Los disparos contra el senador Miguel Uribe Turbay no son el final de los tiempos, ni el principio de todas las cosas. Son efecto de una violencia política que ya venía y se ha dejado crecer en Colombia. Y quizás, lo más grave, podrían ser la causa que alimente nuevas formas de agresión contra quienes ejercen liderazgo público. Como sea, visto hacia atrás o hacia adelante, el atentado es parte de esa salida que usamos para evadir lo más difícil de vivir en democracia: acordar con quien piensa distinto. La violencia viene siempre con esa promesa de sacarnos del medio al contradictor y en ocasiones, no pocas, nos tienta.
La verdad es que nos vienen matando uribesturbay en cada pedazo del país. Si esta vez decimos que la violencia escaló, es porque si se mide a escala local, cada líder social asesinado o herido representa un golpe tan igual o más grande como el que tiene hoy de barrer y recoger nuestra política nacional. En ese sentido, este caso es efecto de lo que ya venía pasando. Según Indepaz, desde 2016 han sido asesinados 1778 líderes sociales. Es como si a las regiones le hubieran eliminado seis veces el Congreso completo, o 93 veces el concejo de una ciudad como Manizales. De ellos, 142 eran líderes políticos y su pico de violencia fue en el año 2023, hace poco.
El informe 2024 de la Misión de Observación Electoral (MOE) registró 492 hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque fue la cifra más baja desde que se lleva el conteo, la proporción de hechos letales fue una de las más altas. Hubo 206 ataques con armas: 139 asesinatos y 67 atentados. Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mayoría. Las víctimas habían participado en elecciones locales. Hace tiempo que se castiga a quienes compiten o gobiernan desde lo público.
La violencia ha sido más brutal en zonas rurales y coincide con la presencia de grupos armados ilegales. En 2024, más del 80% de los ataques ocurrieron en municipios donde operan el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las FARC y redes de crimen organizado. Junto a ellos, crecen poderes políticos clientelistas que se enfrentan sin reglas.
El informe más reciente de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) registró, entre marzo y junio de este año, 43 hechos de violencia político-electoral con 57 víctimas. Uno cada dos días. En su mayoría fueron amenazas y atentados. También hubo cuatro asesinatos, entre ellos el de tres exconcejales en Putumayo, Santander y Cauca. Los más afectados fueron los concejales en ejercicio. También hubo víctimas entre alcaldes, personeros y excandidatos. Más de 50 personas agredidas tenían filiación política clara. El atentado contra Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, encaja en esa misma serie: personas de distintas orillas atacadas por su participación política.
Pares plantea una tesis provocadora. Si se trata de un escalamiento, este atentado se parece más a la violencia política de los años 30 y 40, previa al Bogotazo. Una violencia que buscaba reducir las bases políticas del adversario, usando las armas para resolver la competencia electoral. Menos parecida —dice Pares— a los magnicidios de los 80 y 90, más ligados a la disputa entre el Estado y los grupos armados por la legitimidad de su existencia. Una comparación que vale la pena debatir.
Al final, siempre resuena la idea del profesor Francisco Gutiérrez Sanín, sobre todo defendida en su texto El orangután con sacoleva. La violencia política en Colombia tiende a crecer en los momentos de más apertura democrática, cuando emergen nuevos movimientos y entran a la política desarmada los actores del conflicto. Mientras más sean los que piensan distinto, más atractiva se nos hace la violencia. Nuestra maldición. Nuestra tragedia.
