El gobierno de Gustavo Petro ha dejado tiradas en el camino varias banderas que la izquierda había logrado posicionar durante años. La lucha contra la corrupción, la prevención de las violencias basadas en género y el respeto por los derechos humanos en la guerra terminan deslegitimadas, arrumadas como imposibles o utopías. Todo envuelto en los “¿sí ve?”: “¿sí ve que no es tan fácil?”, “¿sí ve que ni la izquierda pudo?”, “¿sí ve que todos son iguales?”, “¿sí ve que la derecha no estaba tan equivocada?”.
Pero la verdadera tusa, para quienes llegamos a esas causas por vías distintas a la política electoral, es que será difícil retomarlas con fuerza desde la sociedad civil. Peor aún, los enemigos más acérrimos de estas banderas —varios en la derecha partidista— están usando esos “¿sí ve?” para intentar enterrarlas. Todo para sembrar dudas sobre si vale la pena luchar contra la corrupción, proteger a las mujeres o defender derechos humanos. Porque, “¿sí ve?” ¿Para qué? Si no es posible.
La izquierda ya había decepcionado en gobiernos locales al pretender enfrentar la corrupción. El caso más emblemático fue Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, muerto en la cárcel, condenado. Sin embargo, el golpe actual viene desde el Gobierno Nacional, donde había más capacidad para transformar prácticas e instituciones. El escándalo de la UNGRD —los carrotanques y las presuntas coimas a los presidentes de Senado y Cámara— supera lo ocurrido con el liberal Mario Castaño y sus redes en la misma entidad, durante el gobierno de Iván Duque.
Un análisis de Juanita León en La Silla Vacía concluye que Petro terminó rehén de sus propios aliados: políticos regionales, clientelistas curtidos y expertos en aprovechar los callejones de la contratación. En la nota, un funcionario advierte que “El precio que terminó pagando [Petro] es alto. Les ha dado la oportunidad a sus enemigos de graduarlo de igual a los demás. Si todos somos monstruos, nadie lo es”. Otro “¿sí ve?”: el de todos somos monstruos.
A esto se suma que el gobierno enterró banderas del feminismo. Petro protegió y dio vuelo a señalados por misoginia como Hollman Morris, hoy director de RTVC, y Víctor de Currea-Lugo, asesor presidencial y sostén del megáfono con el que el presidente arengó en Nueva York. Ambos han sido acusados de violencias contra mujeres. Incluso la defensora del pueblo, Iris Marín, le recordó al presidente que nombrar a Currea-Lugo “es un nuevo desconocimiento del poder simbólico que tienen las decisiones del presidente de la República en la lucha contra las violencias basadas en género”. (Nos quedan funcionarios e instituciones como la defensora, pensaría uno para paliar esta tusa.)
Pero la más dolorosa es la tusa por los derechos humanos. “Una de las banderas más importantes de la izquierda colombiana y latinoamericana ha sido la defensa de los derechos humanos”, recordó Sandra Borda al analizar cómo el Gobierno justificó bombardeos en los que murieron menores reclutados por disidencias de las exFARC. “Le quita a una parte importante de la izquierda la autoridad moral para volver a tener una posición dura y genuina frente a los excesos de la guerra”, dijo.
Al justificar bombardeos, aún sabiendo de la presencia de niños, se ve un Petro que renunció a la visión transformadora y progresista de los derechos humanos. En su lugar, dejó como motores de cambio a las reformas sociales en trabajo o salud, quizás más clásicas desde la izquierda, y a los discursos de cambio climático, más contemporáneo en el límite al capital; ambos desprovistos de una coherencia con los derechos. Una izquierda que desconfía de los derechos, o que los ve poco efectivos para cambiar el modelo económico, es una tensión que está en el origen mismo del movimiento de derechos humanos en Colombia, en los años 70. Lo explica Jorge González Jácome en Revolución, Democracia y Paz (2019). Algo de esa tensión parece sobrevivir. ¿También la izquierda perdió la confianza en la lucha anticorrupción y en las luchas de género como vías de transformación?
Por ahí puede ir este sentimiento. Los movimientos anticorrupción, feministas o de derechos humanos no dependen de los políticos para avanzar. Aun así, la izquierda partidista era una aliada —no la única— para llevar las luchas a los espacios de decisión del Ejecutivo y el Legislativo. Esta tusa tiene que ver con perder este aliado; con tener que dejarlo ir, o bueno, saber tomar distancia.
Tomar distancia implica entender que, siendo la primera vez que llegan al poder en 200 años —increíble—, nuestros partidos de izquierda muestran un grado de inmadurez: al elegir entre ser poder o ser bandera, optaron por el poder sin ninguna estrategia o ponderación con sus consignas. Tomar distancia también tiene que ver con que el país sigue inmaduro al ver gobernar a la izquierda, y así desde los movimientos se pudo haber idealizado una izquierda que todo lo podría, sin ponerle límites, sin llegar a acuerdos.
