En el año final de gobierno se supone que a todo presidente le interesa que sus ideas, sus criterios, su partido o su ideología sean las que continúen gobernando; es decir, que las elecciones presidenciales próximas las gane un candidato de su mismo partido o cercano a él. Y eso, entendemos, es lo que inspira lo que hace Gustavo Petro durante estos meses, aunque la gobernabilidad del país no sería fácil para ningún gobernante en situación que transitamos, dadas las dificultades financieras reales y las acciones de los grupos delincuenciales, las guerrillas o sus herederos.
Adicional a ello, los proyectos de ley del presupuesto para el 2026 y de financiamiento o tributario, presentados esta semana, agravan la imagen del gobierno y lo dejan en una posición de fácil crítica ante la ciudadanía no comprometida con la derecha y susceptible de apoyar un enfoque similar al del actual mandato, haciendo más difíciles las cosas para una candidatura cercana a Petro o incluso simplemente progresista (léase, si se quiere, de izquierda). Al gobierno le faltó criterio realista o pragmático en esta etapa para dar al menos muestras de cautela, ante las diarias críticas que sectores de derechas y empresariales han hecho a la falta de un gesto —grande o muchos pequeños— de recorte o de sacrificio de alguno de los proyectos o propuestas del gobierno: aplazar, reducir o renunciar a alguno de los varios planes de transformación que están costando dinero y potenciales votos, como el ministerio de la igualdad. O promover la exploración de gas o de petróleo dentro de algunos límites o criterios, o la reducción de algunas nóminas no urgentes, así se consideren importantes. Es decir, señales que le quiten a la oposición el argumento de que el gobierno es “derrochón” y que “no le importa que los ciudadanos tengan que pagar más impuestos”.
La situación fiscal es difícil y por ello el proyecto de presupuesto presenta recortes en algunos frentes que han sido populares, como defensa, deporte, ciencia y cultura, mientras se queda corto en cuanto a fuentes de ingresos. Razón por la cual el gobierno necesitó presentar ese otro proyecto de financiamiento que crearía nuevos recaudos a través del aumento en tarifas de IVA, o de la creación de nuevos impuestos a una serie de consumos o servicios, muy propios de la vida diaria de una sociedad en la que el consumo —caprichoso o necesario— es la máquina que mueve o crea la riqueza y los impuestos. Para que sea significativo ese nuevo ingreso tendría que afectar a una gran parte de la población, de manera directa o indirecta, con lo cual se le deja a las oposiciones el plato servido para que puedan exagerar las consecuencias de esa medida, dentro de esta crucial etapa preelectoral para congreso y presidencia de la república que vivimos.
Las medidas propuestas provocan a las iglesias, mayoritariamente conservadoras, al mencionar que se les cargue con impuestos así no sea por las limosnas o diezmos que los fieles aportan, sino por las actividades comerciales que desarrollen. Es cierto que algunas de las iglesias tienen otras “líneas de negocio” que podrían ser objeto de tributo, pero en este momento se las empuja a apoyar posiciones contrarias al actual gobierno.
Asunto similar ocurre con las intenciones de subir el IVA a la gasolina, así como a los cigarrillos, aguardientes y rones, y a las apuestas: se trata sin duda de compras muy frecuentes y fáciles de atacar por su nivel de contaminación o riesgo para la salud, pero que también son fáciles de presentar como directamente vinculadas con el costo de vida de la mayoría de los votantes. Igual sucede con las compras por Internet del exterior menores a 200 dólares (tipo Amazon, Temu o Shein). Este tipo de propuestas son siempre indeseables, pero más susceptibles de promover y aprobar en épocas iniciales de un gobierno, o cuando las mayorías congresionales son muy claras.
Es muy probable que no se apruebe el presupuesto presentado; esto lo sabremos dentro de tres semanas. Suerte similar puede ocurrir con el proyecto de financiamiento, que va de la mano de ese presupuesto. En consecuencia, el gobierno y los partidos y movimientos vinculados con él podrían argumentar en su campaña que la situación se empeorará porque los partidos de oposición bloquearon esos proyectos que eran necesarios, y tratar de sacar de allí la invitación a una votación de respaldo de parte de la ciudadanía. Pero ya el daño estará hecho, en términos de desanimar a buena parte de la población de votar por candidatos “petristas” o cercanos a los planteamientos del actual gobierno.
Sin gestos demostrables de alguna austeridad o restricción del gasto, sin mayorías en el Congreso (se vió hace tres días en la votación para magistrado de la Corte Constitucional) y con las campañas ya caminando, las propuestas de reforma tributaria le restarán parte del electorado a los candidatos de las izquierdas. A propósito de esta situación, Roy Barreras explicó en la emisora UMFM que él era “camaléonico” porque le tocaba adaptarse para poder sobrevivir y ayudarle a la gente; igualmente insinuó que a la mayoría de la población colombiana no le importa de qué partido sea un gobernante, si le trae soluciones. Esa última parte se la creo: la gran mayoría de votantes no es fiel a los partidos, sino que vota por “el menos malo”, el que se pone “de moda”, el que le ofrezca soluciones o “se sintonice” con el tipo de críticas que esa ciudadanía tiene frente a un gobierno o a un gobernante, en las siempre cambiantes circunstancias de las actuales democracias. Y me temo que esa es la equivocación del actual presidente: preferir el fundamentalismo ideológico, el todo o nada, en aras de una cierta coherencia en el discurso por encima de la coyuntura sociopolítica, espantará votos o no permitirá atraer a los indecisos.
