Por estos días se ha hablado mucho del expresidente Laureano Gómez, ya que su descendencia quedó muy bien ubicada en la repartición de puestos del gobierno de los nunca, que empieza el próximo 7 de agosto y no veo la hora de que se acabe.
Yo también vengo a hablar de “El monstruo” o “El Basilisco”, los sobrenombres que usaban para referirse al más ultraderechista presidente que tuvo Colombia en el siglo XX, porque esta semana se cumplieron 83 años del crimen de Mamatoco, un caso sonadísimo en su momento, y olvidado como todo, porque todo lo que es ruido algún día será silencio.
Mamatoco se llamaba Francisco Anastasio Pérez. Era boxeador, periodista, activista, conspirador y ultragodo. En 1941 fue acusado de armar un complot para darle un golpe de estado al presidente liberal Eduardo Santos, tío abuelo del expresidente Juan Manuel Santos, porque Colombia no es un reino pero la política sí es hereditaria. El golpe fracasó y Mamatoco pasó una temporada en la cárcel. Cuando quedó libre sus críticas se enfilaron contra Alfonso López Pumarejo, el sucesor de Santos (y el papá de Alfonso López Michelsen, otro expresidente), hasta que en la noche del 14 de julio de 1943 Mamatoco apareció muerto en un parque de Teusaquillo en Bogotá. Tenía 40 años y recibió 19 puñaladas.
La versión oficial fue que lo iban a atracar y que lo mató la delincuencia común, porque los robos callejeros en Bogotá son muy anteriores al uso masivo de celulares, pero Laureano Gómez, que en ese momento era jefe de la oposición conservadora, desobediencia civil, resistencia política, activismo mediático y coordinador de la campaña nacional para hacer invivible la república, todo junto y sin redes sociales, empezó a publicar en su periódico El Siglo todos los días a ocho columnas una pregunta enorme y sin respuesta ¿Quién mató a Mamatoco?
¿Quién mató a Mamatoco?
¿Quién mató a Mamatoco?
¿Quién mató a Mamatoco?
La pregunta tenía sentido porque el cuento de la delincuencia común era eso: un cuento. Tiempo después se supo que a Mamatoco lo mataron Santiago Silva, Oliverio Ayala Azuero y Rubén Bohórquez qué si eran delincuentes, como decía el gobierno, porque todo asesino lo es, pero estos tenían una condición adicional: eran policías activos. Los tres confesaron y estuvieron presos unos años, hasta que en medio del caos de El Bogotazo, el 9 de abril de 1948, aprovecharon para fugarse de la cárcel.
Ahora: ¿Quién dio la orden? ¿Quién mandó matar a Mamatoco? ¿Fue un crimen de Estado ordenado por la cabeza del Ejecutivo? Averígüelo Vargas. El juez Enrique Vargas fue el encargado de investigar el caso y fue por él que se acuñó ese dicho.
No hubo fallo judicial que dijera que la orden vino del gobierno, pero hay historiadores que ven en este crimen de 1943 el germen de la renuncia anticipada del presidente López en 1945. Lo reemplazó por unos meses Alberto Lleras Camargo y en las elecciones siguientes los conservadores recuperaron el poder que habían perdido 16 años atrás. En 1950 Laureano Gómez se posesionó como presidente.
***
¿Quién dio la orden? el 18 de octubre de 2019, en el contexto del primero de los dos paros nacionales del gobierno de Iván Duque (un disc jockey, hijo de un exministro, que fue presidente con pena y sin gloria), Corrosivo colosal y otros artistas urbanos, con el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Movice, pintaron frente a la Escuela Militar, en el occidente de Bogotá, un enorme mural con la pregunta ¿Quién dio la orden? y la cifra “6.402”, porque en ese momento ahí iba el conteo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército colombiano contra civiles inocentes y desarmados entre 2002 y 2008. Hoy los llamados falsos positivos ya suman 7.837 víctimas según la JEP, que este gobierno que entra quiere acabar, pero ya veremos si puede hacerlo sin violar la Constitución. En todo caso esa es otra columna.
Vuelvo al mural: tenía la pregunta ¿Quién dio la orden?, la cifra de falsos positivos y, lo más importante, los rostros de cinco generales señalados como presuntos responsables de esa monstruosidad, junto con sus nombres y la cifra de falsos positivos que les achacaban. (Cuando digo monstruosidad me refiero a los falsos positivos, no al mural, y lo explico porque hay gente a la que le parecen gravísimos los grafitis y las paredes pintadas, y reclaman formas “más civilizadas” para denunciar los crímenes de Estado, un repertorio que incluye torturas, violaciones, desapariciones forzadas y homicidios que son sé qué tan civilizados les parecen):
- General Mario Montoya Uribe: Excomandante del Ejército Nacional: 2.429.
- General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo: Excomandante de la Brigada 13 y de la Segunda División: 45.
- General Nicacio de Jesús Martínez Espinel: Excomandante del Ejército Nacional: 75
- General Adolfo León Hernández Martínez: Excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre (antes Brigada Móvil 15): 39
- General Juan Carlos Barrera Jurado: Excomandante de la Brigada Móvil 15: 154
.
Prácticamente estaba fresca la pintura del mural cuando unos soldados (¿quién les dio la orden?) corrieron a taparlo. Pero como diría la vicepresidenta Francia Márquez (esa sí hija de ningún político, digna representante de “los nadie”): de malas. El mural se “viralizó” en redes sociales, videos, muros de distintas ciudades (como una pared a la entrada de la Universidad de Caldas), camisetas y hasta tapabocas durante la pandemia de Covid-19. Y no solo se multiplicó sino que además creció, hasta incluir los rostros de 14 mandos del Ejército, con sus nombres y los crímenes que les atribuían.
Los generales tutelaron, lo cual se agradece porque en caso de conflictos con los militares siempre es ganancia que los hombres de armas decidan confiar en los códigos. Alegaron presunción de inocencia, violación al debido proceso y lesión al buen nombre. Un juez les negó la solicitud, pero otro les dio la razón y le ordenó a Movice retirar la imagen de murales, redes sociales o medios de comunicación en un plazo de 48 horas, lo cual hizo, como era obvio, que la imagen se propagara aún más.
El caso llegó a la Corte Constitucional y el fallo T-281 de 2021 fijó un antecedente fundamental para la protección del arte callejero. “La verdad no solo se alcanza en escenarios judiciales” dijo la Corte, que además consideró que las cifras de víctimas asociadas a cada general provenían de fuentes confiables, así no hubiese fallo judicial de por medio. En su ponderación de derechos fundamentales la Corte amparó la libertad de expresión y el derecho a la memoria de las víctimas.
“La sociedad cuenta con la garantía de cuestionar la conducta de un servidor público que considere irregular o maliciosa, incluso en algunos casos en que el asunto ha sido resuelto por las autoridades competentes, puesto que no existe un monopolio sobre la verdad atribuido al sistema jurídico”.
***
Esta semana la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-202-26, volvió a proteger otra expresión de arte urbano: dos murales de Manizales y Medellín que dicen “Las cuchas tienen razón”. El mural de Manizales está ubicado a los dos muros de la vía que comunica al Parque de las Aguas con Los Agustinos. Fue pintado el 19 de enero de 2025 por Pinta Resiste y Fuego Popular, luego de que fueran encontrados en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín los primeros cuerpos de personas desaparecidas. Desde octubre de 2002, cuando se realizó la Operación Orión, la intervención militar urbana más grande que se ha hecho en Colombia, las madres de los desaparecidos insistieron que los cuerpos de sus hijos fueron arrojados a La Escombrera y había que buscarlos ahí. Durante años les dijeron que eso era falso hasta que el 18 de diciembre de 2024 encontraron los primeros restos. De acuerdo con la JEP, ya se han recuperado allí los cuerpos de siete víctimas de desaparición forzada.
Las cuchas tienen razón fue una frase que como ¿quién mató a Mamatoco? y ¿quién dio la orden? se propagó rápidamente por su alto contenido político. En enero de 2025 fueron pintados murales con esa frase en distintas ciudades del país, pero, casi simultáneamente, surgieron personas interesadas en borrarlos.
Hasta Manizales se desplazó el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, con el fin no solo de borrar el mural sino, sobre todo, de grabarse haciendo esa acción para subirla a sus redes sociales. Pudo hacerlo solo a medias, pero otro ciudadano pidió por vía judicial que la Alcaldía lo borrara, porque según él el mural le afectaba su salud mental. El caso llegó a la Corte Constitucional que esta semana ordenó que el mural se proteja y que el concejal ofrezca disculpas.
Según la Corte «el mural “Las cuchas tienen razón” goza de una especial protección constitucional. Por lo tanto, se predica “un nivel de cobertura reforzado que exige absoluta excepcionalidad en la restricción”».
De acuerdo con la Corte Constitucional «el mural “Las cuchas tienen razón” también constituye un discurso especialmente protegido, al tratar de un asunto de interés público (…) En cualquier sociedad organizada bajo la fórmula del Estado social y democrático de Derecho –como la colombiana–, los discursos y expresiones artísticas alusivas al conflicto armado y a graves violaciones a los derechos humanos son de especial interés público». Así mismo la Corte considera que el mural es importante en términos de género:
El mural –además de visibilizar graves violaciones a los derechos humanos– exalta la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, lo cual rompe con el rol impuesto por la cultura patriarcal, ya que –siguiendo a la Corporación Sisma– “su palabra pública interpela la desigualdad estructural que históricamente las ha excluido del relato oficial”.
Ya van dos fallos en los que la Corte Constitucional ampara el derecho a la libre expresión artística que se manifiesta en murales callejeros con contenido político. No obstante, como en bucle, volverán las tensiones entre quienes pintan muros y quienes quieren borrarlos, y fallos judiciales que llegan meses o años después.
Mientras tanto podemos seguir preguntando ¿quién dio la orden? y afirmar que las cuchas tienen razón.omo en bucle, volverán las tensiones entre quienes pintan muros y quienes quieren borrarlos, y fallos judiciales que llegan meses o años después.
Mientras tanto podemos afirmar que las cuchas tienen razón y seguir preguntando ¿quién dio la orden?
