“Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido; tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática; constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; afiliarse libremente a ellos y retirarse de los mismos; difundir sus ideas y programas”.
Constitución Política de Colombia, 1991.
En el Señor de las moscas, la novela publicada en 1954 por William Golding se establece una suerte de laboratorio en el que se evidencia lo que ocurre cuando se eliminan las estructuras formales que sostienen la vida social. Golding plantea que la “civilización” no es algo natural o espontáneo: requiere reglas, consensos y mecanismos de control, y muestra lo que ocurre cuando esos elementos se rompen: emergen pulsiones primitivas enraizadas en un solo eje: la violencia.
La tesis de su obra es una: la civilización requiere de la capacidadde vivir con otros y otras a partir mediaciones que eviten, en último término, que se maten. Es una metáfora de los flujos presentes entre el Estado de derecho y el Estado de naturaleza.
El asesinato de Miguel Uribe Turbay, aparte de encarnar los anclajes de una tragedia griega; de poner de manifiesto la típica instrumentalización de los jóvenes precarizados del sur (desde su más profunda subjetividad evidenciada en la honda soledad, hasta lo más evidente su carencia material); constituye una única verdad: el deseo de erradicación de la diferencia a través de la muerte como una incapacidad de cohabitancia.
No compartí la línea política de Miguel. La suya era una apuesta por la seguridad democrática, por un orden sustentado en la autoridad, por el empresarialismo como eje medular del desarrollo y por la familia tradicional como núcleo moral. La mía va por otros caminos. Pero hay un mínimo ético que no admite debate: la vida no se negocia, la diferencia no se anula matándose.
Entre los argumentos presentes en los detractores de la ideología de Miguel aparece un cuestionamiento a la “doble moral”; la escandalización del país sobre su asesinato, yuxtapuesta a las imágenes de líderes sociales y ambientales acribillados en territorio. Esta idea, aparentemente irrebatible, soslaya un juicio que ha acompañado la aniquilación de negros, mujeres, indígenas, homosexuales y transexuales, migrantes y pobres: la naturalización en la eliminación de lo otro distinto a mi, la incapacidad de reconocer la alteridad, la minimización de la tragedia bajo la falacia de la comparación.
No somos diferentes aquellos que nos llamamos progresistas cuando dejamos de conmovernos por la tragedia de un individuo y menos cuando no comprendemos el riesgo cultural del gesto político que es este homicidio: juguetear con dejar caer el vaso, con mover un poco la frontera que tanto nos ha costado imponer en Colombia tras la pérdida de grandes como Bernardo Jaramillo, Gaitán o Galán; esta frontera simbólica que reza: aunque seamos radicalmente distintos, NO SE MATA.
