En un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la presente semana se afirma que la prostitución no es un “trabajo ordinario”, lo cual es sin duda polémico. Específicamente, la decisión fue de la Sala de Casación Penal (no de Sala Plena) y condenó a un hombre por la explotación sexual comercial de cuatro menores de edad, con base en lo que se considera un enfoque de derechos humanos. Esa consideración me invita a discrepar como ciudadano, no tanto por razones jurídicas —que considero también relativas, pero que dejo que las esgriman los conocedores— sino más desde una perspectiva social y ética.
Empecemos por coincidir con esta Corte en cuanto que la prostitución no es un “trabajo ordinario”. Evidentemente no es el más común ni el más admirado, ni el más formal o el más “decente” (en términos laborales, no morales): no es formal. Pero no coincidimos en que los “clientes” o compradores del servicio no pueden ser tratados como “simples consumidores de un servicio, porque el cuerpo de una mujer no es una cosa disponible en el mercado.”. A mi juicio esta afirmación —más moral que objetiva— niega que infortunadamente el cuerpo de mujeres y hombres sí está siendo ofrecido por ellas, ellos —y elles, pues— para que sea disfrutado, usado o utilizado por unas personas que pagan por eso; y a quienes uno podría llamar clientes o consumidores de un servicio (“puteros” los llaman en España). Discusión diferente será ¿por qué estas personas ofrecen su cuerpo?; si alguien las obliga, si las extorsionan o les quitan parte del dinero que ellas reciben. Y claro, nuestra primera tentación es suponer que lo hacen por razones económicas, de pobreza, de necesidad, de falta de opción. O que han llegado allí porque han sufrido violaciones o abusos antes de que decidieran ejercer ese oficio. Pero esta es solo una pregunta por la motivación, no por su condición como actividad remunerada.
Obviamente una situación muy diferente es el caso específico que dio pie a la decisión de esta Corte, por tratarse de la explotación de menores de edad, pues en Colombia está prohibido que los menores de edad ejerzan la mayoría de los trabajos, excepto en algunas condiciones específicas y limitadas. Adicionalmente, nadie puede ser esclavizado u obligado a ejercer una labor u oficio, así sea persona mayor de edad.
Es posible que la prostitución no sea “el oficio más antiguo del mundo”, como solía decirse, pero sí es una opción que ha existido en muchas sociedades a lo largo de la historia de las conglomerados humanos. En especial en los de moral rígida, pecaminosa y monogámica: por la razón que sea, entre ellas el no ejercicio pleno del erotismo y la sexualidad.
Y ya que mencionamos este asunto, salgamos de una buena vez del argumento moral-religioso que afirma que ejercer la prostitución, o simplemente tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, es considerado “pecado” por los creyentes de la religión católica o de otras iglesias cristianas; asunto en el que no tiene nada que decidir una corte en los estados de derecho contemporáneos: de pronto sí la autoridad religiosa en los países teocráticos. Igualmente, es posible que esa conducta (“la putería”) sea aceptada en algunos casos como razón para separarse de la pareja; pero eso es otro asunto.
A lo que quería llegar es a que existe por lo menos una porción de las personas que se prostituyen que lo consideran aceptable, rentable y más o menos fácil, en cuanto no requiere de gran preparación y que la actividad que les genera dinero la pueden realizar en períodos breves, comparados con el tiempo que tienen que pasar ocupadas otras personas para lograr ese mismo dinero. Existen casos y personas para las cuales esta es una opción u ocupación válida, así sea temporal u ocasional, o solo para un tipo de clientes, sin ser forzada o violenta. Un ejemplo contemporáneo de ese tipo de persona son las denominadas mujeres “prepago” de nuestras ciudades: una forma de prostitución circunscrita dentro de unos espacios, condiciones y tarifas.
Aparentemente, la Sala Penal ha generalizado a todos los tipos de prostitución lo que ocurre en casos de “explotación sexual, especialmente cuando se presenta en contextos de desigualdad estructural, donde la aparente voluntariedad puede estar atravesada por condiciones sociales, económicas y de vulnerabilidad.”, como cuando un adulto explota a unos menores. Pero este tipo de generalizaciones califica, condena, señala y le da tratamiento de víctimas a unas personas que pueden no serlo.
En otro plano, es posible preguntarse por la dignidad, la convicción íntima y subjetiva de la persona frente a su actividad, su tranquilidad o no; o los riesgos que corre, el estrés, angustia o trauma que pueda generarle ejercer ese tipo de trabajo. Frente a lo cual se puede responder promoviendo una cultura más abierta frente a las sexualidades, a la formación para el ejercicio pleno del placer, y que se tenga siempre opción de cambiar de oficio. Así es posible que haya menos prostitución y menos puteros. No pretendo promover la prostitución, pero en ella como con el consumo de sustancias también se cumple aquella máxima capitalista que dice que mientras haya demanda (“bien” paga) habrá oferta.
Me excusarán, pero estas personas podrán utilizar el mismo tipo de argumento que usan los propietarios de empresas cuando dicen que son generadores de empleo y que a quien no le guste trabajar en ciertos oficios, por ejemplo en apuestas o vendiendo licor, no lo tiene que hacer. Incluso, algunos casos de prostitución se me parecen a los de algunas “mulas” del tráfico de sustancias prohibidas, que lo hacen porque reciben dinero rápido y con poca actividad: no sé si fácil o difícil, pero recibiendo mejor remuneración que lo que ganan como obrero o mesera durante un mes. Y ambos pueden ser personas “normales” o “buenas personas”.
Dentro del mencionado enfoque de derechos humanos se debe promover que todos los ciudadanos tengamos más oportunidades, mayor acceso a la formación para la vida y para los trabajos, y que a las personas que ejerzan oficios o labores difíciles, crueles o que para ellas sean indignos, puedan capacitarse y lograr cambios en su fuente de ingresos. Pero prostitución hay en países y comunidades muy industrializadas y de alto ingreso per cápita, así como la hay en los del medio y en los del otro extremo. Y existen legislaciones desde la restricción, localización de quienes se ofrecen en zonas restringidas, control extremo a la edad y condiciones físicas de quienes se prostituyen, y persecución a quienes se prostituyen o a quienes pagan por ella. Solo hay poca prostitución —o es poco visible— en regímenes muy represivos, autoritarios y de poco respeto a las diferencias individuales y culturales.
Para las activistas en pro del derecho al trabajo sexual, lo que se debe buscar es que se reconozcan sus derechos laborales y la seguridad social como cualquier otro trabajador, en particular a quienes lo ejercen en un contexto empresarial. Aunque es claro que muchas personas prefieren ejercer su prostitución de manera independiente e informal, como otras actividades de ejercicio “liberal”.
Finalmente, debo consignar que la Corte Suprema de Justicia se ha caracterizado por ser más bien conservadora, lo cual es coherente con el argumento poco moderno que ahora expone esta sala. Por oposición, en varios pronunciamientos de la Corte Constitucional se ha puesto de presente un enfoque amplio, moderno y de reconocimiento de los derechos individuales, calificando el ejercicio de la prostitución como “trabajo sexual”, dentro de los derechos a la igualdad, libertad y dignidad. Así como destacando que el Estado debe “detener los estereotipos y la estigmatización (del trabajo sexual) que generan una persecución moral, que se ha trasplantado al ordenamiento jurídico”.
