A poco más de dos meses de su investidura, el nuevo presidente colombiano busca hacer en tiempo récord lo que a Nicolás Maduro y Nayib Bukele les tomó años en Venezuela y El Salvador. Los eventos de esta última semana bien podrían ser los de dos años de un aspirante a autócrata de la era pre-Trump.
Puesto que Abelardo de la Espriella ganó por apenas 250 mil votos (0.96%) en segunda vuelta (y que muchos de quienes votaron por él lo hicieron más bien en contra de Cepeda, y con un discurso en defensa de la Constitución de 1991 que ahora se queda sin fundamento) no sería de extrañarse que entre los miles que protestaron la semana pasada también se encuentren centristas arrepentidos y derechistas desencantados. ¿Para quién gobierna Abelardo, entonces?
Eso puede responderse con los otros acontecimientos de la semana: la expedición del Decreto 1525 de 2026 y la reapertura de la embajada de Colombia en Jerusalén. Esto último, de por sí escandaloso, hace parte de esa “deuda política” que Abelardo contrajo cuando le prometió al canciller israelí Gideon Sa’ar trasladar la embajada si ganaba las elecciones. Ha sido puntual en pagarla: reconoció los Altos del Golán como territorio israelí y retiró la intervención de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de Sudáfrica contra Israel. También se ha discutido una eventual salida de la Corte Penal Internacional, aunque hasta ahora no se ha concretado.
La apertura de una embajada en Jerusalén occidental (en una ciudad ocupada según la ley internacional) más allá de los cuestionamientos internacionales, genera también una preocupación interna, pues la cooperación en inteligencia con Israel también nos concierne a los colombianos. El controvertido spyware israelí “Pegasus”, usado para la vigilancia de críticos, investigadores y opositores en distintos países, fue ilegalmente vendido a la fuerza pública colombiana en 2021, el año del Paro Nacional.
Aquí cobra relevancia el nuevo Decreto 1525 de 2026, que, entre otras cosas, amplía el margen para intervenir frente a actos considerados violentos en una manifestación. Si bien no prohíbe directamente la protesta pacífica, su aplicación puede terminar criminalizando muchas de sus formas. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando alguien pinte un mural durante una marcha?, ¿puede una pintada volver violenta a toda la manifestación? Esto viene acompañado del anuncio de un estatuto antiterrorista, del que ya circula un borrador, y me lleva a pensar en ese amplio concepto que tienen las autoridades colombianas para definir lo que es o no es el terrorismo. Me lleva a pensar, otra vez, en el Paro Nacional de 2021.
Pero antes de irnos al pasado es importante mencionar otra movida presidencial que, si bien parece inocua, me recuerda una de las movidas más absurdas (y ponzoñosas) del Ministerio de Defensa en las últimas décadas. La Directiva 05, emitida el pasado 7 de octubre, exige en su numeral 2.2 que las campañas de comunicación pública sigan la “narrativa de gobierno” y reciban aprobación de la Presidencia. Iván Duque ya había centralizado las campañas institucionales mediante la Directiva 03 de 2019. Esa directiva no autorizaba la vigilancia de ciudadanos, pero el antecedente de la empresa quimérica “Alotrópico” y la campaña #ColombiaEsMiVerdad hizo evidente la forma en que el Estado puede «weaponizar» sus canales de comunicación.
Desde que subió al poder en agosto de 2018, la administración de Iván Duque estuvo plagada de protestas y controversias que finalmente llevaron al otoño de la derecha tradicional colombiana. En 2018 los estudiantes de universidades públicas hicimos huelga para exigir recursos para la educación. En 2019, cuando protestas similares se extendían desde Chile hasta Hong Kong, una huelga a gran escala paralizó el país a finales de noviembre. Le decíamos también el “Paro Nacional”, sin saber que dos años después ya tendríamos que inventarle otro nombre. Pero para el momento era el “gran paro”, y los estudiantes, sindicalistas, opositores políticos y ciudadanos del común nos tomamos las calles. La muerte de Dilan Cruz ya nos había mostrado que tampoco era un período pacífico para todos. Para el gobierno, lo que esto representó fue la advertencia de que el país se les podía salir de las manos.
Alotrópico S. A. S. (posteriormente renombrada La Tríada) fue una empresa privada de comunicación estratégica fundada en 2015 por tres personas que habían estado bajo el mando de Diego Molano en otra entidad gubernamental. Dos de ellas tenían, además, parejas en la fuerza pública. Alotrópico firmó tres contratos con el DAPRE (el Departamento Administrativo de la Presidencia) entre 2019 y 2020. Cuando, a principios de 2021, Diego Molano fue nombrado ministro de Defensa, Alotrópico firmó un contrato directamente con este ministerio.
Semanas antes del Gran Paro Nacional de 2021, Alotrópico obtuvo un contrato por 898,45 millones de pesos para una estrategia de comunicación bautizada como “Transformar Comunicando”, que buscaba mejorar la imagen de las fuerzas armadas en la opinión pública. En los primeros días de mayo, cuando las principales ciudades se encontraban militarizadas y el número de muertos ya se contaba por decenas, las redes sociales, que desde 2019 eran otra arena de la protesta civil, se convirtieron también en espacio de vigilancia, perfilamiento y represión estatal.
En la mañana del 6 de mayo, las páginas web asociadas al Ministerio de Defensa fingieron un “ciberataque”. El mismo día fue lanzada una campaña con el hashtag #ColombiaEsMiVerdad, inicialmente contemplada para “combatir las noticias falsas”. Mientras tanto, la fuerza pública adelantaba labores de “ciberpatrullaje”. En palabras simples: podía monitorear las redes sociales y señalar a sus críticos por desprestigiar a las fuerzas armadas y “difundir terror” por medios digitales.
A finales de octubre, cuando ya se acumulaban detenciones iniciadas meses antes, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) denunció la campaña y el falso ciberataque al Ministerio de Defensa, así como la opacidad del ciberpatrullaje y el riesgo de perfilar a civiles. Para entonces, las denuncias acumuladas hablaban de decenas de muertos, casi cinco mil casos de violencia de la fuerza pública y más de dos mil detenciones arbitrarias.
Se esperaba que el escándalo de Alotrópico resultara en una investigación a fondo, un esclarecimiento de los hechos, la identificación y el sometimiento de los responsables y, por supuesto, un proceso transparente y justo para aquellos que habían sido arbitrariamente judicializados por cargos de terrorismo. Esto era necesario para las víctimas directas y sus familias, y también para que quienes salieron del país en esta coyuntura tuvieran garantías para regresar. Pero a este escándalo lo eclipsó otro, y luego otro, y, mientras la opinión pública continuó sin ellos, muchos nos quedaron detenidos en ese pedazo de la historia.
En 2024, después de que la administración de Petro rompiera relaciones diplomáticas con Israel en mayo, nuevas revelaciones sobre la compra de Pegasus volvieron a poner el tema sobre la mesa. Muchos tuvimos la esperanza de que lo ocurrido durante el Paro Nacional fuera esclarecido, los culpables identificados y las víctimas reparadas.
Tras la ruptura diplomática, varios periodistas e influencers colombianos fueron invitados a Israel por organizaciones y representantes de ese país. Algunos de quienes participaron en esas visitas son ahora fervientes defensores del abelardismo. En 2025, Abelardo de la Espriella se reunió con el canciller israelí Gideon Sa’ar y le prometió trasladar la embajada si ganaba. Ese acercamiento, que más bien me pareció una especie de hipoteca política, se ha visto traducido en la errática (o, al contrario, muy estratégica) política exterior de nuestro nuevo presidente.
Ahora Colombia reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y se ha planteado la posibilidad de salirse de la Corte Penal Internacional. La apertura de la embajada en Jerusalén, junto con la nueva cooperación comercial y de defensa con Israel, no solo concierne a lo que pueda ocurrir a continuación: me preocupa también que quede relegada la búsqueda de verdad sobre los crímenes del Paro Nacional. De cierta manera, temo que la justificación del actuar de la fuerza pública y la sospecha sobre la protesta civil tengan un “efecto retroactivo” en nuestra memoria colectiva, no solamente institucional.
Así, mientras por un lado se intenta “legalizar la barbarie”, el Decreto 1525 y la Directiva 05 me recuerdan lo que de todas formas ya ocurría por debajo de la mesa. La diferencia es que ya no estamos en 2021, y el mundo ha cambiado radicalmente. Antes, el escarnio público por la violencia policial llevó a la administración de Duque a desesperadas maromas de lavado de imagen, entre ellas la deslegitimación de los denunciantes. Una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue inicialmente rechazada al llegar al aeropuerto de Bogotá. La idea de que éramos vistos desde afuera nos dio a quienes protestábamos cierta sensación de “garantía internacional”. Ahora ni los más soñadores se atreven a imaginarlo.
Temo que las próximas movilizaciones sirvan de excusa para una respuesta desproporcionada de la fuerza pública, como lo vimos en carne propia en 2021. Lo bueno que esto nos enseñó es que la resistencia civil no se da únicamente con pancartas en la calle o bloqueando avenidas, sino en el rechazo ininterrumpido de la barbarie y el abuso de poder desde nuestros propios papeles en la sociedad. Colombia ya era un país polarizado y violento antes de que apareciera Abelardo. Muchos de quienes participaron en esa dinámica de coerción querrán también nutrirse del descontento civil. Por eso lo primordial será garantizar que la resistencia civil sea pacífica, y que nuestros esfuerzos se centren en defender en “primera línea” a las instituciones, nuestro Estado de derecho y nuestro proyecto colectivo de país.
La “primera línea” son también los periodistas críticos a quienes se les cierran espacios en los medios tradicionales, y los periodistas independientes que enfrentan intimidaciones y amenazas de grupos anónimos. La primera línea son también los funcionarios públicos, en sus distintas ramas, que conforman la carne de la institucionalidad aun cuando sus superiores son removidos de sus cargos y reemplazados por simpatizantes del presidente. La primera línea son los miembros de la fuerza pública que creen en la institucionalidad y que rechazan los abusos cometidos por sus compañeros. La primera línea son los líderes religiosos que se oponen a la instrumentalización del amor para cristianizar la violencia. La primera línea son los abogados, los defensores de derechos humanos, los estudiantes, los profesores, los sindicalistas, los colombianos del común, sin importar por quién o contra quién votaron hace pocos meses.
Lamentablemente, el huracán represivo que temo sobre Colombia no es un fenómeno aislado, pero tampoco algo que pueda atribuirse únicamente a Benjamín Netanyahu ni a Donald Trump. Este nuevo tipo de autoritarismo y sus métodos represivos se repiten por todo el mundo, y las banderas nos han hecho perdonarlo en unos casos e indignarnos por otros. Los manifestantes venezolanos que por los mismos años protestaron contra Maduro sufrieron tácticas de perfilamiento, detenciones arbitrarias y gravísimas violaciones de los derechos humanos, de forma sistemática. Los bielorrusos que en 2020 protestaron en las calles de Minsk pasaron por una represión similar. Una suerte parecida vivieron ciudadanos turcos y rusos. A muchos de ellos es fácil invisibilizarlos si luchamos solo contra los tiranos que no son de nuestro agrado. Los métodos de represión, a diferencia de nuestros discursos, no tienen miramientos ideológicos.
Muchos nacimos demasiado tarde para entender el horror de la Operación Cóndor, pero justo a tiempo para entender que nadie tiene el monopolio de la barbarie. Podemos aprender de experiencias contemporáneas, pero para ello hay que salirnos del ajedrez geopolítico y el antiimperialismo selectivo. Es imposible explicar el retroceso democrático en Colombia sin relacionarlo con el estadounidense, el venezolano, el ruso, el turco, incluso el israelí.
Es fácil sentirse impotente, pero Abelardo de la Espriella es un hombre vanidoso y ególatra, que durante años se ha acosado a periodistas en los tribunales y que ahora cree disponer también del poder del Estado. Su autoridad, no obstante, no está consolidada: su discurso no encaja ni siquiera con el del uribismo en vísperas de las elecciones. Su afán por gobernar para amigos extranjeros y clanes locales, y atacar al mismo tiempo a los grupos minoritarios en un país constituido por grupos minoritarios, ayuda a explicar que las protestas multitudinarias arrancaran dos meses después de su investidura. Abelardo de la Espriella, mientras tanto, seguirá cerrando su puño sobre las instituciones y la sociedad civil colombiana. El próximo “estatuto antiterrorista” puede ser el golpe mortal para la oposición pública. Ya se conoce un borrador, y me preocupa el margen que daría para señalar a personas y organizaciones como terroristas. Incluso sin saber su contenido, podemos estar seguros de que se asemejará a estatutos idénticos de otros países que cayeron en tiranías en tiempos recientes. Sus ciudadanos tuvieron también diversas formas de luchar por la democracia, y es vital que los colombianos (y latinoamericanos) aprendamos de ellos, y nos preparemos para luchar por el futuro colectivo.
