Una frase atribuida a Manuel Murillo Toro por Jorge Eliécer Gaitán dice lo siguiente: «El Código Penal es un perro que no muerde sino a los de ruana». La frase metafórica apela al mordisco para pensar en las normas de un contrato social implícito: son fórmulas de imposición de penas que, por tradición y cultura, se aplican desigualmente.
La metáfora del mordisco, así entendida, se ha citado desde que tengo memoria para señalar una deficiencia de la organización de las instituciones de justicia: así le quepa responder por una fechoría, el que tiene plata sale bien librado casi siempre y, así no haya hecho nada, el acusado que no tiene plata se fregó.
La metáfora se ha vuelto más flexible, si le seguimos la corriente a sus usos más recientes, que asocian el mordisco con la violencia en general. «Mordisco», por ejemplo, hace parte del alias del jefe del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC que no se acogieron al proceso de paz de 2016 y que ha estado involucrada en una ola reciente de atentados con explosivos en el sur de Colombia. También el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, autodenominado «El Tigre», advierte frecuentemente que, en una presidencia suya, los delincuentes sabrán «lo duro que muerde el tigre», aludiendo al uso de la violencia por parte del Estado.
Hasta hace poco era todavía posible encontrar corrientes políticas que justificaban el uso del mordisco insurgente. Las ideas básicas detrás de las justificaciones requieren muchas precisiones, pero en su forma básica son sencillas: el capitalismo inherentemente produce injusticias que un orden político justo debería superar; pero la democracia en Colombia está corrompida por el capitalismo, y eso la hace ilegítima. Lo anterior hacía parecer legítimo el uso de la lucha armada para instaurar un orden político realmente justo.
Estas justificaciones casi siempre fueron marginales y nunca encontraron respaldo electoral significativo a nivel nacional. Hoy en día, es posible especular que es muy difícil conseguir más de mil votos en todo el país apelando a esas reliquias retóricas. Más bien, esas justificaciones han perdido poder persuasivo y la violencia insurgente como medio para alcanzar un orden político justo ha dejado, para todos los efectos prácticos, de parecer una opción viable. El mordisco de la violencia asociada a grupos insurgentes sobrevive más como parte de un ambiente delincuencial en el que la retórica poco importa.
Pero el mordisco como promesa de instauración del orden estatal sí parece más viable en boca de De La Espriella. Después de haberme expuesto a sus discursos y argumentos, me parece que su programa de gobierno articula todas las demás propuestas alrededor del eje central del uso de la violencia estatal. Las condiciones necesarias para llevar a cabo sus políticas en economía, salud y anticorrupción se establecen después de que se use ampliamente el poder de violencia del Estado para crear las condiciones.
La justificación en este caso funciona así. Primero, hay que aceptar que existe una fuente única y localizable en un mapa («fuente primigenia», en sus términos) de los males del país. Esta fuente es el narcotráfico, lo cual hace que las ofensivas militares sean la respuesta obvia y urgente para encontrar un remedio definitivo. Después, hay que establecer una jerarquía de derechos: los derechos de los «ciudadanos de bien» son más importantes que los de los «bandidos»; las restricciones judiciales que protegen a los últimos se convierten en obstáculos ilegítimos para la actuación del Estado, que tiene todas las facultades para suspender sus derechos.
Finalmente, hay que entender que el marco constitucional vigente ya permite los usos propuestos de la violencia estatal: bombardear «como corresponde», crear una mega-prisión «en el medio de la nada», crear una legislación excepcional para acabar con la «pandemia criminal», crear un bloque de búsqueda presidencial contra corruptos, entre otras cosas. El argumento es que todo lo que De La Espriella propone ya es legalmente permitido y que quienes no llevaron a cabo esas propuestas en el pasado no enfrentaban límites legales, sino que padecían de un déficit de carácter y determinación.
Mientras que el perro de Murillo Toro mordía disparejo porque las instituciones solo imponían penas a los de ruana, el tigre de De La Espriella promete morder parejo. Pero no porque prometa corregir la desigual aplicación de las normas penales, sino porque promete expandir qué tanto el poder del Estado puede morder sin restricciones legales. El límite no lo pone la Constitución y la ley, sino el carácter y la determinación del gobernante.
