Vengo con una obsesión difícil de disipar para un abogado y profesor de derecho, la sensación de estar presenciando, en primera fila, el final de una promesa. No es la desaparición formal de las Naciones Unidas, de los tratados o de los tribunales internacionales lo que me inquieta. Es algo menos visible y acaso más grave, el abandono de la idea que les dio sentido, aquella según la cual también el poder podía ser sometido a reglas.
La amenaza no consiste únicamente en que las instituciones internacionales pierdan eficacia, sino en que aceptemos como normal que sus reglas solo obligan a los débiles. Si el derecho internacional se convierte en un instrumento disponible según la conveniencia política de los poderosos, la promesa de limitar la guerra, proteger los derechos humanos y juzgar las atrocidades deja de ser un proyecto común y se transforma en una ficción.
En la era de la civilización del espectáculo —para utilizar la expresión de Mario Vargas Llosa—, las potencias dejaron de fingir que aceptan someterse a las reglas internacionales. Ahora reclaman su pedazo de torta en la geopolítica a como dé lugar. Detrás de ellas desfilan los líderes de las naciones periféricas, que adoptan el discurso populista y se inclinan ante la necesidad de ser apadrinados por alguno de los hegemones.
En la política contemporánea esa rebelión contra los límites internacionales habla varios idiomas. Esas voces ruidosas del conservadurismo populista contemporáneo agitan la patria con el puño cerrado y la retórica patriótica para rechazar las instituciones internacionales. Se presenta a la ONU, al sistema interamericano de derechos humanos y a otras instituciones multilaterales como amenazas contra la seguridad, la identidad nacional y la autoridad de los jueces internos. La soberanía termina convertida en una consigna útil para declarar extranjeras las libertades.
Por otro lado, algunas izquierdas —especialmente en América Latina y en el llamado Sur Global— utilizan el discurso del imperialismo y el colonialismo para denunciar que estamos sometidos y subordinados. Desde esa perspectiva, las instituciones internacionales son herramientas de poder de las superpotencias. No atacan la existencia del derecho internacional en sí, sino su aplicación selectiva.
Unos y otros, desde orillas y motivaciones distintas, construyen narrativas para deslegitimar a estas instituciones cuando limitan su margen de acción. Subordinan el derecho a la conveniencia política.
Al final, las dos puntas se unen. Cuando son oposición o se presentan como víctimas, acuden al derecho internacional para denunciar persecuciones y pedir protección. Cuando llegan al gobierno, invocan la soberanía para desconocer las decisiones que les estorban. Cambian las banderas —patria, seguridad, revolución o antiimperialismo-, pero el truco es el mismo, que el derecho obligue al adversario y sea negociable para el poder propio.
Las instituciones internacionales han sido lentas y selectivas frente a los poderosos. No necesitan devoción ni defensores arrodillados. Necesitan reformas, eficacia y la misma regla para todos. Pero una cosa es exigir que funcionen y otra ayudar a demolerlas. Esto no es poesía ni ingenuidad jurídica. Los tratados, las convenciones y los organismos de derechos humanos son garantías. Cuando un país débil renuncia a ellas, no se vuelve más autónomo, se está quedando más solo.
El ataque actual al multilateralismo ya no ocurre solamente mediante el incumplimiento de sus reglas. Ahora se amenaza con abandonar tratados, se desfinancian organismos, se desconocen decisiones, se castiga a quienes investigan a los poderosos y se utiliza el veto para convertir la legalidad en parálisis. Estamos pasando de un mundo en el que las potencias violaban las reglas mientras todavía reconocían su autoridad a otro en el que buscan destruir cualquier regla capaz de alcanzarlas.
Dos décadas atrás, Luigi Ferrajoli lo advirtió en “razones jurídicas del pacifismo”. El mundo volvía a obsesionarse con la guerra como instrumento de dominación y las normas internacionales empezaban a tratarse como límites negociables. Su defensa del derecho no provenía de la ingenuidad, sino de una evidencia brutal, quienes carecen de fuerza militar, económica o diplomática necesitan reglas capaces de frenar a quienes sí la tienen.
El orden construido después de las dos guerras mundiales nunca fue coherente ni igualitario. Vietnam, las dictaduras latinoamericanas, Ruanda y los Balcanes impiden inventar una edad de oro del multilateralismo. El veto en el Consejo de Seguridad demuestra, desde el origen, que unas naciones son más iguales que otras. Aun así, aquel orden levantó una promesa decisiva, la de prohibir el uso de la fuerza y admitirlo, de manera excepcional, frente a un ataque armado o por decisión del Consejo de Seguridad.
Pero el 11 de septiembre de 2001 hizo visible la desigualdad estructural y la profundizó. Ferrajoli vio en los atentados de Al Qaeda una oportunidad para fortalecer la cooperación policial y judicial y perseguir a los responsables mediante el derecho. Sin embargo, se escogió el camino contrario. Las cenizas de las Torres Gemelas sirvieron para declarar una guerra global contra el terrorismo y fundar una nueva temporada de unilateralismo.
Desde entonces una nueva realidad cruzó el mundo. El unilateralismo inauguró una época marcada por la guerra preventiva. La palabra terrorismo se convirtió en un comodín y con ella se legitimaron intervenciones militares, se flexibilizaron garantías procesales y se mostraron los derechos humanos como obstáculos. La invasión de Irak, ejecutada sin una nueva autorización expresa del Consejo de Seguridad, y la prisión de Guantánamo dejaron a la vista una legalidad subordinada a la fuerza.
Todo empezó a parecer un estado de excepción. El modelo bélico desestabilizó regiones, alimentó fanatismos y debilitó el mismo Estado de derecho que decía defender. Estados Unidos actuó como juez y policía del mundo y contribuyó a normalizar la idea de que una potencia podía acomodar las reglas a su necesidad. Otros rufianes tomaron nota. Rusia construyó sus propias justificaciones frente a Ucrania, mientras otros Estados recurren al veto, la amenaza o la protección de sus aliados para bloquear cualquier rendición de cuentas.
Una de las bases de la crisis actual se sentó allí. La ONU quedó marginada y reducida a simple espectadora. El precedente fue funesto. Otras potencias lo utilizarían después para justificar sus propias agresiones y demostrar crudamente que poco o nada podía hacer la organización.
La crisis del multilateralismo es, en esencia, una crisis de credibilidad. Las reglas pierden autoridad cuando avanzan frente a unos y se detienen frente a otros por presión política. Para los ciudadanos de a pie eso se llama doble moral; para los Estados, realpolitik. El problema es que la respuesta al doble rasero ya no consiste en exigir igualdad ante el derecho, sino en reclamar nuevas inmunidades y celebrar cada compromiso que se rompe.
El derecho internacional y su multilateralismo no están muriendo por falta de normas, sino por exceso de excepciones concedidas a los poderosos y por la voluntad de los débiles de imitarlos. Las potencias abrieron la puerta, pero ahora algunos países periféricos se apresuran a arrancar desde dentro los últimos cerrojos.
América Latina debería entenderlo mejor que nadie. Una región fragmentada, con economías vulnerables y poca capacidad para imponer condiciones, no se protege retirándose del mundo ni declarando que cada compromiso internacional ofende su soberanía. Ya actuamos demasiadas veces como territorio disponible, zona de influencia y pedazo de torta en la mesa de otros. La autonomía no se declama, se construye participando en las reglas, exigiendo que alcancen también a los poderosos y formando alianzas capaces de defenderlas.
Los países débiles somos las primeras presas de un mundo sin límites comunes. Los tratados, las convenciones, las instituciones multilaterales y los organismos de derechos humanos son nuestra trinchera. El poder que construye tribunales para otros y los combate cuando pueden alcanzarlo no puede ser el que decida si sobrevivimos. Las potencias pueden darse el lujo de romper las reglas y después imponer otras. Nosotros no. Si ayudamos a derribar los muros de contención, los primeros cuerpos expuestos serán los nuestros. Sin reglas comunes, la paz deja de ser un derecho y vuelve a depender de la generosidad del más fuerte.
