Un presidente no necesita llamar a un juez ni impartir una orden ilegal para convertir la justicia en instrumento de gobierno. Le basta con anunciar auditorías, exhibir hallazgos preliminares, señalar responsables, promover denuncias y repetir, desde la autoridad del Estado, que el adversario es corrupto, criminal o traidor. Cuando llegue la decisión judicial, el castigo político puede haberse cumplido.
En el ecosistema digital, el atril presidencial ya no opera solamente como símbolo institucional. También funciona como una cabina de transmisión desde la que se fija la agenda, se anuncian nombramientos, se distribuyen culpabilidades y se alimenta la indignación. De la Espriella ya utiliza sus plataformas para revelar nombres de su gabinete y comunicar decisiones de la transición. El presidente influencer entiende que el poder contemporáneo no depende únicamente de la aprobación de leyes, sino también de su capacidad para hablar sin intermediarios e imponer un relato antes de que las instituciones hayan hablado.
Abelardo de la Espriella no llegará a la Presidencia solamente con un programa de gobierno. Llegará con un método político construido durante años alrededor de la denuncia, el señalamiento y la confrontación judicial. La transición ya ha estado marcada por acusaciones contra el gobierno saliente, auditorías forenses y denuncias penales derivadas de sus primeros hallazgos.
Por supuesto, auditar no es perseguir. Denunciar un delito tampoco constituye por sí mismo una forma de guerra jurídica. Un gobierno entrante tiene el deber de revisar las cuentas, establecer en qué condiciones recibe la administración y poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades que encuentre. La lucha contra la corrupción no puede convertirse en una víctima anticipada de cualquier discusión sobre el lawfare.
El lawfare suele entenderse como la instrumentalización del aparato judicial para obtener ventajas políticas. La expresión tomó fuerza alrededor de procesos contra dirigentes de izquierda, pero no pertenece a una ideología. Puede operar contra políticos de derecha, de centro o de izquierda. Lo decisivo no es quién ocupa el lugar del acusado, sino la deformación de la justicia para producir un resultado político.
No todo dirigente investigado puede presentarse como víctima de persecución. El término también puede convertirse en un escudo ideológico para desacreditar investigaciones legítimas, descalificar a los jueces y proteger a quienes sí han cometido actos de corrupción. La frontera la trazan el debido proceso y la actuación imparcial de las autoridades. Si una investigación respeta las competencias, permite la defensa y somete sus conclusiones al control de jueces independientes, estamos ante la justicia. Si las reglas se deforman para destruir al adversario, se administra una condena política.
El presidente acusador no necesita controlar formalmente a la Fiscalía ni someter a los jueces. El límite democrático aparece cuando los resultados dejan de presentarse ante los jueces y comienzan a utilizarse de manera preferente ante las cámaras. Un hallazgo preliminar se exhibe como prueba concluyente, una sospecha administrativa se transforma en certeza penal y una declaración pública termina convertida en audiencia de condena. La justicia puede tardar años en absolver, pero la política necesita apenas unos minutos para destruir una reputación.
Cuando llegue el archivo, la preclusión o la absolución, el daño será difícil de reparar. La decisión de los jueces llegará tarde porque la pena política se habrá cumplido por anticipado.
La Presidencia dispone de ministerios, superintendencias, entidades administrativas y equipos de auditoría capaces de producir documentos con valor apenas preliminar dentro de un proceso, pero con enorme capacidad para causar daño político cuando se divulgan como verdades oficiales. Lo que jurídicamente es una hipótesis puede convertirse en sentencia pública cuando quien la anuncia habla en nombre del Estado.
A ello se suma el poder de escoger el momento. Una denuncia presentada durante una campaña, antes de una elección regional o en medio de una discusión legislativa puede producir efectos mucho antes de que una autoridad determine si tiene fundamento. El proceso judicial conserva sus propios tiempos. La acusación política, en cambio, elige cuándo aparecer para causar el mayor impacto.
La instrumentalización de la justicia no comienza únicamente cuando un presidente presiona a un fiscal o exige una decisión a un juez. También aparece cuando fija públicamente el resultado que espera, señala como cómplices a quienes no lo producen y presenta cada decisión adversa como prueba de que las instituciones actúan contra su gobierno.
La independencia judicial rara vez se derrumba de un solo golpe. Colombia ya conoció parte de ese deterioro durante el gobierno anterior. Decisiones judiciales incómodas fueron respondidas con descalificaciones públicas, cuestionamientos sobre las motivaciones de jueces y magistrados, y acusaciones de persecución política contra instituciones que ejercían controles constitucionales. Ese precedente demuestra que la erosión de la independencia judicial no comienza cuando se clausuran los tribunales, sino cuando se instala la idea de que toda decisión adversa obedece a intereses distintos del derecho.
Precisamente por eso el problema no se limita a Petro ni a los funcionarios del gobierno saliente. Todos deben responder ante la justicia cuando existan hechos, pruebas y competencias legales. El verdadero peligro consiste en convertir esa lógica en una forma permanente de gobierno, capaz de utilizarse mañana contra cualquier opositor, periodista, magistrado, dirigente social o ciudadano incómodo. El problema nunca es el gobernante que inaugura una mala práctica. Es el siguiente, que ya la encuentra normalizada.
¿Qué pasará cuando se agoten los señalamientos contra el gobierno anterior y el espejo retrovisor deje de ser suficiente? Con el paso de los meses, la ciudadanía dejará de escuchar acusaciones y empezará a exigir resultados. Entonces el obstáculo ya no será Petro, sino las instituciones que impidan al nuevo gobierno hacer todo lo que prometió.
Los jueces que limiten sus decretos, las cortes que protejan derechos y los organismos que contradigan su versión podrán ser presentados como cómplices del pasado, defensores de la corrupción o enemigos del cambio. El presidente acusador siempre necesitará encontrar un nuevo culpable.
Así opera el autoritarismo por goteo. No suspende la Constitución ni clausura los tribunales. Los conserva, pero erosiona lentamente su legitimidad. Mantiene los procedimientos, aunque utiliza la voz oficial para anticipar sus resultados. Respeta formalmente a los jueces, pero convierte cada límite que imponen en una conspiración contra el gobierno.
Defender el debido proceso no significa proteger la corrupción ni garantizar impunidad. Significa impedir que la culpabilidad sea decretada desde la Casa de Nariño y que el poder ejecutivo decida quién merece castigo antes de que hablen los jueces. Ningún proyecto de transformación social ni de conservación del orden justifica la demolición de las garantías que nos protegen frente a la arbitrariedad. Cuando el presidente puede escoger a sus culpables, la justicia deja de investigar delitos y comienza a administrar enemigos.
