A propósito del reciente escándalo protagonizado por Luisa Postres, resulta inevitable pensar en su contracara: el caso de David Racero. Ambos episodios, separados por meses pero unidos por sus implicaciones, revelan cómo dos orillas políticas supuestamente opuestas coinciden en su aproximación ética respecto a los sistemas reproductores de desigualdad.
En mayo de 2025, la revista Cambio publicó una columna de Daniel Coronell titulada Falso Racero. En ella se reveló cómo el representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, ofrecía condiciones laborales en el fruver familiar que estarían en contravía no solo de la ley, sino de su discurso defensor de la clase obrera. La oferta consistía en un salario de un millón de pesos colombianos mensuales, sin prestaciones sociales, seis días a la semana y con jornadas diarias de trece horas que incluían manejo de caja, limpieza de baños, preparación de pulpas y aseo general
Meses después, el 29 de septiembre de 2025, la hija de la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie —más conocida como Luisa Postres— publicó una vacante para community manager con requerimientos amplios: edición de video, redacción, storytelling, manejo de redes, narrativa digital, entre otros. La oferta recibió fuertes críticas por exigir funciones de varias profesiones en una sola persona y por expresiones que se interpretaron como desdén hacia los trabajadores que se atenían al contrato por necesidad. Así, ambos casos generaron indignación pública, investigaciones y declaraciones mediáticas.
Aunque surgieron en contextos distintos, los dos escándalos comparten varias dimensiones que revelan el soslayado sistema de valores de ambas orillas ideológicas, sin importar su estandarte político. David Racero, quien actúa públicamente como defensor de reformas laborales y de la dignidad del trabajador, terminó ofreciendo en su negocio familiar condiciones muy distintas a las que promueve desde el Congreso. En contraste, Luisa Postres, desde la narrativa del emprendimiento, el sacrificio y la “milla extra”, justificó la multiplicidad de funciones y la ausencia de límites contractuales en nombre de la pasión por el trabajo, un relato peligroso cercano a la cultura organizacional de empresas que hablan en clave de “somos familia”, “amor a la empresa”, “todos ganamos”, entre otras lobotomías. En última instancia, ambas narrativas encubren lo mismo: una relación de poder asimétrica en la que quien contrata conserva todas las garantías y quien trabaja asume las verdaderas cargas.
La precarización laboral, como gesto compartido por ambos extremos políticos, evidencia un problema mayor: que alguien con perfil “progresista” y alguien con perfil de derecha coincidan en reproducir relaciones de trabajo basadas en la explotación demuestra que el abuso de poder no entiende de banderas, sino de desigualdades estructurales arraigadas en la cultura de la utilización del más débil.
Estos casos no son fallas individuales, sino síntomas de un sistema laboral que normaliza el abuso en nombre de la eficiencia o del compromiso con las organizaciones. Mientras no se cuestione ese consenso tácito, las diferencias ideológicas serán irrelevantes; el desafío real no es quién promete dignidad laboral, sino quién la garantiza en la práctica.
La coincidencia entre ambos extremos revela, entonces, un problema de estructura más que de ideología. Mientras el trabajo no se vea como una necesidad compartida, sino como un favor de una de las partes, las reformas seguirán siendo cosméticas. La precarización no desaparecerá con discursos morales o lemas partidistas, sino con una transformación concreta de las relaciones laborales, la vigilancia del Estado y la cultura empresarial que las sostiene.
