Los medios —o mejor los periodistas— no pueden ser amigos de las fuentes, o específicamente no se pueden comportar con ellas como uno se comporta con los amigos: celebrándoles, tolerándoles, tapándoles, creyéndoles todo sin verificar; o escondiéndoles sus mentiras o faltas, si llega el caso. Ese no es el papel de los periodistas como profesionales. No se trata de ser enemigos, contradictores ni opositores de una fuente, en particular de quien gobierna, sino de ser independiente frente a ellos. Por su parte, quienes dirigen o aspiran a gobernar los entes regionales o nacionales no pueden suponer que a los periodistas se les atiende, se les invita y se les trata amistosamente para que se los traten como a los amigos. Ni que simplemente se les compra o se les paga con la publicidad que se contrate en sus espacios (“amistad con uña”, decían los viejos). Paralelamente, un gobernante no puede castigar a los medios o a los periodistas que no les sean incondicionales, que cuestionen alguna ejecutoria, o que le den voz a la oposición.
Esa bajeza de retirar la pauta de los espacios “no-amigos” o presionar la salida de los periodistas independientes solo muestra un desprecio del mandatario por la democracia, de la cual los medios son parte, así sean gobiernistas; y con mayor razón si no lo son. Lo más grave sucede cuando la pauta o publicidad institucional o gubernamental es la base de la financiación de los medios regionales; puesto que ello les da un garrote aún más fuerte a los gobernantes municipales, departamentales o nacionales.
Y en la nueva ecuación de las audiencias de los medios, las cuotas de consumidores habituales de radio, televisión y prensa informativas son claramente minoritarias frente los números de seguidores de los medios digitales. Lo que hace que Incluso los medios tradicionalmente considerados fuertes, como el conglomerado de Caracol TV y Blu Radio y El Espectador, estén expuestos a ese tipo de tratamiento castigador o represivo, que los puede llevar a ceder ante la presión tácita o abierta del mandatario o dirigente de turno, o de sus subalternos.
En un medio radial —y por Internet—, como Blu Radio, que se ha ido quedado con la audiencia mayoritariamente centro-derechista (hoy gobiernista “abelardista”), es lógico que se pueda reducir la audiencia de un programa en el que se difundan también posiciones o actitudes más independientes y críticas frente al gobierno; con lo cual es posible que los anunciantes (privados o estatales) puedan dudar de si deben o no mantener su pauta en esos espacios. Por su parte, en teoría, la empresa radial como empresa privada con ánimo de rentabilidad (léase lucro) toma las decisiones que le puedan generar mayores ingresos, como cambiar el programa y mantener o no a los periodistas: es lo que tanto defienden los dueños de empresas en el sentido de la libertad de hacer con su dinero lo que les parezca mejor, mientras no violen las leyes. Son reacciones naturales en un entorno reglado por la inversión, la rentabilidad, y el mayor rendimiento de la inversión; mientras también muestran su poder, esperan que se les adule, y no se haga eco a quienes no estén de acuerdo con ellos o con el gobierno que ellos aprueban. Los demás ciudadanos podemos rechazar esto por ser discriminatorio y censurador, pero no porque sea ilegal.
Por otro lado, la pauta proveniente del gobierno —central o descentralizado— que se paga con dinero de todos los contribuyentes no puede ser instrumento de amedrentamiento y alineamiento político de los periodistas o de los medios. Y en consecuencia, uno esperaría que las empresas de medios puedan equilibrar, balancear y compensar unos espacios y unos momentos de coincidencia con las ejecutoria u opiniones de los gobiernos, con otros de distanciamiento o crítica frente a ellos; al igual que unas menores rentabilidades se pueden compensar con otras mayores. Pero tomar decisiones de sacar periodistas por obedecer al gobernante no es digno.
Un gobierno de un estado derecho no puede esperar ni imponer unanimidad o indiferencia de los medios ante sus acciones. La periodista Camila Zuluaga y el caricaturista Vladdo son los ejemplos de estos días, pues ella tuvo “mala relación” (fue crítica o no fue “amiga”) del candidato triunfador y ahora salió de su trabajo por la efectiva presión gubernamental. Y el caricaturista en mención cometió el grave error de cumplir con su función de ser burlón-crítico de una actuación del intocable presidente, en un tele-noticiero pro-gobiernista.
Ahora bien, el pilar fundamental del trabajo de un medio de información es el acceso a las fuentes, a los datos, a los hechos y sobre todo a los conceptos de dirigentes o funcionarios directivos. Impedirles acceder a ellos es la otra forma de presionarlos, constreñirlos o censurarlos; y es exactamente lo que está haciendo el gobierno central: no ruedas de prensa (la más recientemente suspendida fue la del director del DANE), no declaraciones de los ministros o altos dirigentes de las instituciones del estado, y no aceptar preguntas o entrevistas en vivo del presidente. Es decir, controlar, restringir y evitar todo tipo de exposición a momentos que puedan ser difíciles para el dirigente y sus colaboradores. Solo habla el presidente (otro rasgo de un régimen en el que prima el culto a su personalidad); y cuando lo hace, se trata de pregrabados, o intervenciones sin posibilidad de preguntas de los periodistas: otra característica de un mandatario que posa de infalible e intocable que solo habla con sus amigos. De paso, ese tratamiento preferencial es de medio-amigo con sus medios amigos, pues si llegan a fallarle (no ser incondicionales y áulicos), los tratará con la dureza con la que trata a los que considera sus no-amigos.
Mientras tanto, a propósito de medio-amistades, en este extraño mundo de la nomenclatura de los políticos, los congresistas del partido Liberal se declararon partido de gobierno, en el gobierno más derechista que ha tenido el país en estas cuatro décadas. Y el presidente de la República, se hará representar por otro presbítero -católico, claro está-, esta vez en la Universidad del Chocó: tiene fe en que esta iglesia amiga llevará su vocería en los consejos superiores de las universidades estatales.
Y cerramos registrando algo menos amistoso: el conteo de cuerpos (body count) del actual cuatrienio, registro del que tanto aprendimos en el gobierno Uribe, quien a su vez lo tomó de los gringos —siempre tan buenos maestros en lo de medir los resultados de los conflictos en muertos. Hasta ahora, en el primer mes del nuevo gobierno nacional van 50 personas muertas, dadas de baja o “ajusticiadas” (aunque unas fuentes mencionan solo 20), por ser supuestamente delincuentes integrantes de grupos amados organizados. Esos 50 dados de baja son resultado de 40 operativos o ataques de las fuerzas armadas, de los cuales tres fueron bombardeos desde aviones. Y de esos tres bombardeos, uno solo produjo 23 víctimas: ¡qué eficiencia!, con menores de edad y todo. Si eso es así, la media de bajas causadas a los delincuentes sería de 1,25 cuerpos por cada operativo (50 en 40 operativos). En paralelo, se registran 52 integrantes de la fuerza pública fallecidos en acciones contra esos “grupos criminales de alto impacto”, o por ataques de ellos. O sea que la media de pérdidas de fuerzas estatales sería de 1,3 (52 en 40 operativos). Si fueran así las cosas, se puede decir que en ese criterio de comparación, van empatados (¡Qué crueldad!).
