La prisa por armarnos
El dilema entre la seguridad y la protección en una sociedad que se altera fácilmente transcurre en la ironía de que el arma que creemos nos defiende es la misma que puede hacernos aún más vulnerables. Ante ello, vale la pena detenernos a pensar: ¿cuánta gente camina armada hoy por las calles? ¿Nos beneficia como sociedad que cientos de miles de personas porten una pistola al cinto? ¿En qué momento esa “supuesta” protección puede convertirse en el detonante de una tragedia?
Esta reflexión tiene relevancia tras el Decreto 1368 de 2026 del Ministerio de Defensa Nacional, que levantó la suspensión general al porte de armas en Colombia y restableció los permisos individuales vigentes, lo que en cierto modo, contradice compromisos internacionales como el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) y la Resolución 1325 de la ONU (Agenda Mujer, Paz y Seguridad), acogidos para regular la proliferación de armas y proteger la vida de las poblaciones más vulnerables.
Si bien la medida precisa que se mantienen los controles legales existentes de porte y tenencia, la ciudadanía pareció entender el decreto como una invitación masiva para armarse. Varios medios de comunicación reportaron a pocas horas de su expedición que la página web de Indumil había colapsado por la avalancha de usuarios que corrieron a consultar la vigencia de sus salvoconductos, tramitar renovaciones o averiguar cómo obtener un arma por primera vez, lo que nos lleva a intuir un mal síntoma.
Riesgo en las calles, miedo en la casa
A la prisa por armarnos se suma el riesgo colateral de que la proliferación de armas termine incrementando el porte ilegal, puesto que, al aumentar la circulación, muchas piezas terminarán siendo hurtadas, extraviadas o adquiridas bajo cuerda.
Asimismo, en una sociedad donde lamentablemente la intolerancia nos sobrepasa y las emociones se desbordan en disputas que suelen estar a un paso de resolverse a tiros, permitir que más gente armada transite en los espacios públicos nos expone a reacciones impulsivas y a una violencia que invisibiliza los esfuerzos por lograr una convivencia pacífica.
Esta falta de contención ha sido documentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, cuyas cifras indican que la mayoría de homicidios son consecuencia de riñas y que sus impactos superan incluso a los cometidos por estructuras del crimen organizado. Existen además reportes alarmantes de violencia intrafamiliar y feminicidios, contexto en el que tener armas de fuego en la guantera del carro, en la mesa de noche o en la chaqueta, multiplica el riesgo para personas indefensas.
Portar un arma en situaciones conflictivas no disuade, sino que aumenta las probabilidades de un desenlace fatal. Abundan los casos de quienes pierden el control por situaciones absurdas, como simpatizar con un equipo de fútbol, pedirle al vecino que baje el volumen de la música, solicitar que muevan un carro mal parqueado, disputar un asiento en el transporte público o hasta por cruzar una mirada accidental. Una intolerancia y falta de sensatez que se traslada incluso a animales de compañía y fauna silvestre.
Así se insista en que los controles normativos, las evaluaciones médicas y la revisión de antecedentes penales siguen vigentes para otorgar dichos permisos, en un país que se ufana de “vivezas” y “papayazos” estos requisitos pueden terminar convertidos en trámites de ventanilla flexibles o evadir filtros en manos de intermediarios, lo que afecta directamente la capacidad de predecir comportamientos inestables o alterados en circunstancias de inmadurez, presión, rabia, o por consumo de estupefacientes y licor.
La tesis central de que la suspensión “sólo desarmaba a los ciudadanos de bien mientras los criminales seguían armados” no justifica este retroceso y nos empuja a la “ley del viejo Oeste”, donde la reacción impulsiva puede reemplazar la convivencia. Pretender que habrá más seguridad por igualar la respuesta en las calles, aumenta la probabilidad de que un desacuerdo momentáneo se convierta en una tragedia definitiva.
Esto no es un asunto irrelevante, normal o cotidiano. Como sociedad nos conviene que siga siendo una excepción estricta. Antes de que el miedo nos motive en masa a buscar protección en un arma de fuego, es absolutamente necesario que nos respondamos: ¿estamos contribuyendo a una sociedad segura para nosotros y nuestras familias, o estamos configurando un mayor riesgo?
Nuestra seguridad no puede basarse en armarnos unos contra otros ni en dejar que el miedo controle las calles. La protección frente al delito exige un Estado firme, capaz y garantista, mientras que a nosotros, nos corresponde el compromiso de promover la convivencia pacífica, respetar las diferencias y tramitar los conflictos de forma civilizada.
