Ocho días después del sísmico 10 de agosto, los ecos de los martillos retumban por las calles del centro de Manizales a varias cuadras de distancia. Hay pocos escombros en el asfalto; los bloques más grandes son pulverizados con martillos hidráulicos para despejar el paso en los andenes y algunas fachadas están siendo arregladas por albañiles que se suben a andamios para romper golpe a golpe los pedazos de fachadas estropeadas. La gente transita por callejuelas, acordonados con vallas y cintas amarillas de precaución para que no se acerquen lo suficiente a los edificios en riesgo de colapso. Se siente de nuevo el afán cotidiano, pero ocurre en un silencio aturdidor. Es una marcha rápida y sobria, como si el recuerdo de la tragedia acompañara a cada transeúnte que estuvo a punto de perderlo todo. Aun con el miedo, la pena o duelo nadie se detiene: hay que cumplir los trámites del día en la zona más golpeada por el sismo.
En las esquinas, los vendedores informales no tienen el privilegio de cerrar sus puestos ni de pausar su rutina para procesar la pérdida. Rompen el aire con pregones de frutas y mercancías porque la necesidad no admite luto y cada nuevo espacio que es liberado por las cuadrillas de obreros, es nuevamente utilizado para acomodar mercancías. En este paisaje de contrastes, la tragedia expone una brecha clara: mientras unos pocos pueden permitirse asimilar el impacto, la mayoría debe tragarse las lágrimas para garantizar el sustento del día.
La presencia institucional en el centro se limita a uniformados custodiando las esquinas críticas. Los planes reales de recuperación, apoyos directos y subsidios permanecen atascados en la lentitud administrativa. Mientras la urgencia de la gente exige inmediatez, desde la Alcaldía ya se habla de una reconstrucción cercana a los 130.000 millones de pesos financiada mediante vigencias futuras. Si la solución se sostiene sobre deuda pública, los damnificados terminarán revictimizados: tras perder bienes, tranquilidad y patrimonio, terminarán pagando la cuenta del municipio a través de más impuestos, si no es por medio de deuda pública, aún no se tienen claros los mecanismos de endeudamiento.
Esta presión fiscal local coincide con serias dudas sobre el manejo nacional del desastre. ¿Para qué endeudar al país si el decreto de emergencia económica termina abarcando a departamentos sin afectaciones en su infraestructura ni pérdidas humanas? Entre la tramitología local y la ambigüedad central, la respuesta oficial parece relegada al acostumbrado «amanecerá y veremos».
Al final, tras observar la lona verde, el polvo que no termina de asentarse y el andamio improvisado que sostiene fachadas a punto de ceder, queda una certeza incómoda: Manizales no se está levantando desde los escritorios ni desde las planillas burocráticas. La ciudad se sostiene a pulso sobre la espalda de los obreros que pican muro y los comerciantes que vocean en la acera, la solidaridad de las personas que han hecho campaña de acopio y entrega de ayudas como voluntarios y personas del común que está ayudando de manera desinteresada a su comunidad afectada por el desastre. Arriba, el impacto del martillo recuerda que la ruina es física; abajo, la cinta amarilla que todos esquivan confirma que la verdadera urgencia jamás admite trámite.
¿Usted o alguien que conoce necesita acompañamiento psicosocial luego del terremoto? Comuníquese al teléfono 123, opción 3, línea habilitada por la Alcaldía de Manizales.
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