En la Corte Constitucional se respira un aire enrarecido que no recorría sus pasillos desde el escándalo de Jorge Ignacio Pretelt, cuando en aquel entonces se cuestionó la solicitud de dinero para gestionar una decisión favorable en una tutela de Fidupetrol. Ese caso mostró el daño que causa un magistrado si utiliza su investidura para favorecer intereses particulares.
Ahora el asunto es otro. En las últimas semanas medios de comunicación han publicado señalamientos sobre presuntos actos de corrupción que vinculan a Olmedo López y Sneyder Pinilla con el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández. Aunque las actuaciones cuestionadas corresponden a su paso por el Ejecutivo, hoy Fernández integra la Corte y participa en decisiones que requieren confianza pública en su independencia e integridad. Su responsabilidad está por esclarecer.
Desde hace una década, los escándalos de corrupción han golpeado la legitimidad de las altas cortes. El “cartel de la toga”, que llevó a la condena de varios exmagistrados, entre ellos Leónidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, dejó una desconfianza que tardará años en superarse. Los señalamientos actuales reavivan esa sombra.
La confianza en la justicia difícilmente se recupera si siguen apareciendo denuncias graves contra quienes ocupan los cargos más altos del sistema judicial.
Fernández fue secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro, y ese no es un hecho menor. El presidente tiene la facultad constitucional de presentar ternas para que el Senado elija magistrados de la Corte Constitucional. Por ello, el origen de su postulación importa. Los ojos están puestos en quien fue un colaborador cercano del Ejecutivo y pasó a integrar el tribunal que controla constitucionalmente sus decisiones. Esa cercanía exige examinar posibles conflictos de interés, especialmente cuando deba pronunciarse sobre actuaciones en las que participó. Ahí debe demostrar su autonomía e independencia frente al gobierno del que hizo parte.
Los cuestionamientos contra Vladimir Fernández obligan también a mirar cómo se escoge a quienes llegan a la Corte Constitucional. El antecedente de Jorge Ignacio Pretelt, elegido de una terna presidencial y cuya responsabilidad fue establecida judicialmente, muestra el daño que la corrupción puede causar a la credibilidad del tribunal. Los señalamientos contra Fernández, todavía por esclarecer, vuelven a poner bajo examen los filtros de postulación y elección.
Estos casos no demuestran que la postulación presidencial produzca corrupción. Sí justifican preguntar con qué rigor el Ejecutivo examina a sus candidatos y el Senado evalúa sus antecedentes, intereses e independencia. ¿Cuánto pesa la cercanía con el poder y cuánto la independencia frente a él?
Aquí existe una responsabilidad institucional que comienza al conformar la terna y continúa al elegir al magistrado. Quienes postulan y eligen deben responder por el rigor con que examinan a los candidatos. Cada cuestionamiento grave puede opacar el vidrio de la justicia y extender la desconfianza hacia una institución cuya autoridad depende de su integridad.
Cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó en 2025 la condena contra Gustavo Enrique Malo Fernández, volvió a quedar sobre la mesa una exigencia que ya estaba expresada en la sentencia de primera instancia de 2021. La honestidad del juez no se limita al ejercicio del cargo. La toga impone un estándar de comportamiento que alcanza su conducta pública y privada. La sentencia lo dijo sin rodeos. “Por virtud de la alta dignidad encomendada a MALO FERNÁNDEZ, le era exigible rectitud, honestidad, honradez y moralidad en todas sus actuaciones públicas y privadas, además de la idoneidad y probidad que el ejercicio mismo del cargo le imponía”.
Un magistrado de la Corte Constitucional tiene en sus manos decisiones trascendentales para el país. No basta con que la decisión parezca formalmente correcta. También debe estar libre de intereses ocultos, favores, pagos o influencias indebidas.
De la justicia se exige imparcialidad, eficacia y transparencia. Pero la confianza es la que sostiene el respeto y el acatamiento de sus decisiones. Si un magistrado es cuestionado por actuaciones opacas, la desconfianza crece. Si un juez decide para favorecer intereses particulares, la sombra de la ilegitimidad mancha sus sentencias y deteriora la democracia.
A todos se nos debe presumir inocentes. Esta premisa es parte fundante de nuestro Estado de derecho. Pero la dignidad de la justicia exige que los cuestionamientos graves se esclarezcan. La honestidad judicial exige que el funcionario actúe por razones jurídicas y procesales. La decisión deja de ser legítima cuando su verdadera motivación está en otros intereses, en una relación personal, una presión política o la intención de beneficiar a alguien.
Esta no es una cátedra de moralidad. El pasado nos demuestra que es necesario exigir integridad a los funcionarios judiciales, más aún a los magistrados de las altas cortes. Por eso, no basta con que el juez se considere honesto. Su actuación debe generar en las partes y en la ciudadanía una confianza razonable en que la decisión fue adoptada sin corrupción, favoritismo o intereses personales.
La exigencia de integridad es especialmente alta en una institución que ejerce una función contramayoritaria. La Corte Constitucional debe poder poner límites al poder, incluso cuando sus decisiones contradigan la voluntad de las mayorías. En tiempos de polarización, los cuestionamientos graves contra uno de sus integrantes pueden debilitar la confianza que sostiene esa función y ofrecer argumentos a quienes buscan desacreditar sus fallos. Por eso, el rigor al postular y elegir magistrados, y la transparencia al esclarecer señalamientos, son condiciones para preservar su autoridad democrática.
Esa posibilidad no justifica los ataques contra la justicia, pero aumenta la responsabilidad de quienes postulan y eligen a sus magistrados. Deben examinar antecedentes, vínculos e intereses con suficiente profundidad para proteger la autoridad de la Corte. La confianza pública no impide que se intente deslegitimarla, pero hace más difícil que esos ataques encuentren respaldo ciudadano.
