En la cultura colombiana es casi lógico suponer que algo de raro o de malo tiene alguien que se reconozca como ateo. Al punto que no se percibe como discriminatorio que en las conversaciones cotidianas, en las bromas informales, en las prédicas religiosas o en los discursos de los políticos se los critique, se los desprecie, se les tenga pesar, o se los culpe de que el mundo sea imperfecto. O al menos es común que se sugiera que si ellos (los no creyentes) se convirtieran a la religión —la de quien los critica—, los dioses (o el dios específico de quien los critica) serían más benignos con la humanidad. Por eso, hasta el presidente de la República considera normal —y tal vez esperable de él— que en sus alocuciones se refiera a los ciudadanos ateos como parte del “mal” o utilice expresiones como: el “social comunismo ateo” que sería contrario “a los valores fundamentales de la nación”.
Precisamente esta semana, al resolver una acción de tutela interpuesta por un colombiano ateo, ofendido por un discurso del presidente de la República del 15 de octubre, la Sección quinta del Consejo de Estado concluyó que “… el ateísmo y las demás convicciones no religiosas gozan de la misma protección constitucional que aquellas de carácter confesional…” y que “… al calificar como enemigos de los valores de la nación a quienes son identificados por su ateísmo, vulneró los principios de laicidad y neutralidad religiosa y desconoció el deber del Estado de tratar con igual respeto a todos los sistemas morales, religiosos o no, e incurrió en una discriminación por razones religiosas o filosóficas, prohibida por el artículo 13 de la Constitución”.
Eso, que es tan obvio en otros lugares, aquí parece ser exótico y requerir de pronunciamiento judicial. Definitivamente es más fácil ser jefe de estado de una teocracia o predicador de cualquier fe, que ciudadano de un estado de derecho laico: a este último le toca convivir en medio de las diferencias y las tensiones. Y si se trata del mandatario de una democracia occidental —así sea la colombiana—, le toca morderse la lengua para no acusar a sus opositores de ser, no ya descreídos de su partido, discrepantes de su ideología o contrarios a su gobierno, sino no-creyentes en su religión, agnósticos o ateos. De paso, se puede anotar que para quienes sostienen una creencia religiosa existen menos incertidumbres en la vida, el futuro parece ser más claro, y sienten que su vida tiene más sentido que los ateos —al menos así lo estiman los creyentes. A los no creyentes les toca encontrar otros sentidos, referentes y fuentes de aliciente en sus vidas. Pero eso es simplemente parte de su libre desarrollo personal.
Esperaremos unos días más para saber si el ahora piadoso presidente acoge lo ordenado por el Consejo de Estado y, al menos, deja de señalar al ateísmo como el responsable de que su ideal de país no se cumpla. Es de recordar que meses antes de su elección el hoy mandatario proclamaba su ateísmo o descreimiento (la vida lo cambia a uno…).
El Consejo de Estado le había dado cinco días para que De la Espriella hiciera un pronunciamiento público que reconozca que los colombianos que no sean creyentes en alguna de las religiones tienen los mismos derechos que los creyentes y “no son enemigos de los valores de la Nación”. Esos cinco días se deben contar desde la fecha de la notificación del fallo, la cual no se conoce; pero sí es claro que el fallo está fechado el 13 de noviembre. Así las cosas, el plazo —en días hábiles— se debe vencer este lunes 23 de noviembre. El presidente no ha dicho nada al respecto al momento de escribir esta columna, pero sí se pronunció acerca de su triunfo en otro fallo del mismo Consejo de Estado que le reconoció su derecho a expresar sus convicciones religiosas en público. Es posible que hayan retrasado (¿dificultado?) su notificación, o que ya hayan impugnado este fallo de tutela y esperen que una segunda instancia lo salve de incumplir esa orden.
Acerca de la otra parte de esa providencia, que ordenaba retirar de la red Youtube el video con su discurso en el Ministerio de Cultura en el que en que hizo las afirmaciones discriminatorias, el plazo era de 48 horas y (al parecer, pues yo no lo encontré) ya no está en esa red la mencionada intervención.
En todo caso, aún los presidentes de la República —por más autoritarios que sean— tienen que aprender a respetar a quienes no crean en alguna divinidad, no se preocupen por ello, no profesen religión alguna, o simplemente no participen de sus rituales. Creer es un derecho y ayuda a muchos a tener esperanza, optimismo o a justificar acciones o situaciones extremas en sus vidas; pero no puede ser obligatorio. Mucho menos puede ser requisito para participar en la vida civil de la comunidad o de la región. Los predicadores suelen suponerlo y propagarlo así, en el ámbito de sus actuaciones como creyentes y promotores de una manera de pensar y vivir sus convicciones morales. Pero el carácter laico de un estado y la simple norma de convivencia en medio de la diferencia implica aceptar y exigir que las leyes, los derechos y la identidad como nacionales no estén condicionadas por la fe, creencias o prácticas. La promocionada “batalla cultural” no está por encima de la Constitución ni pueden estigmatizar, discriminar o culpar a los no-creyentes de los problemas del país.