Todas las mañanas, antes de que el sol asome tras las montañas, Flor sale de su casa para recorrer el camino embarrado de su vereda. A medida que avanza, se suman niñas y niños del vecindario que ríen, comparten y caminan hacia la escuela rural, en un trayecto que por muchos años fue impensable —y en algunas regiones aún lo es—. Las aulas no eran refugio, sino lugares de miedo y riesgo constante de fuego y reclutamiento forzado. Hoy, muchas de esas escuelas reciben a estudiantes que sueñan despiertos con dedicarse a la docencia, la medicina, el derecho, la veterinaria o la agronomía para quedarse en sus comunidades.
Acuerdo y Ley de Justicia y Paz
A diez años de la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP y a más de dos décadas de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que desmovilizó a las AUC, la paz nos sigue siendo esquiva, compleja, imperfecta y dolorosa, pero aun así, profundamente necesaria.
Entre 2003 y 2006, la desmovilización de 31.000 integrantes de las Autodefensas —con 25.000 combatientes rasos reintegrados a la vida civil— reveló los alcances del paramilitarismo, sus alianzas con sectores políticos y empresariales, el despojo sistemático de tierras y la ubicación de miles de fosas comunes. A través de los tribunales y la Fiscalía de Justicia y Paz, se han documentado más de 65.000 crímenes y alrededor de 200.000 víctimas reconocidas, mientras que las versiones libres permitieron esclarecer 10.000 casos de desaparición y compulsar copias contra cientos de cómplices. Dos décadas después, apenas se ha esclarecido el 10 % de los hechos; los bienes destinados a la reparación resultaron insuficientes, fueron ocultados o terminaron en manos de testaferros; la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos obstaculizó la verdad durante años, y muchos desmovilizados reincidieron en bandas criminales y narcotráfico.
El Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 logró la desmovilización de 13.000 combatientes y sentó las bases del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). A una década de la firma, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el país ha dimensionado graves crímenes históricos: ha documentado más de 21.000 secuestros y el reclutamiento de más de 18.000 menores por parte de las FARC (1970-2016), además de 6.402 ejecuciones extrajudiciales («falsos positivos») atribuidas a agentes del Estado. En este marco también se investigan patrones de violencia sistemática de diversos actores armados ilegales, como el exterminio político, la violencia sexual y las afectaciones a pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyos procesos avanzan hacia las primeras sanciones y condenas.
Estado y voluntad política
Como lo reveló el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV, 2022), la magnitud global de la tragedia en Colombia ha sido inmensa, dando cuenta de más 450 mil homicidios entre 1985 y 2018, 45 % perpetrados por paramilitares y 27 % por guerrillas, lo que ocasionó además, más de ocho millones de desplazados en las últimas décadas.
No obstante, de acuerdo a los hechos, en el país no hemos disfrutado de una paz prolongada. Informes históricos y jurídicos muestran cómo distintos actores legales e ilegales han coaccionado a la población mediante armas y poder económico, para luego desmovilizarse, extinguirse o mutar. Ha sido una constante en las últimas siete décadas, agudizada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948.
Las desmovilizaciones salvan vidas de inmediato y apostarles es un mandato de la Constitución de 1991, que consagra la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, para que los acuerdos sean sostenibles, el Estado debe honrar su palabra. Se calcula que el Acuerdo de 2016 apenas alcanza un 35 % de implementación tras tres periodos de gobierno, mientras que la Ley de Justicia y Paz mantiene un rezago cercano al 90 % en esclarecimiento y juzgamiento (CNMH, 2023). Urge presencia estatal integral en zonas marginadas con educación, vías, salud, proyectos productivos, sustitución de cultivos y acceso a la tierra, garantizando la vida de quienes dejaron las armas.
Experiencias internacionales en Sudáfrica, Irlanda del Norte o Nepal —y desmovilizaciones colombianas de los noventa como el M-19, el EPL o el MQL— demuestran que el tránsito de los fusiles a la democracia es posible con voluntad política e institucional.
Aunque en ocasiones se han repetido tragedias que se querrían superar, la paz exige corresponsabilidad. Si a los grupos armados corresponde deponer las armas y al Estado brindar garantías, a la ciudadanía toca respaldar lo pactado como bien superior que proteja a víctimas, excombatientes y defensores, blindando los avances frente a disputas politiqueras.
Nuevo giro
Con la nueva Ley de Sometimiento aprobada por el Congreso en noviembre de 2026, el país da un viraje y cierra el ciclo de negociaciones políticas de la «Paz Total» (2022-2026), apuesta que buscaba diálogos simultáneos y reforma agraria; sin embargo, según balances de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) e Indepaz, los vacíos jurídicos y el bajo control dificultaron el desarme de estructuras como el ELN o el Clan del Golfo. No obstante, la nueva norma no anula el Acuerdo de 2016 —blindado constitucionalmente y ejecutado por la JEP— ni deroga la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyos desmovilizados en sus marcos siguen cobijados por las medidas.
La Ley nueva suprime las mesas de diálogo político y exige el sometimiento unilateral a la justicia de las estructuras actuales —ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otras— que, según la FIP (2026), agrupan a más de 29.000 integrantes en ocho grandes bloques, sumados a carteles transnacionales. En beneficios contempla rebajas de pena condicionadas de hasta el 50 % para integrantes rasos y 30 % para cabecillas, en línea con preacuerdos de la justicia ordinaria. Al respecto, expertos en temas de conflicto y paz, advierten que las condiciones podrían desincentivar la entrega voluntaria de mandos y no lograr el desmantelamiento de las redes. Señalan que equiparar jurídicamente guerrillas históricas con bandas criminales y carteles, cierra la puerta a una salida política del conflicto, en contradicción con el mandato constitucional de buscar la paz.
De vuelta al barro
Las medidas seguirán a prueba en el terreno: ¿bastará el sometimiento penal para silenciar los fusiles o seguiremos dando giros mientras el peligro acecha los caminos?
Aunque los ciudadanos de a pie no redactamos leyes ni ejecutamos presupuestos, podemos ser un poco más que espectadores y procurar que el conflicto no siga creciendo en nuestros corazones. Podemos contribuir a desescalar el lenguaje, superar odios históricos y recordar que somos parte del mismo país herido. Podemos ejercer una ciudadanía activa, promover un voto formado e informado, hacer veedurías y exigir el cumplimiento de derechos por la vía democrática, para que la paz deje de ser un privilegio o un imaginario que nos hace caminar sin llegar a ningún puerto y nos permita la condición de posibilidad.
Sólo así, cada mañana, muchas flores podrán caminar libres entre las risas de las niñas y niños que asisten a sus escuelas veredales, cargando en sus mochilas la felicidad de habitar una Colombia donde las balas y el miedo no les arrebaten el futuro.
Si esa esperanza ha logrado mantenerse viva en los territorios más golpeados por la guerra durante décadas y siglos, nuestro deber moral es procurar trabajar, cada quien desde su esquina, para que algún día todos gocemos de tranquilidad.