caso de dudas. Y lo hacen tanto a través de insinuaciones, silencios, o con la veda de cuñas, patrocinios o mensajes institucionales. Las empresas privadas de medios viven de la publicidad que se les contrata y un gran contratista de publicidad es el Estado todo, en particular el gobierno central. Así que es posible presionarlos y castigarlos, por ejemplo presionando —de forma abierta o velada— para que ciertos periodistas o caricaturistas no sigan siendo parte de su nómina.
En estas circunstancias los medios “no-amigos” (según el propio gobierno) se ven tentados (¿obligados?) a difundir sólo esas grabaciones, declaraciones y discursos que reciben de la fuente gubernamental, con la imposibilidad de preguntar y contra-preguntar al respecto. Y los medios “amigos” (clasificados por el mismo gobierno) despliegan su desinterés por contrastar, por darse la oportunidad de desconfiar; o simplemente asumen que todo lo que diga y haga el gobernante es lo correcto, lo único y lo necesario —en particular si se le agrega una crítica al gobierno anterior.
En forma paralela, con los medios de las llamada redes sociales, la situación es muy diversa, casi caótica, pues son una inmensa cantidad, en su mayoría pequeños y con todas las perspectivas. De estas redes y sus generadores de contenidos no está clara la tendencia, pues su lógica y relación con los usuarios o seguidores es compleja y variada. Lo que sí es claro es que el gobierno ha mostrado -desde la campaña- que maneja muy bien las expectativas intereses y emociones de gran parte de los usuarios de redes (mayoritariamente jóvenes, pero también de una creciente tercera edad), y que sabe que por esa vía se puede alimentar inmediatamente a un gran número de ciudadanos, que a su vez reenviarán lo que les guste -y reaccionarán ante lo que no les guste. Y está claro que buena parte de los consumidores de estos medios -en principio- no esperan un trabajo periodístico completo, serio y extenso, sino efectismo, emoción, imágenes impactantes y exageraciones verbales de la fuente.
El algoritmo no se equivoca: a las personas nos llega principalmente el contenido que hemos consumido antes, el que le hemos dado «Me Gusta», o sobre el que hemos escrito reacciones; es decir, recibimos más de lo mismo. Así, al ciudadano que era afecto a los planteamientos del candidato —ahora presidente— se le acentúa, se le realimenta, se le refuerzan sus percepciones y opiniones, y él —con ayuda del algoritmo— se seguirá envolviendo en el mismo círculo de contenidos y de opiniones favorables al gobierno. Así, esta semana oí a una señora que, luego de haber visto y escuchado el regaño y acusaciones que hizo el presidente De la Espriella a la gobernadora de San Andrés, le decía a una conocida suya que “eso es lo que el país necesita… ¿si viste que a los dos días detuvieron a unos políticos sospechosos, por orden del presidente?”. La señora integra y confunde asuntos, pero el efecto está logrado. Ella no se detiene a pensar que en Colombia a nadie se le puede detener por orden de un presidente, de un gobernador, ni de un alcalde. Y que la investigación de la Procuraduría es una cosa, el proceso ante Fiscalía otra, la orden de detención que pueda emitir un juez es otro asunto, y la posible condena será otro. La deprivación de información adecuada, contrastada, con diversidad de insumos y analizada lleva a confusiones y muchas veces a concesiones a favor de quien nos limita o nos censura.
Esta estrategia del gobierno (“censura sin balas” la llamaban en una columna de El Espectador) parece estarle funcionando bien en la etapa actual, en su debut, con las mayorías a favor de los proyectos de ley que está presentando y aún con una favorabilidad relativamente alta (49% de imagen positiva, según AtlasIntel -que se supone cercana a De la Espriella). Cuando pase la “luna de miel” y lleguen las crisis de imagen, los errores, la disminución de esa favorabilidad o circunstancias adversas en las votaciones de sus propuestas en el Congreso, es muy seguro que la estrategia puede variar. Ya veremos.
Para el cierre, debemos registrar con satisfacción que la Corte Constitucional acaba de confirmar que la iglesia católica debe dar a conocer los procesos que ha adelantado por pederastia, abuso o violación de que han sido acusados sacerdotes en Colombia, información que han venido solicitando unos periodistas que investigan esta problemática. Tema a propósito del cual me he preguntado por qué en los múltiples seminarios y conventos que hubo, y de las muchísimas parroquias que hay en la región son tan pocos los reportes de abusos. ¿Será solo suerte? (“Viva Cristo Reich” leí en algún mensaje, por ahí…).
