La carrera presidencial en Colombia deja al descubierto uno de los contrasentidos más cínicos de las democracias modernas: la conversión de las minorías en estrategia de mercado electoral. Todo parece válido en la disputa por el voto, incluso tomar la diversidad —esa que durante décadas fue excluida, perseguida o ignorada— y convertirla en empaque amable de proyectos políticos que no siempre están dispuestos a entregar poder real.
En las fórmulas vicepresidenciales de las dos corrientes más fuertes aparecen Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, exconcejal de Bogotá, tecnócrata eficiente y figura abiertamente LGBTQ+, acompañando a la derecha tradicional; y Aida Quilcué, senadora y lideresa indígena caucana, como estandarte de la izquierda. A primera vista, la escena podría leerse como un triunfo de la inclusión. Mirada con más cuidado, nos demuestra que el sistema político aprendió a mercantilizar la identidad.
En teoría, habría razones para celebrar: una persona LGBTQ+ y una lideresa indígena ocupando el centro de la disputa presidencial. Pero sería ingenuo confundir presencia con poder. La política electoral no suele regalar espacios por generosidad democrática; los concede cuando sirven. Y la frase de Oviedo —“soy una llanta de repuesto”— desnuda la trampa: la diversidad entra al tarjetón, pero no necesariamente al lugar donde se toman las decisiones.
La alianza de la derecha no es una conversión repentina a la tolerancia, sino una operación de maquillaje político. Mientras Paloma Valencia conserva el núcleo duro de su discurso conservador, Oviedo cumple una función precisa, la de volver presentable una coalición que necesita votos urbanos, lenguaje técnico y una dosis calculada de modernidad, sin mover demasiado sus dogmas.
Él mismo parece consciente de la fragilidad de su posición. Al referirse al cargo, admitió con crudeza que “en Colombia a los vicepresidentes a veces los usan como un trapo”. Sin embargo, acepta el lugar bajo el argumento de aportar una visión técnica y de equilibrio. Su frase más reveladora —“yo llego a esa coalición no para mariquiar al Centro Democrático; yo llego a garantizar que haya balances”— muestra el límite de la operación, y es que la diversidad no entra para incomodar el proyecto, sino para administrarle sus bordes, lo cual parece frágil frente a la rigidez ideológica de la coalición que lo recibe.
Hay que decirlo, en esta alianza, la figura de Oviedo desplaza la reivindicación de derechos colectivos y las agendas de diversidad hacia una promesa de gestión técnica. Le otorga a la derecha un caudal electoral propio y un barniz de modernidad, mientras la matriz conservadora y excluyente del proyecto permanece intacta.
En las democracias contemporáneas la derecha ya no necesita combatir siempre la diversidad; aprendió algo más eficaz: domesticarla. Puede ponerla en la vitrina, celebrarla en el discurso y usarla como prueba de apertura. Y así se blinda contra las acusaciones de intolerancia extrema, atrayendo votantes moderados y libertarios, siempre que esa diversidad no toque el cuarto de máquinas del poder.
En la orilla opuesta, la izquierda progresista enfrenta sus propias contradicciones con la postulación de Aída Quilcué, una mujer forjada en la lucha social. Su candidatura busca operar como garantía moral de la campaña de Iván Cepeda. Pero el progresismo también conoce su propia forma de instrumentalización, la de convertir la diversidad en certificado ético. La izquierda suele hablar de los pueblos indígenas como reserva moral de la nación, pero rara vez entrega poder real sobre el territorio, la seguridad, el presupuesto y las decisiones económicas que afectan directamente a esas comunidades. Allí aparece lo que Daniel Bernabé llama “la trampa de la diversidad”, cuando el símbolo ocupa el centro de la escena mientras los conflictos estructurales siguen atrapados en la pobreza, la violencia y el abandono estatal.
El peligro para Quilcué no es quedarse por fuera de la foto, sino quedarse dentro de ella. Ser visible, ser celebrada, ser invocada como prueba de pluralismo, pero sin capacidad efectiva para incidir en las decisiones del poder. Esa ha sido una de las grandes frustraciones del actual gobierno, convertir la diversidad en legitimidad electoral y luego aislarla del control efectivo del Estado.
El diseño institucional de la vicepresidencia en Colombia hace todavía más visible la trampa. Es un cargo con enorme exposición pública, pero sin poder ejecutivo autónomo. Su función central es reemplazar al presidente en caso de falta, mientras las demás funciones dependen de la voluntad política del mandatario. Por eso se convierte en el lugar perfecto para exhibir diversidad sin redistribuir poder. La derecha puede presentar a un hombre gay y la izquierda a una lideresa indígena sin que ello altere necesariamente las decisiones de Estado, el control económico o el mando real sobre la fuerza pública.
Las minorías están siendo empujadas a competir en un mercado de identidades donde su valor no depende del poder que conquistan, sino de la utilidad que prestan a los partidos. A veces sirven para lavar una historia de intolerancia; otras, para blindar una superioridad moral que no siempre se traduce en decisiones reales. Prometer inclusión mientras se relega a los candidatos diversos al papel de “llanta de repuesto” o se les trata “como un trapo” revela el cinismo de una democracia capaz de poner la diferencia en el afiche y dejar el poder en el mismo lugar. La diversidad en campaña se vuelve un accesorio estético para garantizar que el poder, y sus dueños, permanezcan exactamente en el mismo lugar.
