Hay días que no se borran, se recuerdan con la exactitud de una fotografía. Para nuestra región serán imborrable las 7:34 a.m. del 10 de agosto del 2026. En pocos segundos, parte de lo que habíamos construido se desplomó, se perdieron vidas y se abrieron grietas físicas y emocionales difíciles de reparar.
Veinticinco años antes, el martes 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 de la mañana, el mundo vio caer otras estructuras. Esta vez no fue la naturaleza, sino la violencia y la soberbia humanas. Las consecuencias no se limitaron a una región. Alteraron la política mundial y todavía perduran.
Años atrás, como televidente, pude observar la Guerra del Golfo. CNN mostraba portaaviones, misiles y soldados de la coalición internacional que respondió a la invasión iraquí de Kuwait. La operación Tormenta del Desierto convirtió la guerra en una transmisión en vivo. Hoy, apenas se dispara un misil o se produce un bombardeo, las imágenes inundan las redes sociales y las agencias de noticias.
Ese tiempo me enseñó que lo que la civilización tarda siglos en levantar puede ser arrancado y destruido en un segundo. Un acontecimiento tras otro fue transformando cada década, y cada escalada de violencia pareció preparar la siguiente, hasta llegar a nuestros días.
Ese 11 de septiembre vi el segundo avión cruzar el cielo de New York y estrellarse contra una de las torres gemelas del Wall Street. Ya la otra estaba ardiendo. 15 minutos atrás había ocurrido lo mismo, se mencionaba que el primer impacto era un accidente. Pero las imágenes del segundo golpe nos permitieron con escalofriante certeza entender que era algo planificado. Ese símbolo del poder económico del mundo moderno eran dos antorchas ardiendo y minutos después quedó derrumbado y en cenizas.
A partir de entonces se inauguró una era del miedo. Lo que hicieron los terroristas fue evidente y reprochable. Pero el problema era cómo asumirían las democracias ese desastre y cómo lidiarían en adelante con sus consecuencias. Las campañas políticas apelaron al miedo y a la seguridad. Se encontraron atajos para justificar restricciones a los derechos fundamentales. El mundo inauguró una época en la que la excepción se volvió parte de la habitualidad.
Cinco consecuencias quedaron escritas a partir de ese día.
La primera consecuencia fue que la democracia y los valores civilizatorios reconstruidos después de la Segunda Guerra Mundial mediante tratados de derechos humanos y organismos creados para su promoción y defensa quedaron en entredicho. A partir de los atentados comenzó a imponerse un nuevo orden justificado en nombre de la seguridad. Se alteraron los límites entre libertad, poder estatal y derechos fundamentales.
Estados Unidos y el Reino Unido aplicaron doctrinas que, desde entonces, pusieron en discusión si el debido proceso debía ser aplicable a quienes eran señalados como terroristas. La detención indefinida y sin juicio se impuso como recurso válido, y de allí nació la infame cárcel de Guantánamo. Responsables, sospechosos e incluso personas que nunca debieron estar allí fueron trasladados e incomunicados.
La tortura resucitó como método supuestamente legítimo para alcanzar la verdad. El mundo conoció lo que ocurría en Guantánamo y en otros centros de detención y, sin embargo, durante demasiado tiempo guardó silencio.
La segunda consecuencia fue el deterioro de la intimidad y del derecho a la privacidad. Los intereses de seguridad nacional comenzaron a reclamar la posibilidad de conocer nuestras vidas, vigilarlas y calcular qué tan riesgoso podía ser cada ciudadano o si podía ser clasificado como sospechoso. La Patriot Act fue una de las herramientas utilizadas para ampliar esas facultades.
También quedó en entredicho el respeto a la soberanía de los Estados. Se justificaron invasiones en nombre de la seguridad, de la guerra preventiva o de una supuesta legítima defensa anticipada.
La tercera secuela fue el debilitamiento del equilibrio democrático. El poder ejecutivo presidencialista se expandió y la guerra contra el terrorismo permitió justificar decisiones radicales en materia militar, de inteligencia, detención y seguridad nacional. Esto abrió una discusión que sigue vigente sobre cuáles son los límites de un presidente cuando actúa en nombre de la seguridad sin suficiente control del Congreso o de los jueces. Se crearon respuestas extraordinarias a una amenaza extraordinaria, y las vías excepcionales se volvieron duraderas.
La cuarta implicación fue la transformación de la idea misma de ciudadanía. Después del 11-S se instaló una sospecha persistente sobre determinados grupos, como musulmanes, árabes y migrantes. Las políticas de detención, control migratorio y vigilancia diferenciada fueron y siguen siendo el pan de cada día. Se abrió una nueva puerta a tratamientos selectivos basados en la nacionalidad, el origen o la religión.
Es cierto que las reformas posteriores al 11-S contribuyeron a reforzar las capacidades antiterroristas. Sin embargo, ese resultado no debe confundirse con la infalibilidad del aparato de seguridad. Los conflictos actuales demuestran que ningún sistema de vigilancia ni despliegue militar elimina por completo las amenazas.
Pero lo más dramático y paradójico es el quinto resultado. Se dio una transformación cultural. El ciudadano comenzó a aceptar que, para estar seguro, debía entregar una parte de su libertad.
En la cotidianidad, o en la inmediatez en la que vivíamos y que hoy continúa aún más desenfrenada, era difícil detenernos a pensar en las consecuencias de aquel septiembre. Pero todo cambió y lo que entonces era excepcional hoy lo consideramos parte del orden.
La herencia del 11-S no quedó atrapada en la década de 2000. Es uno de los moldes sobre los cuales se construyó la política del siglo XXI. Esa idea de actuar al margen de la ley, de descalificar los poderes judiciales y legislativos para imponer la voluntad de quien gobierna empezó a erosionar la democracia y ayudó a diseñar los trazos del populismo moderno de corte autoritario.
Esa idea de refundación de las naciones, de la “patria milagro” o de “Colombia potencia de la vida”, recoge, a estrujones, una lógica política que comenzó a normalizarse entonces. Es la retórica que hoy se utiliza como canto de sirenas para transgredir las reglas institucionales y constitucionales.
Ahora que los linderos de la doctrina construida en aquella década se han corrido, los gobernantes de hoy se sienten con la capacidad de calificar a sus contradictores como enemigos. Periodistas, opositores y minorías son presentados como una “amenaza a la seguridad nacional”. No rinden cuentas. Guardan silencio de forma arrogante, escogen las preguntas y evaden las respuestas, como si fueran parte de un nuevo clan de seres intocables por las leyes y respaldados por el poder económico.
Esa ausencia de rendición de cuentas generó una percepción de hipocresía en las democracias occidentales. Y alimentó en los ciudadanos una profunda desconfianza hacia las instituciones, los expertos y las élites políticas, sembrando el germen de la polarización, la paranoia alrededor de la seguridad y el cinismo frente a la política actual.
Invadir y ocupar territorios bajo la justificación de una supuesta legítima defensa preventiva es el nuevo orden. En la práctica, se ha arrasado con el principio que prohíbe el uso unilateral de la fuerza. Ya no importa que los intereses no pasen únicamente por la seguridad nacional. La agenda geoeconómica y política también se ha convertido en una justificación para la invasión.
Tal vez el mayor triunfo político del terrorismo no haya sido destruir edificios, sino convencer a las democracias de que, para sobrevivir, debían parecerse un poco menos a sí mismas. Es decir, el terrorismo cambió, pero la arquitectura política construida para combatirlo permaneció.
