Esperar que la delincuencia en general se someta a la ley es como esperar que se termine el trabajo sexual. Si hay demanda, si la actividad es bien paga, o si la desempeñan sin ocuparse todo el día en labores más agotadoras… la seguirán ejecutando. Y si una persona se retira del oficio otras la sustituyen. Acepto que ninguna persona se enriquece al prostituirse, y que su trabajo no afecta la integridad y propiedad de los demás, como sí lo hacen los delincuentes. Pero considero que la propuesta de una ley que sirva como marco para la entrega de nuestros principales delincuentes tiene mucho de idealización y algo como de humanismo ingenuo. A menos que se demuestre que existe una intención político-electoral detrás de ese posible sometimiento, a lo cual no le veo lógica socio-política ni cifras de votantes potenciales que lo respalden. Excepto que supusiéramos maniqueamente que grandes masas de población apoyan a esos jefes delincuenciales que se someterían, o que son amedrantadas por ellos a la hora del voto.
Someterlos, rebajarles las penas y facilitar que conserven una parte del capital que tiene los jefes (medios y altos) de los grupos delincuenciales no le da trabajo ni somete a la gran cantidad de personas que labora para ellos. Por ello es muy grande la tentación de ocupar ese liderazgo que dejen libre quienes se sometan, pues esa actividad es muy rentable y relativamente fácil, máxime si el riesgo de ser condenado por la justicia es bajo.
De otra parte, en la propuesta hay asuntos no tan claros, como estos: ¿cómo se sabrá cuánto tiene cada jefe para poder calcular el 12% que podrá conservar? ¿Será que con ese porcentaje se retirarán a vivir con esa “pensión”? ¿O cambiarán de actividad con ese dinero como “capital semilla”? ¿Y cómo sabemos que cumplen?. No recuerdo otro país, sin importar el tipo de gobierno, donde se hayan disminuido sustancialmente los delitos porque se logró un acuerdo de sometimiento de los jefes delincuenciales, que entregaron la mayor parte de su dinero, recibieron un castigo liviano y se retiraron a explotar un cultivo, o crearon un mercado de barrio o un restaurante. Tal vez sí habrá disminuido en algo el delito cuando lograron algún acuerdo con un capo que antes detuvieron las autoridades… así luego fuera reemplazado por otro delincuente.
La justicia transicional o con alternativas a la prisión es plausible, pero debe tener un contexto y condiciones para que se justifique su adopción, que no parecen darse en este caso. La idea de este sometimiento parte de la ineficiencia de nuestro Estado de reducir —ni modo de decir eliminar— la acción de los grupos delincuenciales. Y suena bien que la sociedad y el Estado tuviéramos una pausa en esa lucha, si se entregan unos delincuentes; pero se trata de un espejismo. No hay indicios de que desaparecerían los delitos, sino de que unos delincuentes dejarían de actuar.
Ya en lo circunstancial, es muy tarde para proponer una ley de sometimiento, cuando el capital político del gobierno se ha reducido. Esta es una propuesta para la que es difícil lograr los votos en el Congreso, y que requiere preparación y planeación sobre los métodos (los “cómos”), además de un tiempo para que el gobierno la implementara. Adicionalmente, la discusión de este proyecto de ley a estas alturas les dará a las derechas la oportunidad no solo de negarlo y acusar al gobierno de complicidad con delincuentes, sino de argumentar y promover las idealizaciones que tanto les gustan, como el orden, la autoridad y el imperio de la ley.
Todo en el momento en que las campañas políticas para Presidencia y Congreso de la República ya empezaron. Con el desgaste que viene, se les facilitará lograr los votos que esos conceptos atraen.
