Ya casi se acaba marzo, el mes violeta, y yo no acabo de entender si es un buen o un mal momento para las mujeres.
En febrero, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, afirmó que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer. Ese mismo personaje no apoyó la prohibición del matrimonio infantil en el Parlamento, seguramente porque piensa que las niñas casadas son más maduras.
Por fortuna, en nuestro país estamos cambiando esa idea. La ley «Son niñas, no esposas» prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas, una práctica nociva que sostiene el círculo de la pobreza y fomenta los embarazos en niñas y adolescentes, que casi siempre son de algo riesgo o producto de una violación.
La norma, vigente desde 1887, les permitía a las niñas casarse con permiso de sus padres. Según UNICEF, una de cada cinco adolescentes está unida y una de cada diez niñas entre los 10 y 14 años vive en esas condiciones. La ley cuestiona tradiciones muy arraigadas en pueblos indígenas como el Misak o los Embera, y en regiones como el Cauca, la Guajira, Antioquia, Valle, Chocó y Amazonas, donde se presentan la mayoría de los casos.
Parece que avanzamos, pero a un paso muy lento. Muchos proyectos están en la mira, sin que avancen con la agilidad que necesitamos.
Actualmente se discuten en nuestro país proyectos de ley para erradicar la mutilación vaginal femenina, para proteger integralmente a las familias gestantes, para prevenir y sancionar la violencia digital, para tipificar el delito de transfeminicidio, para sancionar la violencia vicaria, y el proyecto de ley Jineth Bedoya Lima, que establece la capacitación obligatoria en violencias contra las mujeres y enfoque de género para servidores públicos, contratistas u otras personas que ejerzan funciones públicas.
Mientras tanto al otro lado del mundo, Francia cambió la definición de violación tras el caso de Gisèle Pelicot. Ahora la denomina como «cualquier acto sexual sin un consentimiento libre e informado». Para quienes no identifican a esta representante del feminismo moderno, que ha insistido en que la vergüenza debe cambiar de bando, se trata de una mujer que durante décadas sufrió violencia sexual con sumisión química: su marido la drogaba para violarla, e invitó a numerosos hombres a que también lo hicieran, mientras grababa los encuentros.
Este caso, que estremeció al mundo, ha servido para sacudirnos sobre un hecho ya naturalizado. La violencia sexual con sumisión química tiene casos documentados en Suecia, Brasil, Reino Unido, Francia y Alemania.
Recientemente la Universidad de Cartagena se convirtió en la primera institución sancionada por no atender una denuncia de acoso sexual, pero ¿cuántos de estos delitos habrán pasado por alto?
Ni los hombres están exentos de las violaciones, y el feminismo también acoge sus casos para ayudarnos a entender que el machismo es nocivo para todos los seres humanos. Este año un mayor de la Policía del Centrosur de Caldas fue denunciado por acosar sexualmente a un auxiliar. El presunto abusador no aceptó cargos y el auxiliar fue reubicado en otro municipio.
Y si hablamos de feminicidios, tal vez haga falta crear una columna completa. Para empezar, este año el Observatorio Colombiano de Feminicidio suspendió temporalmente el monitoreo por falta de financiamiento. Eso no impide que tengamos acceso a las cifras tan fatales. Solamente en tres días de marzo se reportaron cinco feminicidios en Pereira, Barranquilla y Montes de María. Angelly, María de los Reyes, Eugenia, Sheerydan y Keyla ya no están con nosotras. En 2025 se registraron 621 feminicidios en Colombia.
Pareciera, sin embargo, que no estamos en la situación tan inhumana y fatal que tienen las mujeres de Afganistán: el nuevo régimen talibán autoriza el uso de fuerza física contra mujeres y niñas en el ámbito doméstico.
Después de analizarlo durante varios días, siento que este mes no hay mucho qué celebrar.
