Esa parece ser la idea detrás de la persecución que el presidente Trump de los Estados Unidos ha acelerado en contra de la Corte Penal Internacional (CPI). Claro que el desconocimiento de la importancia, la necesidad o la utilidad de esa corte no es nuevo para ese país del Norte, ni para otros que puedan compartir sus temores y las ventajas estratégicas que les ofrece hacerse los intocables, no reconociendo la autoridad de ese tribunal internacional. Entre menos trabas les puedan poner a los poderes hegemónicos, mejor para ellos.
Esta corte (CPI o ICC, por las iniciales en inglés) es un organismo internacional que juzga individuos acusados de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Muy consecuente con su origen y el de la mayoría de sus impulsores, tiene sede en Países Bajos, en la ciudad de La Haya (me podrán acusar de eurocentrista, pero no es lo mismo que una organización internacional tenga sede en New York que en La Haya, como hemos visto en años recientes).
Su documento base (llamado Estatuto de Roma) fue firmado por 125 países de todos los continentes y opera desde 2002. Incluso el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton firmó el acuerdo respectivo, pero el Congreso de su país nunca lo ratificó pues a los dos años el presidente Bush retiró esa firma. Cosa similar hizo Israel en el mismo año, y en 2016 Rusia se fue por el mismo camino. Hoy no se consideran miembros de esa Corte: Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, India, Turquía, Indonesia, Irak, Pakistán, Arabia Saudita, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua. Los cuatro países más grandes en población —y casi en territorio—, unos medianos que dominan ciertas regiones, y otros chicos “inquietos” y “complicados”.
Haciendo más difícil su operación frente a ciudadanos gringos, Estados Unidos aprobó en el año 2002 una ley que prohíbe que sus nacionales sean juzgados por tribunales extranjeros, con lo cual no los extraditaría si son solicitados por esa corte; y hasta prevé la posibilidad de rescatar a aliados suyos —de otros países— que sean encarcelados por la CPI.
El asunto de fondo es que cuando los países poderosos (al menos en su área de influencia, como Israel) desarrollan acciones internacionales controversiales (como posibles genocidios), o se rigen por un régimen que puede cometer abusos a los derechos humanos, son dictaduras, o están dirigidos por personas que han liderado acciones o políticas que puedan ser acusados de ese tipo de violaciones, pues lo mejor es no ser parte de una corte que pueda acusarlos y tal vez condenarlos; ¿no?.
El caso tal vez más curioso es el de Venezuela, cuyo gobierno interino formalizó hace un mes su retiro de ese tribunal, estando bajo la “tutela” de los Estados Unidos. Es claro que la CPI estaba investigando a Nicolás Maduro desde antes de la breve invasión de los gringos a Caracas, para llevarse (detenido-secuestrado) al presidente venezolano. Y que en esa corte se lo acusaba de violaciones a los derechos de la oposición, de torturas y de otros posible delitos, varios muy parecidos a los que le endilga el gobierno norteamericano. Así que esta solicitud de retiro es paradójica, pues termina sirviendo a los interese del “Tío Sam” (que ahora da línea en Venezuela), aunque las motivaciones iniciales del partido de gobierno chavista para no querer a la CPI eran muy contrarias a los puntos de vista ideológicos de Trump y sus seguidores.
La actual administración de Estados Unidos acusa a esta corte de ser “corrupta y profundamente politizada”, y sancionó a su presidenta y otros funcionarios con la prohibición de viajar a los Estados Unidos y con el congelamiento de su propiedades en ese país (castigo no muy grande por ahora, pero simbólico). Todo porque la CPI está investigando a Benjamín Netanyahu por posible genocidio. Hay que anotar que, en este caso, “corrupto” se refiere más a que no hace lo que el gobierno estadounidense opina; no que se venda o se robe dineros públicos (al menos de eso no ha hablado).
Eso sí, los Estados Unidos se comporta como si ellos fueran LA corte del mundo; si Netanyahu es o no responsable de algo grave es el criterio de ellos y no el de la mayoría de naciones que acepten la operación de esa corte. Si al gobierno Trump le parece que hay que aplicar pena de muerte sin juicio a sospechosos de transportar cocaína en lanchas por el Caribe o por el Pacífico, eso es veredicto inapelable de su “corte internacional”, considerando que comenten un posible delito que afecta a varios países, como lo es el tráfico de sustancias enervantes o psicotrópicas. Solo que esta cortesita está compuesta sólo por su Secretario de Guerra (exdefensa) y sus generales.
Según varias fuentes, existe un plan liderado por Israel y los Estados Unidos para debilitar a la Corte Penal Internacional y tal vez acabar con ella. Por lo cual celebró y tal vez presionó que el gobierno transitorio de Delcy Rodríguez tramitara su retito de esa instancia sin mayores razones, una vez Nicolás Maduro ya no dirige ese país. Y entonces llega nuestro país, con un gobierno de áulicos de Estados Unidos e Israel, del cual se rumora que, después de haber anunciado que apoya que los israelíes se queden con los Altos del Golán (territorio de Siria según reconocimiento de la ONU), el presidente AdelaE podría pedir el retiro de la CPI, y así quedar aún mejor con los israelíes y con los gringos. Y si se revisan trinos anteriores del actual canciller atacando la CPI se podrá entender que el asunto es muy probable. Ya habíamos afirmado en otra nota que para el actual presidente de Colombia —ciudadano colombiano y de USA— lo que diga Trump es palabra de rey (no digo “de dios”, porque de pronto les daño el milagro que van a hacer) y hay que cumplirlo; pero ahora ni siquiera el gobierno Netanyahu esperaba el favorcito del Golán y los gringos no parece que hubieran pedido nada sobre la CPI —al menos no lo habían confesado ni Abelardo ni los gringos.
Y la otra paradoja de este tipo de situaciones es que si se llegara a retirar Colombia de la CPI, los que siempre se opusieron a la Justicia Especial para la Paz, y concretamente criticaron por “bajas” las condenas que se han decidido y se prevé se decidan en contra de los exdirigentes de las FARC, ya no podrían presentar su reclamación ante ese organismo internacional, opción que siempre tienen los ciudadanos de un país miembro de la CPI.
La posible decisión de salirse de la jurisdicción del Estatuto de Roma y la CPI sería grave para un país que quiere ser un verdadero estado de derecho. Una corte penal internacional con limitaciones, con problemas y hasta con sesgos (como todas) es preferible a ninguna corte. Al menos esta ayuda a asustar, a controlar y a castigar a algunos ciudadanos o dirigentes de los países que cometan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y violaciones a los derechos de las minorías, que no son adecuadamente juzgados en sus países. Como ocurrió con el serbio Slobodan Milosevic y algunos dictadores africanos. Recordemos que en el momento, además de la orden de detención para juicio ante la CPI contra Netanyahu, existe otra contra Vladimir Putin. La comunidad internacional no se puede quedar solo con la palabra y el antojo omnipotente de dirigentes de países poderosos como Estados Unidos, China, Rusia o Israel; o de unos menos poderosos internacionalmente pero con gobernantes que enfrentan acusaciones graves, como Nicaragua. Nuestro país no puede pasarse de “lambón”, nuestros gobernantes no pueden ser “más papistas que el papa”.
