Ese 2018, sin embargo, pude ser testigo de primera mano de una compra de votos al menudeo que se registró el mismo día de las elecciones para las campañas de dos alfiles directos del grupo. Ocurrió en Soledad. Allá me encontraba cubriendo el día electoral —el Día D, lo llaman comúnmente en las maquinarias, por tratarse de la jornada definitiva en la que la estructura tiene que tener asegurada su operación de transporte, refrigerios y plata, para garantizar la votación de las clientelas—, que por años ha transcurrido en ese municipio como en una suerte de salvaje Oeste. Un escenario en el que muchas formas de la corrupción electoral se ejercen de frente y sin miedo.
Conurbado con Barranquilla, Soledad es un vecino inseguro, pobre y maltratado, pero importante para los políticos tradicionales porque cuenta con el segundo censo electoral del Atlántico, y con su potencial puede poner un representante a la Cámara.
La fecha en que se abren las urnas, los distintos grupos políticos instalan alrededor de los puestos de votación unos puntos para controlar a sus votantes. Estos consisten en una mesa con un computador, identificados con figuras, como pájaros, flores o dibujos animados, para que los clientes puedan distinguirlos. Por ahí van pasando los electores para que les verifiquen sus cédulas, les indiquen a qué mesa deben ir a votar y a dónde pueden ir después a reclamar la plata por su voto.
El transporte que la maquinaria les pone suele ser identificado con la misma figura que aparece en el punto de control, para que el votante pueda localizarlo en las afueras de los sitios de las votaciones.
Ese Día D, 11 de marzo de 2018, empecé a notar cómo alrededor de varios colegios, que en esa jornada funcionaban como sedes de votación, se movían con llamativa frecuencia unos motocarros —el medio de transporte más usado en el municipio— con el logo de un águila dibujada en alguno de sus costados o pegado en el vidrio panorámico. De manera informal, me acerqué y uno de los choferes me comentó que se trataba de los vehículos para los votantes de la fórmula Lucho Díaz Granados y José Amar, candidatos al Senado y a la Cámara de la casa Char.
Enseguida, le pedí al conductor del carro que había contratado para que me acompañara en la reportería, que con discreción siguiéramos el rumbo de una de las águilas cuando recogiera a algún elector por la zona. De esa manera, llegamos a un sector llamado Bulevar de Costa Hermosa, en donde vi bajar de un motocarro a una señora que entró a una casa esquinera que tenía el nombre de una fundación en su entrada (Fundación Social Únete), y a un lado de la puerta principal una valla con propaganda de Díaz Granados y Amar. La esquina era un hervidero de vehículos con la figura del ave llegando a dejar personas, gente entrando y saliendo de la vivienda y un puñado de vendedores ambulantes gritando bajo un sol feroz que sí tenían agua, que sí había gaseosa fría.
Me atreví a arrimarme a pie, como si fuera una simple transeúnte, pero al instante noté encima los ojos de un par de hombres que vigilaban con mala cara y poco disimulo. Cuando me disponía a devolverme hacia el carro que habíamos dejado parqueado cuadras atrás, el chofer coequipero me señaló con la boca a la mujer que habíamos seguido, y que en ese momento cruzaba con afán la calle acompañada por un señor. Caminamos detrás y al doblar la esquina, observamos cómo, cuando creían que nadie los veía, el hombre le entregaba unos billetes a la señora.
Sabiendo que no habría otra oportunidad y que debíamos marcharnos de una, los apunté con la cámara de mi celular y capturé la imagen. La foto de una compra de votos en vivo y en directo salió publicada en La Silla Vacía. Más tarde, un político de los Char me confirmaría fuera de grabación que ese día estaban entregando cincuenta mil pesos por voto y pagando ciento cincuenta mil pesos a cada conductor de motocarro por transportar gente durante toda la jornada de votación.
Varias horas antes de eso, a las ocho de la mañana, cuando recién estaba comenzando mi recorrido en aquellas elecciones, había visto varias decenas de buses de transporte público que contrató la estructura del Gato Volador para trastear a sus votantes. Estaban estacionados a esa hora en el parqueadero del estadio Metropolitano de Barranquilla, esperando a que abrieran los puestos de votación. Cada conductor de esos buses recibió doscientos veinte mil pesos por el día de trabajo, según me aseguraron tres que consulté ahí mismo.
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En 2023 la periodista cartagenera Laura Ardila Arrieta ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como «Periodista del año». Su libro La Costa Nostra entró a imprenta en agosto de ese año, luego de que editorial Planeta, empresa con la que había firmado un contrato, decidiera no publicarlo, por supuestos riesgos jurídicos que jamás se materializaron: su investigación era sólida, documentada y, además, bien escrita.
Aunque La Costa Nostra se centra en el caso de la familia Char y cómo ha logrado sostener durante décadas un clan político-electoral en la costa caribe, en realidad este libro presenta una radiografía sobre cómo funciona el poder político regional en Colombia: los políticos nacionales posan en Bogotá de ser adalides de la lucha contra la corrupción, pero en las regiones se alían con el que les garantice votos, sin mayores miramientos de tipo ético y sin mayor interés del periodismo nacional. Sucede en Barranquilla, como lo cuenta Laura Ardila, pero también en el Eje Cafetero y el resto del país.
El fragmento que publicamos, por cortesía de la autora y de la editorial Rey Naranjo, corresponde a las páginas 191 a 193 del libro.
Laura Ardila Arrieta
Rey Naranjo Editores
Bogotá
Agosto de 2023
225 páginas
Isbn 978-628-7589-17-9
