Desde que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, han surgido muchos interrogantes en torno a la figura del abogado penalista. Cada vez con más frecuencia me enfrento a preguntas que me obligan a explicar qué es y qué no es ser abogado penalista.
Ser abogado penalista es ejercer un oficio contramayoritario, necesario en una sociedad que con frecuencia se deja seducir por el linchamiento y la venganza privada. Los abogados no defendemos la popularidad de nuestros clientes. A menudo, cuando asumimos su defensa, ya han sido condenados públicamente.
Entre amigos, conocidos y desconocidos siempre ronda la misma pregunta. ¿Cómo puede usted defender a un culpable? Muchas veces, quien la formula no busca comprender la urgencia de garantizar el derecho a la defensa de quien es señalado como delincuente. Más bien pretende someter al abogado a un escrutinio moral. Busca indagar cómo resuelve ese supuesto dilema y hallar en su respuesta una justificación dudosa que permita descalificar sus razones y cuestionar su juicio ético. Otros, en cambio, buscan entender cómo se defiende a quien todos señalan como culpable, aunque deba presumirse inocente.
No pretendo justificar por qué un abogado puede defender a quien se considera culpable. Este oficio no consiste solo en defender inocentes ni obtiene mayor legitimidad por hacerlo. Tampoco pretendo defender al defensor, a veces tan odiado como su cliente, ni responder al prejuicio que lo convierte en cómplice, enemigo de la víctima o promotor de la impunidad. Esas acusaciones confunden la defensa de una persona con la aprobación de sus actos. El abogado está sometido a límites éticos. El Estado está sometido al artículo 29 de la Constitución, que restringe su poder de castigar.
De La Espriella, que ejerció como abogado penalista, no puede desprenderse tan fácilmente de los valores y deberes que orientan este oficio. Llegar a la Presidencia no equivale a un simple cambio de traje. Mucho menos a representar una obra de teatro en la que baste adaptarse al papel, ceñirse al guion y aparecer en escena con una nueva máscara. Sin embargo, los derechos que antes defendía parecen haber quedado engavetados.
La misión del abogado penalista conlleva el deber ético de contener los abusos del poder estatal, tanto frente al culpable como frente al inocente. También exige preservar la libertad cuando el Estado incumple las reglas, incurre en arbitrariedades o pretende valerse de pruebas obtenidas ilícitamente. El abogado no puede justificar ni legitimar los malos procedimientos de las autoridades. Mucho menos aceptar que la duda sobre la responsabilidad se resuelva con una condena sin pruebas suficientes.
Pero Abelardo de la Espriella, que cambió su oficio de penalista por la tarea de dirigir los destinos de una nación, no puede empaquetar los derechos ciudadanos que antaño defendió para ahora enjuiciar públicamente y de forma autoritaria a sus contradictores políticos y opositores. ¿Acaso es fiscal, juez o verdugo?
Ese penalista que en el pasado solía posar ante las cámaras de los medios de comunicación defendiendo a sus clientes, el que publicaba libros autobiográficos sobre sus defensas, el de la voz cadenciada y elocuente, el que escudaba legítimamente a exmagistrados, políticos y empresarios señalados de corrupción con una retórica llena de lugares comunes, ¿es el mismo que ahora matonea a quienes, sin fórmula de juicio, llama corruptos y saqueadores de lo público? Pareciera entonces que todo era cuestión de estilo o de papel actoral. Bastaba cambiar el traje italiano, símbolo de la aristocracia legal, por la banda presidencial para pregonar otro discurso.
La oratoria del Tigre encierra una enorme paradoja entre ética y política. Tal vez sea la misma contradicción que a veces fue difícil de justificar en su ejercicio como abogado penalista, no por sus defensas, ni por sus defendidos, ni por su clientela, sino por su forma de entender la relación entre el derecho y la ética. No todo en el ejercicio del derecho es solo maquillaje, ni todo depende de quién sea el cliente. Esta profesión no es estética y vanidad infundada.
Ahora, esa incoherencia, cuestionable desde su ejercicio como abogado, adquiere otra gravedad en la Presidencia. Respetar los límites del poder punitivo y del uso legítimo de la fuerza estatal no es solo cuestión de discurso. Es una obligación democrática. E impone un freno al rugido del Tigre. Ejercer el poder de manera desbordada y pretender justificarlo con retórica es una gran equivocación. Lo que puede admitirse como histrionismo en los estrados judiciales se convierte en una postura caricaturesca cuando se gobierna desde la Presidencia.
Al asumir el poder ejecutivo, no se recibe la vocería de la moral colectiva para imponer la propia visión individual como moral pública. Mucho menos para situar una concepción personal de la justicia por encima del propio sistema judicial. Bajo esta lógica distorsionada, se puede llegar a justificar la vulneración del debido proceso de los opositores mediante el matoneo o los señalamientos sin juicio, con la excusa de estar combatiendo un mal mayor, como la corrupción. No se puede gobernar con el sesgo de que “el fin justifica los medios”.
Utilizar la investidura presidencial para presentar públicamente como culpables a personas cuya responsabilidad penal no ha sido establecida es una usurpación simbólica de funciones judiciales. Puede ejercer una presión indebida sobre los jueces que eventualmente conocerán esos casos. Y alimenta esa lógica de amigo y enemigo que tanto daño nos hizo durante el gobierno de Petro.
Los abogados penalistas somos más que una simple fachada. Comparar nuestro oficio con las maneras, la parafernalia, la extravagancia, la camioneta blindada, el piano y el whisky puesto sobre la mesa es reducir nuestra batalla a una caricatura, y equivocadamente definir públicamente nuestra profesión. Mucho menos podemos aceptar que, desde el poder de un cargo público, los derechos se conviertan en otra prenda que se usa o se guarda según la conveniencia o la política de turno.
El Tigre puede quedarse contemplando sus majestuosos bigotes en el espejo, bajo la imagen deformada por la desmesura del poder -síndrome de Hubris-, esa arrogancia excesiva, esa sensación de superioridad que solo permite ver el propio reflejo. Mientras tanto, la realidad queda oculta por los cortesanos, aduladores y nuevos arribistas que le pintan las rayas por temor a las garras.
Parece ser que la receta endemoniada que nos deja el populismo es una escalera que transitamos hacia abajo, del purgatorio al infierno, mientras seguimos culpando al gobernante anterior de los males del gobierno de turno.
Dice el adagio popular que el hábito no hace al monje. Me resisto a creer, por amor a mi profesión, que el abogado penalista haga al tirano o que le dé tanta verborrea al demagogo. Pero cuando se tienen tantos disfraces en el armario, es posible cambiarse para la próxima fiesta.
