Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, profirió las primeras sentencias por dos macrocasos de violencia que se extendieron por distintos departamentos de Colombia a finales del siglo XX y comienzos del XXI: los secuestros cometidos por las Farc, que se contabilizan en al menos 21.396, y las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», que cometieron militares de distintos batallones y que se estiman en al menos 6.402 homicidios entre 2002 y 2008.
A raíz de estos dos primeras condenas de justicia transicional, importantes por lo que representan en términos de responsabilidad histórica en el marco del conflicto armado colombiano, transcribimos a continuación dos fragmentos del Informe de la Comisión de la Verdad, en el capítulo «Colombia Adentro«, dedicado al Eje Cafetero, que incluyen testimonios sobre secuestros y falsos positivos cometidos en esta región.
Sobre secuestros
El gremio de los transportadores resultó muy afectado en esta zona. En una entrevista colectiva en Pueblo Rico, un conductor contó que muchas veces él y otros fueron obligados a transportar cilindros, tropa e incluso cuerpos sin vida de combatientes[1]. Los comerciantes también resultaron perjudicados: una pareja de San Antonio de Chamí, propietaria de una panadería, narró que era frecuente que un comandante de las FARC «mandara pedir 500.000 pesos de parva, y listo, despáchela porque si no se podía estar en la lista de que lo mataban. Pero no pagaban»[2].
Adicionalmente, la vía entre Manizales y Medellín, en el tramo Irra-La Felisa, se convirtió en un lugar de «pescas milagrosas», el nombre que se le dio a retenes que los grupos armados montaban en la vía para realizar secuestros masivos, y que se facilitó en ese punto porque la frontera departamental entre Caldas y Risaralda se convirtió en límite para las acciones de las fuerzas armadas de ambos departamentos. De hecho el occidente de Caldas y Risaralda fueron las subregiones más golpeadas por el secuestro. Hubo casos emblemáticos como el de Lina María Molina, una estudiante de 16 años que en noviembre de 1988 fue secuestrada por las FARC en el momento en que pagaba el rescate por la liberación de su padre, quien llevaba cuatro meses cautivo; o el de la profesora Cristina Echeverri Pérez, secuestrada en 2001 por el Frente Oscar William Calvo del EPL, que le cobró un millonario rescate a la familia, pese a que la docente había sido asesinada. La Comisión escuchó lo padecido por una mujer en Mistrató, a quien el ERG le secuestró a su esposo en 1996:
«Él iba a entregar un ganado. Cuando llegó a la finca, de San Antonio de Chamí para abajo, lo estaban esperando, lo cogieron y ya después mandaron a pedir el rescate. […] Eso fue una cosa muy horrible, uno no sabe si lo va a volver a ver, pues al menos con vida o alguna cosa, entonces, ya de ahí en adelante sigue de que lo mandan a llamar a uno para ir donde ellos a negociar la vida de mi esposo, entonces cuando yo bajé por allá me pidieron un montón de plata y pues uno no alcanzaba. […] A él lo tuvieron embolatado 45 días, a diario las amenazas: “sí usted no da nada por él, lo matamos a él y nos traemos uno de sus hijos”. […] A lo último, como a los 30 días le bajaron al monto, me pidieron otra plata menos, usted no sabe el esfuerzo que yo hice para recoger esa plata, conseguí plata prestada con los amigos de él, en agencias, supermercados, el uno prestaba 100, el otro 200, así de a poquitos, yo me conseguí toda esa plata porque uno tiene una propiedad pero en ese momento no es capaz de venderla y sí la va a vender le toca regalarla, claro que a mí no me importaba regalar nada, pero entonces quién compraba a las carreras, ¿quién? Entonces como pude me conseguí 85 millones para llevarlos y pasaron cinco días y él nada que llegaba, la casa mía era un velorio, pero después lo soltaron por Bolívar, Antioquia. Entonces mi cuñado salió a las 4 de la tarde a encontrarse con él. Llegó barbado, deshidratado, vuelto nada, con las botas, ese poncho lleno de tierra y entonces el médico lo encontró dizque cuarenteniado»[3].
El 1 de marzo de 1997 el Ejército Revolucionario Guevarista entró al resguardo emberá katío de Gitó–Dokabú y asesinó al indígena Álvaro Charicha Aizama, líder promotor de la creación de ese resguardo, en zona rural de Pueblo Rico. A escasos kilómetros de allí, el 1 de agosto de 1998 el Frente Aurelio Rodríguez de las FARC se tomó el corregimiento de San Antonio de Chamí, de población principalmente indígena, y destruyó el Sena y el comando de Policía: «después de la toma guerrillera la mitad del pueblo se fue y las casas se cayeron, no quedaron sino los solares y esto acá los que nos quedamos fue los, como se dice, los más verriondos»[4]. Ese ataque fue el preludio de la toma que ocurriría unos meses después: el 17 de marzo de 2000 el mismo frente se tomó el corregimiento de Santa Cecilia, el último centro poblado de Risaralda antes del límite con Chocó. En diálogo con la Comisión, el alcalde de Pueblo Rico de ese momento, José Germán Osorio Flórez, recordó así ese día:
«Unos 14 policías resistiendo un ataque de más de 300 guerrilleros con cilindros de gas, pipetas, M60, en una estación en una condición muy precaria. Allí secuestran al cabo José Norberto Pérez, que fue un caso muy sonado por el niño Andrés Felipe, el hijo, que tenía cáncer y pues no se pudo dar… Ocurre también una acción pues muy heroica, muy valerosa del profesor Jesús Castillo[5]: él se envuelve en una sábana y se para en la mitad de la plaza y le dice a la guerrilla y a la policía que dejen de disparar, que no se maten, empieza a intermediar, le lleva varias razones a la policía y la policía dice que no se va a entregar y el ataque se pone más cruento. No llega el apoyo que siempre le prometieron a la Policía y finalmente los policías prácticamente fueron disminuidos, ellos los cogieron, los obligaron a llevar sus fusiles al parque, el comando de policía muy incendiado, y el profesor Castillo logra decirle al comandante Gadafi que respete la vida de ellos. Finalmente, pues les perdona la vida y los sueltan. Solo se llevan al cabo José Norberto Pérez”[6].
Sobre falsos positivos
La base de datos entregada por la Jurisdicción Especial para la Paz registra un total de 452 víctimas, de las cuales 300 murieron en el período 2006-2008. De los 452 casos, 235 tuvieron lugar en Caldas, 150 en Quindío y 67 en Risaralda. De los 235 casos 111 tuvieron lugar en Caldas, 88 en Quindío y 36 en Risaralda[7]. Aunque en los registros sólo se precisa la unidad militar responsable de 55[8] de las 452 ejecuciones extrajudiciales, esta muestra indica que la mayoría de los batallones de la Octava Brigada (Quinta División) –unidad operativa con radio de acción en los tres departamentos– fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales: 17 por miembros del Batallón Cisneros de Armenia; 11 por el Batallón Ayacucho de Manizales; 6 por el de Alta Montaña N.o 5 ubicado en Génova, 5 por el Batallón San Mateo de Pereira y 1 por el Gaula Risaralda[9]. Por su parte, en los registros del Banco de Datos de Derechos Humanos Noche y Niebla sobre los casos de Quindío y Risaralda, la Octava Brigada aparece como responsable de 73 casos, es decir más que los identificados por la CCEEU[10], entre los que se cuentan ejecuciones extrajudiciales en la vereda Java, El Chuzo, Lembo y La Aurora, entre otros lugares. Uno de estos casos fue el que narró para la Comisión una mujer de Florencia, Samaná:
«Caía demasiada agua cuando llegaron hasta la casa de la esposa de mi hermano, un miércoles a las 5 de la mañana. Llegaron y lo sacaron, le dijeron que solamente era para hacerle unas pregunticas. Él estaba acostado con su esposa y sus dos hijos cuando lo sacaron esos miserables y se lo llevaron. [llanto] Al mediodía cuando mi hermano no aparecía, ella se fue a reclamarles y le dijeron que no, que él no estaba muerto; ella lo buscó todo ese día y toda esa noche y mi hermano nunca regresó, cuando al otro día le dijeron a un señor que trabajaba en una escalera[11] que era de mi familia que si él conocía Jesús Antonio, que lo habían bajado vestido de camuflado en una bestia y que habían dicho que era guerrillero, que lo habían matado en combate [llanto]. Lo enterraron como N.N, le botaron la cédula, entonces ese muchacho llamó a una hermana mía y fueron al cementerio y claro allá estaba. Lo reconocimos por unos tatuajes, por la uñita y ya, porque la cara se la desfiguraron completamente, el disparo que le pegaron fue en la cabeza como buscando que no lo reconociéramos»[12].
Un soldado profesional que hizo parte del Batallón de Alta Montaña de Génova, le contó a la Comisión que las ejecuciones extrajudiciales se llevaban a cabo para ganar méritos, mejorar la cifra de golpes positivos para el Batallón y lograr más días de descanso, y que las órdenes venían en una cadena de mando de arriba hacia abajo.
«Llegó mi sargento: “Muchachos, como nos vamos de permiso tengo una… –¿cómo le digo yo a usted?– …tengo una propuesta por orden de mi mayor, que si se quieren ganar cinco días más de permiso”. Entonces, pues, más de uno motivado: “Ah sí, coméntenos”. “El caso, vea: toca legalizar a una persona”. Entonces, ahí ya la cosa se puso grave, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a padecer. “Bueno y, ¿cómo se va hacer eso?”, “bueno, eso se va hacer de la siguiente manera, muchacho. Toca comprar un arma, y toca mirar a ver qué más se le puede poner al señor ahí”. Él dijo: “Para comprar el arma toca sacar el dinero de los víveres frescos”, como a nosotros nos llegan unos víveres secos, que es arroz, atún, chocolate, leche, y los víveres frescos es una platica que nos llega pa’ comprar tomate, cebolla, y eso, entonces él dijo: “Toca sacar ese dinero de ahí”. […] Mi sargento dijo que que quien lo ejecutara iba a tener su traslado. […] “Ah el soldado lo va a matar, listo. Pues, cuádrese usted acá soldado». Yo me quedé arriba, porque la zona era así, acá era una carretera, destapada, y arriba había monte y yo estaba ahí. Cuando a él lo bajaron, yo lo único que sé es que él gritó, él dijo: “Yo no le he hecho nada a nadie. No me vayan a hacer daño”, cuando ya fueron los tiros. Entonces, ahí se escuchó cuando le dieron la orden al muchacho que accionara la escopeta y eso, entonces, él lo hizo. […] Ahí lo dieron de baja y ya llegamos al batallón. Allá nos presentaron donde mi mayor: “Muchachos, los felicito, muy buen trabajo, ojalá sigan así”, “ah, bueno señor”, entonces ahora, se me van y se alistan pa’ que salgan pa’ su casa y se me quedan acá los soldados que van atestiguar, que yo voy asesorarlos y yo me voy a encargar de las cosas de la Fiscalía»[13].
La Comisión recibió testimonios de exmilitares que participaron en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2007 y 2008 por el Batallón de Alta Montaña, en zona rural de Génova[14] y por el Batallón Ayacucho en el sector de Coca de Huevo, cerca de Mermita, Aguadas, entre otras. En estos casos las víctimas fueron campesinos, jóvenes desempleados y personas con antecedentes por delitos menores que acudieron mediante engaño al lugar de su muerte y luego fueron reportadas como guerrilleros dados de baja en combate. Entre 1982 y 2007 la base de datos de la JEP reporta otras 309 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 33 de ellas entre 1982 y 2001. Además del mencionado caso del estudiante Luis Fernando Lalinde, muerto en zona rural de Riosucio por el Batallón Ayacucho el 3 de octubre de 1984 y hecho pasar como guerrillero, la Justicia Especial para la Paz JEP acreditó en 2001 a los familiares del exdiputado de Risaralda Manuel Antonio Castillo Perilla[15] como víctimas de falsos positivos. El homicidio del líder político y directivo seccional de la Central Nacional Provivienda, ocurrió el 22 de febrero de 2003 en la vereda La Florida, de Riosucio. La Compañía Bisonte, del Batallón Ayacucho, informó que había dado de baja a un guerrillero, aunque posteriormente se demostró que se trató de una ejecución extrajudicial.
[1] Entrevista 667-CO-00878 Víctimas, Pueblo Rico, Risaralda.
[2] Entrevista 667-VI-00008 Hombre y mujer, víctimas de San Antonio de Chamí, Risaralda.
[3] Entrevista 033-VI-00027. Mujer, víctima de Mistrató, Risaralda.
[4] Entrevista 667-VI-00008 Hombre y mujer, víctimas de San Antonio de Chamí, Risaralda.
[5] Alzate, Camilo (15 de diciembre de 2018). “La sábana blanca de Jesús Castillo”, en El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-sabana-blanca-de-jesus-castillo-article/
[6] Entrevista 664-PR-03454. Hombre, exalcalde. El cabo José Norberto Pérez Ruiz estuvo secuestrado desde la toma de Santa Cecilia y fue fusilado por las FARC en Granada, Antioquia, en abril de 2002, junto con el policía Víctor Manuel Marulanda Rueda, secuestrado en la toma a Nariño, Antioquia, el 30 de agosto de 1999. Andrés Felipe Pérez, el hijo del cabo José Norberto, falleció de cáncer en diciembre de 2001.
[7] Banco de Datos de Derechos Humanos Noche y Niebla, CINEP. 2010. Quindío, Informe Especial Ejecuciones Extrajudiciales Falsos Positivos Quindío-Risaralda. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU, “Base de datos de Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: 1990-2015.Catálogo de microdatos Comisión de la Verdad.
[8] 53 de los 55 casos en los que se ubican las unidades militares responsables se encuentran localizadas en el periodo 2002-2010.
[9] La principal unidad militar en el Eje cafetero es la Octava Brigada, con sede en Armenia, adscrita a la Quinta División del Ejército. Su jurisdicción abarca Caldas, Quindío, Risaralda y los municipios de Ulloa y Alcalá del Valle del Cauca, excepto la zona urbana de La Dorada, en donde hace presencia la Fuerza Aérea. La Octava Brigada cuenta con seis unidades tácticas y un grupo Gaula: Batallón de Infantería Número 22 Batalla de Ayacucho (sede Manizales); Batallón de Ingenieros Número 8 Francisco Javier Cisneros (Pueblo Tapao- Quindío); Batallón de Artillería Número 8 Batalla de San Mateo (Pereira); Batallón de Alta Montaña Número 5 Urbano Castellanos Castillo (Génova-Quindío); Batallón de ASPC Número 8 Cacique Calarcá (Armenia- Pereira); Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento Número 8 Capitán José Vicente Ortega y Mesa (Santa Rosa de Cabal-Risaralda); Grupo Gaula Eje cafetero (Pereira). Véase: Octava Brigada: https://www.quintadivision.mil.co/unidades-tacticas-334528/ . Consultada el 16 de abril de 2022.
Un defensor de derechos humanos del Quindío llamó la atención sobre la gran cantidad de unidades militares que hay en el Eje cafetero y en particular en su departamento: “¿para qué tantos batallones en el Quindío?, esto es una finca con obispo y tiene Batallón Cisneros, tiene Cacique Calarcá, tiene Batallón de Alta Montaña y tiene soldados campesinos y es sede de la Octava Brigada. Yo pienso que eso no es un factor de paz ni de violencia, sino que no se justifica”: Entrevista 679-PR-00445. Defensor de derechos humanos. Armenia, Quindío.
[10] Banco de Datos de Derechos Humanos Noche y Niebla, CINEP. 2010. Quindío, Informe Especial Ejecuciones Extrajudiciales Falsos Positivos Quindío-Risaralda. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU, “Base de datos de Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: 1990-2015.Catálogo de microdatos Comisión de la Verdad.
[11] Escalera o chiva es un bus de transporte interveredal, muy frecuente en esta región.
[12] Entrevista 038-VI-00046. Mujer, víctima.
[13] Entrevista 226-VI-00004. Hombre, soldado profesional.
[14] Entrevista 226-VI-00004. Hombre, soldado profesional.
[15] El Diario, 22 de septiembre de 2021. Familiares de exdiputado asesinado fueron acreditados por la JEP como víctimas de falsos positivos. Recuperado por: https://www.eldiario.com.co/actualidad/familiares-de-exdiputado-asesinado-fueron-acreditados-por-la-jep-como-victimas-de-falsos-positivos/
El volumen «Colombia Adentro» sobre el Eje Cafetero, del Informe Final de la Comisión de la Verdad se puede leer en la web de la Comisión y se puede escuchar en Spotify.
