La justicia según convenga

Si se reclama presupuesto para la Judicatura, la JEP no es una institución marginal a la Rama Judicial. La misma defensa institucional merece tanto la una como la otra.
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Desde la década de 1980, en Colombia hemos transitado por 11 procesos de paz y al menos cuatro grandes marcos de sometimiento a la justicia. Los primeros dirigidos a grupos alzados en armas, guerrillas y organizaciones paramilitares. Los segundos, a estructuras del crimen organizado y el narcotráfico. Todos los gobiernos desde Belisario Betancur han intentado al menos una de estas dos vías, la negociación política o el sometimiento a la justicia.

Esto demuestra que la búsqueda de una salida negociada o jurídica al conflicto ha operado en Colombia casi como una política de Estado, a pesar de los drásticos cambios ideológicos entre un presidente y otro.

Colombia padece un péndulo histórico. Los gobiernos oscilan entre la ofensiva militar total y la salida negociada o jurídica. Pastrana llegó a negociar en medio del fortalecimiento militar del Estado, mientras Santos emprendió las conversaciones con las FARC después de los duros golpes que estas habían recibido durante la era Uribe. Dos momentos distintos de una misma realidad. Tarde o temprano, el Estado se ve obligado a reconocer que la superioridad militar no basta para derrotar organizaciones que sobreviven gracias a las economías ilícitas y a las complejas condiciones geográficas del país. La vía exclusivamente militar, por más que se insista en ella, no ha conseguido garantizar una paz estable y duradera.

Pese a la mano dura que pregona, el Gobierno acaba de descubrir las virtudes de una justicia que no se agota en la prisión. Con la nueva ley de sometimiento, quienes han integrado organizaciones criminales podrán acceder a tratamientos penales diferenciados, bajo determinadas condiciones, si contribuyen a la verdad, reparan a las víctimas y participan en el desmantelamiento de sus estructuras. La fórmula no es precisamente novedosa. Colombia lleva décadas ensayando mecanismos extraordinarios para responder a una criminalidad que el derecho penal ordinario no ha conseguido derrotar.

Si el discurso político se construye alrededor de la severidad del castigo, pero a la vez ofrece leyes de alternatividad penal, termina reconociendo que la cárcel, por sí sola, no consigue resolver determinados fenómenos de criminalidad organizada. La aparición de nuevas estructuras tras la desmovilización de guerrillas y paramilitares, así como el reemplazo casi inmediato de los capos y líderes del narcotráfico abatidos, demuestran que eliminar a sus cabecillas no significa derrotar las organizaciones criminales que los reemplazan.

Pero en esa fanfarria de anuncios existe una enorme contradicción. Si el Estado considera necesarios los tratamientos políticos y penales especiales para enfrentar la criminalidad histórica y la del presente, ¿por qué una reducción de pena puede presentarse como una herramienta eficaz para desmantelar las organizaciones criminales de hoy, mientras que una sanción restaurativa de la JEP puede ser cuestionada como una expresión de impunidad?

Lo curioso es que, mientras el Gobierno reivindica estos instrumentos para enfrentar la criminalidad del presente, mantiene una confrontación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada precisamente para investigar, juzgar y sancionar los crímenes de nuestro conflicto armado. No son modelos idénticos, pero tampoco pertenecen a universos jurídicos irreconciliables. Ambos reconocen que la justicia puede exigir responsabilidades mediante mecanismos diferenciados y obligaciones que trascienden la simple privación de la libertad. Al final, la paz no se alcanza solo con prisión y guerra. Pero tampoco puede construirse sobre la impunidad.

La segunda contradicción aparece cuando, por un lado, el Gobierno busca el sometimiento a la justicia de los actores criminales y, por el otro, la Presidencia anuncia una reducción de $170.000 millones al presupuesto de la JEP para 2027, mientras el resto de la Rama Judicial también enfrenta dificultades presupuestales. ¿Cómo se le exigen resultados a la justicia si se reducen los recursos que considera necesarios para producirlos?

Por eso, detrás del recorte presupuestal a la justicia no existe solamente una discusión entre el Ministerio de Hacienda y los magistrados. No es solo un problema de inversión, gasto público o respeto por las instituciones. Detrás de un recorte judicial hay víctimas que esperan respuestas, comparecientes que reclaman una decisión y una sociedad que necesita comprobar que la justicia sí existe. En el caso de la JEP están quienes esperan conocer la verdad, quienes reclaman responsabilidades por los crímenes cometidos y quienes tienen derecho a una definición de su situación jurídica.

Sin embargo, tampoco resulta coherente que el Consejo Superior de la Judicatura reclame públicamente por un déficit de $6,1 billones para 2027, mientras las altas cortes no han realizado una defensa pública colegiada comparable frente a los recortes presupuestales de la JEP. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, reconoció en octubre que habían adelantado gestiones institucionales en defensa de la JEP, pero que no consideraban necesario darles visibilidad pública. En noviembre volvió a pronunciarse a favor de la continuidad de esa jurisdicción y de garantizar los recursos mínimos para su funcionamiento. ¿Por qué la prudencia institucional puede justificar la ausencia de un pronunciamiento conjunto cuando se trata de defender a la JEP, pero no impide alzar la voz cuando están comprometidos los recursos del resto de la justicia?

Si en la búsqueda de la paz, para superar el conflicto armado, el terrorismo y el narcotráfico, la justicia ha sido un eje trascendental, y el propio Estado ha recurrido a mecanismos de justicia transicional y de sometimiento, no puede existir una justicia de primera y otra de segunda. Tan importante es la justicia ordinaria, que resuelve los conflictos diarios de la sociedad, como la justicia especial que busca responder por los crímenes de nuestros conflictos estructurales.

Entonces, si se reclama presupuesto para la Judicatura, la JEP no es una institución marginal a la Rama Judicial. La misma defensa institucional merece tanto la una como la otra. La solidaridad entre las altas cortes y la JEP no exige inmunidad frente a la crítica, ni aceptación automática de sus solicitudes presupuestales, ni mucho menos eximirla de la obligación de ofrecer resultados. Exige coherencia en la defensa de las condiciones indispensables para administrar justicia.

La independencia judicial tampoco puede convertirse en un privilegio que cada jurisdicción defiende únicamente cuando sus propios recursos están comprometidos. Y si los tratamientos penales diferenciados son herramientas legítimas para enfrentar la criminalidad del presente, su legitimidad no desaparece porque estén asociados a la justicia del pasado ni por el gobierno de turno que los haya promovido.

El debate presupuestal tiene una dimensión material de acceso a la justicia que va mucho más allá de cualquier justificación fiscal. La defensa de la autonomía de la JEP no equivale a defender las decisiones de sus magistrados. Equivale a defender la institucionalidad constitucional que permite que esas decisiones sean adoptadas de manera independiente.

La justicia y las altas cortes deben alzar su voz enérgica de protesta cuando se reduce dramáticamente el presupuesto de una de sus jurisdicciones. La JEP no es simplemente una creación política derivada de un acuerdo entre un Gobierno y una organización insurgente, acuerdo que, por supuesto, puede ser objeto de enormes críticas. Su diseño está incorporado al orden constitucional y ha sido objeto de control por la Corte Constitucional. Claro que es legítimo cuestionar su funcionamiento y exigir resultados, pero su valor institucional no puede debilitarse por esas controversias. La JEP merece una defensa pública colegiada, comparable con la que la Judicatura realizó frente a su propio déficit presupuestal. El respaldo público, con voz de autoridad, de los presidentes de las altas cortes es urgente y necesario.

Colombia parece haber aprendido a negociar la terminación de la violencia, pero todavía discute cómo legitimar la justicia que resulta de esas negociaciones. Lamentablemente, seguimos atrapados en una espiral en la que el Estado necesita una y otra vez mecanismos extraordinarios para enfrentar la violencia, mientras estos siguen siendo objeto de controversias sobre su legitimidad, sus resultados y hasta los recursos necesarios para hacerlos funcionar.

La paz es un bien común. No lleva el nombre de un presidente ni de un caudillo. Es uno de los mayores anhelos de nuestra sociedad y no puede sacrificarse simplemente porque otro gobernante haya ideado una ruta, una ley o un acuerdo. Su valor trasciende las mayorías políticas y las disputas entre gobiernos. Un Estado que exige coherencia a sus jueces debe comenzar por practicarla.

No basta con tomarse la foto con el presidente. La independencia judicial también se defiende alzando la voz cuando están comprometidos los recursos necesarios para administrar justicia. La separación de poderes no es una ficción constitucional ni una cortesía entre funcionarios. Y el gobernante de turno no puede pretender que la justicia extraordinaria sea una virtud cuando negocia el presente y un defecto cuando debe responder por el pasado.

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  • Jorge Mario Gómez Restrepo

    1974. Abogado penalista de la Universidad Libre, especialista en Instituciones Jurídico Penales y Criminología de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia. Profesor universitario e investigador en derecho penal y derecho penal internacional, litigante y columnista en temas de justicia penal, garantías procesales, democracia, derechos humanos y poder punitivo.

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