Fuera de los clanes políticos ya famosos por su presencia en los poderes ejecutivo y legislativo en varias zonas de la costa norte, parte de los cuales son el poder de corruptos condenados “en cuerpo ajeno”, ahora es evidente la forma de aprovechar la visibilidad, poder o éxito electoral de alguien para impulsar la carrera de un familiar cercano. Y ya no solo en municipios y departamentos costeños, sino en buena parte del país, personas del primer grado de consanguinidad o de afinidad con alcaldes y gobernadores se candidatizan al legislativo (buen puesto ese, no?). Veamos la lista:
La esposa del alcalde de Cúcuta aspira al Senado por el Partido Liberal
La esposa del alcalde de Pereira es candidata al Senado por La U.
La esposa del alcalde de Barrancabermeja al Senado por el Pacto Histórico.
La esposa del alcalde de Tocancipá es candidata al Senado por el Centro Democrático.
La novia del alcalde de Villamaría es candidata a la Cámara por el Partido Liberal.
El hijo del alcalde de Tuluá es candidato al Senado por el Partido Conservador.
La hija del gobernador del Huila es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo.
El hijo de una concejal de Manizales es candidato a la Cámara por el Centro Democrático.
El papá del gobernador de Risaralda busca pasar al Senado con el Partido Liberal.
La hermana del alcalde de Medellín aspira al Senado por Creemos.
El hermano del gobernador de Santander —conservador— busca dar el salto al Senado.
El hermano de una representante de Caldas —conservadora— busca llegar a la Cámara.
El hermano del gobernador de Boyacá aspira al Senado por Alianza Verde.
El hermano de la alcaldesa de Soledad es candidato a Cámara por afrodescendientes.
El cuñado del alcalde de Montería va al Senado por Cambio Radical.
La cuñada del gobernador de Bolívar aspira a la Cámara por el conservatismo.
El cuñado de la gobernadora del Meta aspira a la Cámara por el Partido de la U.
La excuñada del gobernador de Santander es candidata a Cámara por el conservatismo.
De esta lista destacan en el viejo Caldas nuestros conocidos de Villamaría, los del Centro Democrático y el familiar de nuestra doliente ex-precandidata a la Presidencia por el conservatismo. Así como el hecho de que el alcalde de Pereira y el gobernador de ese departamento tengan su corazón electoral empeñado. Ojalá no sus gobiernos. De paso, recordemos que el gobernador de Risaralda es “hijo de tigre”: del exgobernador y actual representante e la Cámara Diego Patiño Amariles.
Como se ve, los hay de muy diversos partidos y con diferentes posibilidades de lograr curul. Todo esto sin contar los vínculos que tienen los senadores, representantes y aspirantes presidenciales con varios de los candidatos al Congreso, que son parte de sus familias políticas. Esta tendencia a aprender del esposo, del papá o del hermano, y aprovechar el trampolín que ofrece una alcaldía o una gobernación es tan difícil de controlar que ya está en proceso un proyecto de ley que intenta impedir esa modalidad de hacer política. Pero no parece que tenga los votos para ser aprobado. De lograrlo, el problema del favorecimiento de familiares o personas cercanas no terminaría, pero al menos lo limitaría. En la actualidad, como no está claramente prohibido, no están impedidos sino impelidos o impulsados.
Lo que sí es inocuo es la llamada “ley de garantías”: una especie de encarte que no permite que el estado local, regional o nacional contrate y funcione como normalmente debe hacerlo, sino que acumula y obliga a adelantar a las carreras los contratos que se vayan a necesitar en casi un semestre; y todo “por guardar las formas”. La corrupción, el favoritismo, el evitar las licitaciones se puede seguir presentando. Es otra colombianada, como esa de que los gobernantes no puedan expresar su preferencia entre los candidatos, pero que en la práctica lo hagan así sea “en silencio”, mientras su esposa, hijos, hermanos o cuñados se impulsan desde su trampolín ejecutivo.
Para cerrar, nuestra mirada a las cuentas electorales hoy muestra cómo el 62 % de los casi cinco millones de firmas que presentó el candidato De la Espriella no fue avalado. Es decir, tres millones de firmas no serían válidas, frente a las 635 mil que se requerían. Y una nueva encuesta (YanHas) muestra que ya Vicky Dávila aparece con 10% de intención de voto en la consulta en la que participa: un poco por encima de Paloma (8%). Pero falta que estas intenciones se vean en las urnas, pues todo sigue indicando que los uribistas cumplirán más que estos simpatizantes de la “recién llegada” en la jornada de votación para el Congreso. Para algo deben servir los partidos.
